La Oficina Anticorrupción aguarda un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para determinar si se necesitará solicitar en las próximas semanas la imputación de José Luis Ábalos, el antiguo ministro de Transportes, en relacción con el llamado ‘caso Koldo’.
Aunque Ábalos ha sido nombrado en algunos documentos del sumario, el juez opina que los indicios hasta ahora no son suficientes y no lo ha citado para comparecer desde que el caso apareció en febrero. Fuentes dentro del Ministerio Público sugieren a El Independiente que se está revisando información que podría llevar el caso hasta el Tribunal Supremo y desembocar en la solicitud de imputación del exsecretario de la organización del PSOE.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien está al tanto de la investigación, ya tiene una solicitud de imputación de Ábalos del partido político Iustitia Europa, la acusación popular. Han pedido que se examinen sus acciones en base a la auditoría interna que Óscar Puente, el actual director del departamento, llevó a cabo, la cual sugiere que Ábalos duplicó la cantidad de mascarillas compradas durante la pandemia por medio de una orden ministerial. El departamento de Transportes anticipaba comprar cuatro millones de máscaras de Soluciones de Gestión S.L. (la empresa en el centro de la corruptela), pero terminaron comprando ocho millones en apenas 38 minutos.
“No puede uno evitar notar que este cambio en la petición de emergencia no cumple con los criterios requeridos en un proceso de esta naturaleza», aclara el informe del Ministerio que destaca el desorden en la recepción de los suministros médicos. Esta causa se enfoca en un posible escándalo de corrupción que subió los precios de las mascarillas con el fin de enriquecer de manera ilegal a intermediarios, entre ellos empresarios tales como Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto.
La entidad Anticorrupción tiene la capacidad de responder a la solicitud de imputación o de elaborar un análisis de todos los hallazgos de la UCO, estos análisis podrían aportar nuevas pruebas en contra del exministro. Hay un informe en desarrollo por parte del Instituto Armado, centrado, según informantes cercanos al caso, en Ábalos y su antiguo asesor ministerial, Koldo García.
Si la Fiscalía decide actuar contra el exdirigente socialista, la causa se intensificaría considerablemente. Según las fuentes fiscales, la idea de solicitar su imputación ha sido considerada durante un tiempo y ha ganado fuerza con la información más reciente. El juez Ismael Moreno tendría que presentar una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, ya que Ábalos sigue siendo parte del Congreso de los Diputados y, por lo tanto, goza de aforamiento.
Desde el inicio del año, cuando estalló la ‘operación Delorme’, la Guardia Civil ha estado analizando toda la información incautada. Han examinado 170 teléfonos y ordenadores e incluso han solicitado asistencia técnica de Europol para acelerar estas tareas.
El testimonio de Óscar Puente
El juez Ismael Moreno ha solicitado a la sección de Transportes el informe de auditoría que señala una mala administración de Ábalos. Según informantes cercanos al caso, este informe ya ha sido entregado al tribunal. La Asociación Liberum, uno de los acusadores populares, ha pedido el testimonio del ministro Óscar Puente, así como de la funcionaria que realizó el informe.
Anticorrupción, por su parte, no considera conveniente citar al ministro como testigo, al menos en este punto. Ellos argumentan que los eventos investigados ocurrieron cuando él era alcalde de Valladolid, y su única responsabilidad ha sido encargar la auditoría del departamento. No obstante, ven favorable la posibilidad de escuchar los testimonios de los funcionarios que realizaron la auditoría.
Siempre sosteniendo su inocencia, el antiguo ministro cuestionó en una entrevista a finales de agosto por qué no se realizaban también auditorías internas en ministerios como el de Sanidad o el de Interior. Mencionando el informe de auditoría, «señala que falta una justificación [para la adquisición]. Pero fijémonos: al inicio de la pandemia no teníamos ninguna previsión. Incluso se sugiere que el Estado de Alarma duró sólo 15 días en el documento. Nadie tenía idea de la magnitud de la pandemia, ¿qué se supone que debía comprar para sólo 15 días?». Aclara que todos estos contratos cuestionables se deben a la situación atípica provocada por la pandemia y asegura que nunca se benefició ilegalmente de un solo euro del erario público.
