A pesar de que parecía que las conversaciones entre el Gobierno y el PP sobre la migración estaban en punto muerto, tras rechazar en el último pleno del Congreso antes de las vacaciones estivales una propuesta de ley que permitía la distribución obligatoria de menores y aliviar la presión de los centros de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla, el diálogo ha continuado.
Según informó el PP y confirmó el Ministerio de Política Territorial, los contactos se han mantenido y las reuniones incluso durante agosto han sido constantes. Sin embargo, la búsqueda de un acuerdo sigue siendo difícil y el Gobierno enfatiza que el PP debe estar dispuesto a modificar la Ley de Extranjería que se desestimó en julio, dado que no se puede revertir el progreso logrado ni empezar desde cero.
El Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, quien también apoyó la propuesta original, ha intensificado sus criticas a Pedro Sánchez debido a la creciente presión migratoria en las islas.
La situación se complica aún más con el crecimiento de la llegada de migrantes a las Islas Canarias. Según los datos, en los primeros ocho meses del año llegaron 25.524 migrantes en pateras o cayucos, siendo la mitad de ellos en El Hierro. Además, uno de cada siete recién llegados es menor de edad. De hecho, el verano de 2024 ha registrado el mayor número de llegadas de migrantes desde que se llevan registros, con 6.267 personas rescatadas en julio y agosto, y la mitad de ellas, 3.220, en solo dos semanas (del 16 al 31 de agosto).
En este contexto, Tellado reveló que el 12 de agosto hubo una reunión en Madrid donde participaron el Ministro Torres, el presidente Clavijo y él.
El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, informó este martes durante una conferencia de prensa en el Congreso que el día 12 de agosto sostuvo una reunión en Madrid con el presidente Clavijo y el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La finalidad de la reunión era debatir sobre una nueva estrategia para recibir a los menores migrantes. Fuentes del gobierno canario confirmaron y corroboraron el encuentro tripartito a EFE.
Tellado relató que Canarias propuso que las comunidades autónomas se hicieran cargo de los jóvenes migrantes hasta que sus recursos se agotaran al completo. Posteriormente, los recursos del Estado cubrirían hasta el 150%. Si se superara ese límite, el Estado se responsabilizaría de la tutela de estos menores con sus propios medios y centros. Esta iniciativa fue recibida positivamente por el PP. Sin embargo, Tellado criticó que el gobierno no ha tomado medidas desde entonces, aunque sí han habido conversaciones telefónicas con Torres.
Por su parte, el gobierno subrayó que sigue con la disposición de llegar a un acuerdo y negociar en todo momento. Fuentes del Ministerio de Política Territorial reconocieron que han tenido varias reuniones de manera constante, incluso durante todo agosto. Estas palabras de Tellado confirman que el gobierno está dialogando con el PP y mantiene su intención de negociación y acuerdo siempre, pese a que el PP votó en contra de la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería el 23 de julio en el Congreso. Esta reforma permitía la repartición obligatoria (no voluntaria) de menores migrantes en todo el territorio una vez que la capacidad de ayudar de Canarias y las ciudades autónomas se colapse. Fuentes del gobierno señalan que «seguirán extendiendo la mano».
El equipo de Torres ha declarado que han tenido «más encuentros» que la reunión del 12 de agosto mencionada por Tellado, que incluyen interacciones «telefónicas y en persona», «para continuar progresando con aspectos en discusión, aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo preliminar». Desde el Gobierno, interpretan que con sus comentarios de este martes, el portavoz de los conservadores está reconociendo que la protección de los menores y jóvenes extranjeros que arriban a España es responsabilidad «de las regiones autónomas con el respaldo del estado en circunstancias excepcionales». «Un asunto que se hubiera resuelto con la revisión de la ley que el PP se negó a considerar».
La Secretaría de Asuntos Territoriales sigue apoyándose en los estándares, porcentajes y cuotas acordados por regiones en la Asamblea Sectorial, mientras que el PP «propone diferentes soluciones» y existen aún más diferencias.
