Este jueves, las palabras de Isabel Perelló, la recién nombrada presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, serán el centro de atención en la inauguración del año judicial que tiene lugar en el tribunal más alto.
A diferencia del año pasado, donde la amnistía era el tema clave, este año hay varios asuntos relevantes en el campo de la justicia que necesitan atención y no solo uno. Una de las preocupaciones más significativas es la posible acusación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien también hablará.
Cada año, el Rey Felipe VI viste su toga y se presenta en el gran salón de sesiones del Supremo para declarar la apertura del año judicial con apenas unas palabras: «Queda inaugurado el año judicial». Antes de su declaración, hay dos discursos importantes. García Ortiz es un orador experimentado de los años anteriores, mientras que para Perelló, será una experiencia nueva y singular: siendo la primera mujer en asumir tal responsabilidad y en tener un mandato efectivo, no simplemente interino como ha sido el caso en los últimos cinco años.
Desde su nombramiento por el CGPJ el martes pasado, Perelló ha tenido poco tiempo para preparar lo que quiere compartir con la audiencia y los numerosos medios de comunicación que esperan escuchar su voz, hasta ahora poco conocida como la tercera autoriadad del Estado. Se ha ganado el elogio de tanto progresistas como conservadores de varios tribunales que han apoyado firmemente su candidatura y confían en que su «personalidad», «empatía» y «discreción» la lleven a lograr acuerdos en un momento donde tales cosas escasean.
Por tanto, lo que exprese este jueves se interpretará, aparte de su introducción formal, como una manifesto de sus planes para su posible administración en los siguientes cinco años. Tiene ante sí un camino lleno de desafíos fundamentales, como la elección del vicepresidente del Tribunal Supremo y la decisión sobre un centenar de posiciones en las cumbres judiciales. No obstante, su misión también incluye restaurar la confianza en una institución que ha sufrido mucho desgaste durante años, y unificar las diversas perspectivas del Consejo para establecer acuerdos.
Se escrutan cuidadosamente las referencias que haga, como defensa del Estado de Derecho, acerca de la división de poderes o a las críticas a los jueces por lawfare. Se examinará igualmente lo que comente Álvaro García Ortiz, quien se encuentra en un lugar incómodo debido a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado al Tribunal Supremo que le impute. Este conjunto de jueces, los presidentes de estos tribunales y el fiscal general, deberán encontrarse en un evento más pequeño más tarde, donde ya es costumbre tener conversaciones con los periodistas.
También acudirán al evento la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
