Las zonas de refugio del aeropuerto de Barajas en Madrid vuelven a estar bajo una considerable presión. Un disturbio reciente en uno de los recintos este último domingo ha provocado que la Confederación Española de Policía (CEP) demande más personal debido al incremento de personas en situación irregular.
El altercado ocurrió cerca de las 7 de la tarde en el salón 3 de la Terminal 1, donde se hospedaban alrededor de 80 ciudadanos procedentes de Mauritania y el Magreb. Un pequeño grupo intentó huir al enterarse de que sus solicitudes de asilo habían sido rechazadas.
Pronto, los funcionarios de la Policía Nacional pidieron refuerzos. La Jefatura Superior decidió enviar a agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), algo así como un grupo antidisturbios en menor medida. Con la ayuda de interpretes, los agentes lograron restaurar la calma y «resolver la situación», según indican las fuentes de la policía. Separaron a los que habían intentado escapar para evitar altercados y heridas tanto entre los solicitantes de asilo como entre los propios policías. La CEP manifestó que lo sucedido subraya la «urgencia imperativa» de incrementar la presencia policial en Barajas «para poder manejar incidentes como el que sucedió» este domingo. «La necesidad de traer refuerzos policiales desde Madrid hasta esa infraestructura aumenta el riesgo para los colegas asignados en el punto fronterizo, quienes deben confrontar estos incidentes de orden público con recursos insuficientes, sin los equipos de protección necesarios y sin la formación especializada». Barajas ha enfrentado el colapso de las zonas de asilo durante meses. Finalmente, el año pasado la situación alcanzó niveles críticos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitó al Ministerio del Interior que implementara medidas ante el hacinamiento y las condiciones insalubres a las que se enfrentaban cientos de personas.
La información evidenció por sí misma que durante noviembre de 2023, el último mes con datos verificables, 589 individuos de 631 solicitaron asilo en España, huyendo de sus países de origen. Según las autoridades policiales, este patrón lleva meses repitiéndose. Estos datos se detallan en el resumen estadístico del penúltimo mes del año de las fronteras. La Policía Nacional, que tiene competencia exclusiva sobre control de entradas y salidas, con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a la cabeza, es la principal responsable. El documento CEFRONT al que tuvo acceso El Independiente, ilustra que los solicitantes de asilo tienden a preferir llegar a Barajas en lugar de otros lugares. Mientras que 589 personas arribaron a la capital en estas circunstancias, el aeropuerto de Barcelona recibió a 36 y Málaga a tres.
La inmigración se ha convertido en un tema candente en la política, con el PP acusando al gobierno de negligencia y falta de una estrategia clara, y la coalición gubernamental acusando al PP de adoptar posturas de la extrema derecha como deportaciones en masa. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, visitó Mauritania, Gambia y Senegal la semana anterior para tratar el problema de las llegadas irregulares a las Islas Canarias. Hace seis días, afirmó que es necesario el retorno de los inmigrantes ilegales a sus países de origen. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio sitúa a la inmigración como la cuarta preocupación principal de los españoles. Este lunes, el Ministerio del Interior publicó un balance de las llegadas en los primeros ocho meses del año.
En julio y agosto, las Islas Canarias han recibido la cifra histórica de 6.267 migrantes, con casi la mitad llegando en los últimos 15 días de agosto. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha respondido a esta crisis anunciando un proceso legal contra el gobierno de Sánchez, acusándolo de abandonar las islas en asuntos de migración. Clavijo afirma que la crisis migratoria se está convirtiendo en un estado normal, a pesar de que Canarias ha gastado más de 150 millones de euros en una política migratoria que no es su responsabilidad. El presidente recalca que pese a la inversión, el dinero no es la solución. En tanto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las llegadas de personas en situación irregular ha aumentado a 1.917 personas desde el inicio del año en Ceuta, un número que triplica las llegadas del año anterior. Sin embargo, las entradas terrestres a Melilla han disminuido, con sólo 58 personas en lo que va de año, comparadas con las 105 del año anterior.
