El Partido Popular se encuentra agilizando los preparativos para su conclave, el cual se llevará a cabo el viernes 6 de septiembre en La Nube de Pastrana, ubicada en el distrito de Chamartín, en la parte norte de Madrid. Este encuentro, al que asistirá el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, así como otros altos funcionarios del partido, se centrará en discutir algunos de los dilemas cruciales de la política española actual.
En el debate participarán desde Isabel Díaz Ayuso hasta Juanma Moreno, para conversar con el líder de Galicia sobre uno de los problemas más destacados, acordado como esencial en la sede nacional de Génova: el financiamiento autonómico junto al rechazo al cupo catalán.
La finalidad de este encuentro es consensuar una postura unificada al respecto y confrontar el pacto fiscal propuesto para Cataluña, en respuesta a la investidura de Salvador Illa y el apoyo de ERC. Las fuentes del partido sostienen que todos los asistentes tienen posiciones similares hacia estos temas.
Este encuentro surge como el primer evento importante del Partido Popular para este nuevo ciclo. Feijóo recientemente se manifestó enérgicamente en contra de la absolución de las deudas regionales al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como parte del acuerdo con los republicanos catalanes para la investidura de Pedro Sánchez. Según él, esto equivaldría a unos 15.000 millones. Feijóo rechaza la bilateralidad en asuntos que son intrínsecamente multilaterales, postura que comparte Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, quien está en negociaciones con los territorios para presentar una propuesta conjunta al Gobierno, frente a su «inacción», para gestionar la financiación territorial de una manera «multinivel».
Aunque se evita descartar la posibilidad, fuentes dentro del partido indican que podría suceder que los intereses regionales superen a los del partido en puntos de acuerdo, especialmente si los líderes regionales del PP, quienes gobiernan en autonomías, opten por discutir el perdón de deudas con el Gobierno. Esta posibilidad se ve impulsada por una postura inmovilista por parte de la Moncloa, que favorece la bilateralidad en lugar de las negociaciones más fluidas debido a la dificultad de llegar a consensos.
La ministra de Hacienda y primera vicepresidenta, María Jesús Montero, resaltó esta cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a fines de agosto, indicando que las reuniones multilaterales no lograron establecer un voto colectivo a favor de la misma. A pesar del rechazo del PP en el Senado, la medida se aprobó como una enmienda en la Ley de Paridad.
Habrá escepticismo dentro del PP, aunque no se enfoca en eso para fortalecer la idea de una unidad de partido cuando se mencionan las posturas favorables de comunidades gobernadas por el PP como la Comunidad Valencia, liderada por Carlos Mazón. Las intenciones de Mazón y otros líderes regionales han sido constantes en los años pasados y recientes, tanto en público como en privado.
En el caso de Valencia, siendo la región que recibe menos financiamiento, ve un aumento en su deuda anual y se encuentra rezagada en términos de políticas sociales por habitante. Por ello, una propuesta de perdón de deuda, impulsada por la dependencia del Gobierno en partidos como Compromís dentro de Sumar, parece viable. La deuda valenciana asciende a 1.500 millones en este caso, y frente a la incapacidad de iniciar una negociación con el Gobierno, nadie descarta esa posibilidad de un acuerdo independiente.
