Con solo una semana restante para el vencimiento del plazo de presentación, que era de tres meses después de su aprobación, el Partido Popular (PP) ha declarado que ha registrado su apelación contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.
Cuca Gamarra, la secretaria general del partido, anunció esta información a través de un videocomunicado desde la sede nacional de Génova. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había anticipado que la apelación estaba casi lista el pasado lunes.
El plazo finaliza el próximo 11 de septiembre. Además, afirmó que solicitarían la recusación de tres miembros del tribunal: el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la ex directora general de Moncloa, Laura Díez, y el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, debido a sus vínculos con el Gobierno y el PSOE. Este aspecto también fue comunicado por Gamarra. En el caso de Conde-Pumpido, el PP argumenta que «él mismo decidió abstenerse previamente». «Esto se refleja en la sentencia del TC, 48 de 2021, donde se abstiene de conocer asuntos relacionados con el procés para garantizar la independencia» del tribunal. Respecto a los otros dos jueces, Gamarra sostiene que «no pueden garantizar» esa «imparcialidad», ya que presentan y han demostrado una «clara subordinación» al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PP presenta este registro después de aprovechar al máximo las semanas. Aunque su presidente ya lo tenía previsto, fuentes de Génova lo confirmaron a fines de julio con la intención de «examinar detenidamente» la ley para redactar un buen texto.
El movimiento invoca un «compromiso hacia los ciudadanos españoles» y está listo para «luchar» en todas las áreas, utilizando instrumentos políticos, sociales y manifestaciones. El anuncio llega durante la primera sesión del año judicial, con Feijóo presente, y antes de la reunión de los líderes regionales del viernes en Madrid para hablar sobre cuestiones de financiamiento. Aunque es probable que no haya una propuesta sólida para presentar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Gamarra detalló que el impulso del recurso se basa en que una amnistía «no está cubierta por nuestra Constitución», una refutación que el gobierno ha confrontado al señalar que el texto tampoco lo prevé. En respuesta a esto, el Partido Popular sostiene que «nuestros padres constitucionalistas lo descartaron» tras el debate de redacción. «Además, la amnistía va en contra de principios fundamentales del Estado de derecho establecidos en la Constitución», como «la división de poderes, el principio jurisdiccional y el de protección judicial efectiva», argumentó la política de La Rioja. También precisó que la ley que ignora los delitos del ‘procés’, excepto la malversación de fondos públicos por la vista del Tribunal Supremo, excluyendo a Carles Puigdemont y Toni Comín, viola varios artículos de la Constitución. «Viola la prohibición expresa de los artículos 25 y 27 que impiden leyes penales especiales. Y los indultos generales del artículo 62, i. Por eso se impulsa el recurso», explicó. Continuó en un vídeo de casi diez minutos afirmando que la norma «es contraria al artículo 9.3», ya que promueve «poder a cambio de impunidad».
«Estamos frente a una auto-exoneración», dijo, añadiendo que contraviene la igualdad de todos los ciudadanos españoles ante la justicia, que prohíbe cualquier desigualdad, haciendo referencia al artículo 14. Según los conservadores, el objetivo del recurso es anular una ley que permite a «sus promotores beneficiarse de ella». «Las mismas votaciones que han dado lugar a esta ley permiten a los lideres de esos partidos beneficiarse de ella». Además, añadió Gamarra, «no se debe poner a una elite política por encima de la impunidad a cambio de respaldo legislativo». Como mencionó la secretaria general, «el recurso se ha presentado por los diputados y senadores» del Partido Popular. Cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo: A la espera de conocer cómo se tratará este recurso, la próxima semana el Tribunal Constitucional deberá debatir si acepta o no el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Tribunal Supremo en julio. El Tribunal Supremo sostiene que la amnistía provoca una infracción de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como la prohibición de arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. Los argumentos son casi idénticos a los presentados ahora por el Partido Popular.