El gobierno también admite que durante la reunión del 12 de agosto se propusieron, entre otros puntos, «porcentajes ordinarios y extraordinarios respecto a la llegada de menores a territorio español», «y la relevancia de esta cuestión radica en establecer cuál es la capacidad máxima de cada región, cuáles serían sus recursos disponibles y en base a qué criterios». ¿Dónde radica entonces el desacuerdo? La Secretaría de Asuntos Territoriales argumenta que el gobierno respalda los criterios, porcentajes y cuotas ya establecidos en la Asamblea Sectorial de la Infancia (el cuerpo que reúne al ejecutivo y a los consejeros regionales del sector) «con un acuerdo en vigor y unánime», pero «el PP propone diferentes soluciones». Existen más diferencias, pero el equipo de Sánchez insiste en que continuará «esforzándose para llevar a cabo la reforma de la ley».
Una de las primeras consideraciones a tener en cuenta es que el Gobierno se muestra abierto a explorar nuevas alternativas, aunque, como se indica desde el ministerio a este diario, el punto de partida debe ser la renovación de la Ley de Extranjería impulsada inicialmente por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que fue rechazada por el Congreso el 23 de julio pasado. «Dadas las necesidades urgentes de Canarias, queremos recordar desde el Gobierno que ya existe un texto acordado por nueve grupos parlamentarios. Un acuerdo que, con la aprobación del PP, podría ser adoptado de inmediato y al cual se podrían sumar las cuestiones adicionales que se continuarían discutiendo con el PP», añaden fuentes de Política Territorial.
O sea, la propuesta del Gobierno es reinscribir la propuesta de ley acordada con el Gobierno de Clavijo – formado por Coalición Canaria y PP – y luego permitir que los populares incorporen los ajustes que consideren necesarios a través de las enmiendas. «El texto se puede procesar simultáneamente a la discusión de las enmiendas, como sucede con todas las proposiciones», señalan. «Es un texto consensuado y largamente discutido con el Gobierno de Canarias. Sería desacertado pensar en comenzar de nueve. Sobre todo, dadas las circunstancias urgentes», agregan.
«No podemos simplemente volver a empezar. Principalmente debido a la urgencia», advierten desde el equipo de Torres.
En cualquier caso, las comunicaciones y las reuniones confirmadas por las tres partes este martes muestran que, a pesar del intercambio de críticas entre el Gobierno y el PP en días recientes, los canales de diálogo no se han destruido completamente. Sin embargo, por el momento, un acuerdo sigue siendo un desafío.
Mensaje para Clavijo.
Actualmente, el gobierno de Sánchez enfrenta una nueva situación conflictiva. En los últimos dos días, Clavijo ha intensificado sus críticas contra el Gobierno. El líder canario argumenta que el Estado es quien debe asumir la responsabilidad de los jóvenes migrantes cuando llegan a las islas, ya que son rescatados en el mar por la entidad de Salvamento Marítimo. No obstante, el Gobierno considera infundado el razonamiento de Clavijo, aclarando que, más que disputas sobre competencias, la situación exige la atención a las personas jóvenes arribando a la costa española —como afirmó Pilar Alegría, portavoz ministerial, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros—. Alegría reconoció que las responsabilidades están claramente establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, algo que aseguró Clavijo conoce perfectamente.
La portavoz ministerial instó a Clavijo a persuadir a su aliado de Gobierno, el Partido Popular (PP), para que acepte la reforma legal referente a la redistribución obligatoria de menores migrantes, y reprendió también a los del PP por su falta de «responsabilidad». En su opinión, todos los recursos que Clavijo está invirtiendo en conflictos con el Gobierno —hasta el punto de amenazar con acciones legales— deberían ser redirigidos a conseguir que el PP, junto con otros partidos, como Vox y Junts, apoyen este cambio legislativo que anteriormente rechazaron.
Alegría insistió de manera continúa que el Gobierno está a favor de las «soluciones» y siempre ha mantenido una postura de cooperación para abordar la crisis migratoria. Fue él quien acordó la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería con el Ejecutivo canario. Sin embargo, del PP «solo escuchamos respuestas exageradas que están totalmente fuera de la responsabilidad que necesita un partido de Estado», dijo. Aunque no quiso compartir detalles de las reuniones recientes con el PP, Política Territorial lo confirmó posteriormente.
La portavoz pidió a los populares «menos retórica incendiaria y más responsabilidad y visión a largo plazo». Habló de 6.000 niños que requieren «atención y cuidado». «¿No puede el PP ofrecer responsabilidad para que sean distribuidos en un país de 45 millones de habitantes?», cuestionó.