Pese a sus diferencias con la condonación a Cataluña, Moreno Bonilla reclamó un «fondo de compensación» a finales del pasado año para contrarrestar esa concesión al separatismo. Esta propuesta podría ser atractiva para Montero, una política andaluza. El Partido Popular, por su parte, se mantiene al margen de este debate, enfatizando que todos comparten el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica, incluso Mazón. Este es un punto que el president ha destacado en numerosas ocasiones. Moreno Bonilla también aborda los problemas financieros de la región debido al antiguo sistema. Según afirman, en estos momentos se están centrando en diseñar una respuesta consensuada sin prestar atención a situaciones hipotéticas que aún no han ocurrido. Esta fue la postura que Bravo defendió desde Génova el pasado lunes. Afirma de manera categórica que «la negociación bilateral de condonación con ERC no es apropiada» porque «no resuelve» los problemas de las «cuentas públicas». Por ello, apoya la defensa de un nuevo sistema de financiación. Asegura que «es el objetivo» y que «la condonación podría incluirse en esa reforma» cuando se implemente. Porque «ningún presidente se conforma» solo con eso. Alfonso Rueda, el presidente gallego, pidió que se aborde de manera conjunta el financiamiento autonómico, particularmente tras las pérdidas de 444 millones de euros que sufrió su región a causa de las exenciones fiscales específicas. Rueda aboga por un enfoque colectivo a este asunto, involucrando a todos los presidentes autonómicos y al presidente del gobierno antes de discutir una posible condonación de la deuda. Rueda, alineado con Feijóo, dice que no se prestará “a ese intento” de “hablar unilateralmente de esos temas económicos” sin consenso.
Se busca consolidar la aceptación de lo admitible como norma, así se refiere al concierto catalán. Un encuentro «distinto» de líderes regionales se llevará a cabo este viernes, según fuentes del PP nacional. La justificación es simple: «tenemos catorce de diecisiete regiones y dos ciudades autónomas». Los propósitos del PP son evidentes para este encuentro. El primer objetivo es mantener la unidad frente a cualquier intención divisoria del Ejecutivo. Se pretende insistir en la declaración de los jefes de gobierno de la semana anterior. Incluso en Génova, han instado a que el rechazo político compartido por varias federaciones del PSOE tenga una presencia firme en el Congreso. La segunda aspiración es establecer, por escrito, una base común para presentar a la sociedad. Aunque se descarta la posibilidad de propuestas cuantitativas, se anticipan ciertos principios generales por escrito. Bravo ha destacado algunas de estas pricipios en entrevistas y declaraciones públicas. Algunos de ellos son la multilateralidad, la creación de un fondo de transición hasta la implementación de un sistema nuevo que reemplace el que está en vigencia desde 2009 y que desde 2014 ya caducó. Además, se aspira a reducir los plazos de liquidación de dos años a uno, considerar la dispersión geográfica de la población, el envejecimiento de esta y los costos de los servicios sociales. Por último, también se propone una gestión conjunta de los fondos europeos. Sin embargo, dichas metas pueden dar lugar a intereses opuestos al tratar la cuestión de la financiación conjuntamente. Como reportó El Independiente, existen al menos tres facciones dentro del PP con intereses financieros diferenciados. Aquellas que se sienten infrafinanciadas, como Valencia, Murcia y Andalucía, son un claro ejemplo.
Aquellos que comparten la creencia y afrontan el desafío de la despoblación, tales como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Aragón, se unen a las regiones más prósperas, como Madrid y las Islas Baleares. Las primeras instan a establecer coeficientes que determinen el coste del servicio por ciudadano, mientras que las segundas mencionan el envejecimiento de la población local y la «dispersión» a la que Bravo hace referencia. Por otro lado, las terceras argumentan que el principio de ordinalidad fiscal debe ser considerado en función de lo que se recibe. Sin embargo, dada la necesidad de igualdad y equidad fiscal, es difícil llegar a un acuerdo común. Desde el Partido Popular se insiste, «será necesario hacer concesiones y conformarse con el 80% y no el 100% de las demandas». La postura general del PP es la de proporcionar una base para facilitar el diálogo con el Gobierno. Se critica la falta de intención e iniciativa de Moncloa para abordar el debate, especialmente teniendo en cuenta que ha ejercido control sobre la mayoría de las comunidades autónomas a la par que el Gobierno central antes de la pasada etapa electoral, entre 2019 y 2023. Buscan hacer un avance público para posicionarse como un partido útil y alternativa al Gobierno. Bravo, quien ha estado trabajando con los consejeros autonómicos de Hacienda del PP, ofreció su discurso este lunes alrededor de esta temática. Lo planteó como «una respuesta sólida a la España de privilegios y agravios que el PSOE quiere consolidar», basada en «concesiones a los independentistas» y «dependencia del Gobierno».
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