El lunes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegó al amplio consenso que se esperaba, aunque logró un pequeño avance que para algunos es un paso importante hacia un acuerdo mayor. Los veinte miembros no llegaron a un consenso sobre quién debería ser su presidente, en su lugar decidieron ampliar la lista de siete jueces del Tribunal Supremo que habían estado considerando para el puesto, e incluir algunos que generan algo de consenso en ambos bloques, como es el caso de Isabel Perelló.
Existe la esperanza de que la reunión que se realizará este martes a las 10 de la mañana será la definitiva para poder completar las tareas necesarias antes de la apertura del año judicial que tendrá lugar este jueves 5 de septiembre, con la presencia del Rey Felipe VI.
Hasta ahora, los candidatos considerados eran siete: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas del sector conservador; y Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso del sector progresista. Durante las negociaciones de julio, los candidatos finalistas fueron Pablo Lucas, con 10 votos de los conservadores, y Pilar Teso, con los 10 progresistas. Sin embargo, ayer las posiciones cambiaron y tras varias votaciones el foco se centró en Carmen Lamela y Ana Ferrer, ambos con el mismo número de votos.
Los conservadores han tenido que cambiar a su candidato para cumplir con la firme exigencia progresista de que una mujer sea la que asuma la presidencia por vez primera. Además, están en busca de alguien con tendencias progresistas. Miembros de este colectivo recuerdan que durante 38 de los 44 años que lleva funcionando el Consejo, un conservador ha sido el presidente. Sin embargo, el hecho de que los miembros designados por el PSOE voten a favor de la juez que acusó al oficial senior de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, de tener un «plan premeditado para evitar intervenir» en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de Octubre no es algo seguro.
Por eso, Lamela no logra convencer a las tres quintas partes del pleno, un requisito que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para seleccionar al presidente. Ana Ferrer tampoco es una opción del otro lado, aunque es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y firmó un voto discrepante para aplicar la amnistía a los líderes del procés. A diferencia de estos, Teso y Lucas eran los que más consenso podrían generar por carecer de un perfil político marcado. Ambos son miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, han firmado decisiones que han afectado a distintas administraciones sin discriminar. Ella, por ejemplo, respaldó la anulación de la promoción de Dolores Delgado a fiscal de Sala; él, en tanto, es responsable de la firma de las órdenes judiciales del CNI desde hace tiempo, conocedor profundo del funcionamiento interno del Estado.
De forma global, todos los siete magistrados están altamente calificados para asumir la presidencia, razón por la cual surgieron dudas entre ciertos miembros del tribunal sobre debatir la lista de candidatos preparada desde el 25 de julio. Hubo rumores de «vetos» provenientes del bando conservador, aunque la mayoría del CGPJ no desea incrementar la tensión de sus asambleas. Se esforzaron en comunicar a través de un comunicado de prensa que la reunión se llevó a cabo «sin dificultades y de manera amigable, con el propósito de alcanzar un acuerdo unánime».
Los miembros seleccionados por el Partido Popular propusieron ampliar la lista de candidatos desde el inicio de la tarde, y al final este fue el camino que llevó a todos a encontrar un punto de consenso. «Hemos cambiado las normas para la elección del presidente, con la meta de resolver la situación actual», dice una fuente del CGPJ consultada por El Independiente. «Este podría ser el paso que faltaba», creen. Los menos convencidos tuvieron que aceptar este punto al finalizar la tarde cuando las negociaciones ya se habían prolongado casi cuatro horas sin resultados. «Se han aplicado las reglas de manera más flexible, dada la situación de bloqueo total», aclara otro.
Según las fuentes citadas, la sesión de este martes comenzará con nuevos nombres en el cuadro, como el de Isabel Perelló, sugerida por los conservadores como una nueva candidata progresista y que parece ser del agrado de «algún miembro» designado por el PSOE. Perelló ha sido parte del Tribunal Supremo desde 2009 y su nombre ya había circulado en la última renovación del Tribunal Constitucional para una posible designación.
La meta de concluir la sesión con una nueva presidenta es «decidida». «Será un día relevante», afirma una fuente progresista. «Tenemos esperanza», añade otra conservadora, recalcando que la intención es genuina.
Si esto no ocurre, las consecuencias podrían ser bastante perjudiciales para la carrera judicial. Sería lamentable que por segundo año seguido, el jefe del Poder Judicial que acompaña al Rey en la ceremonia más importante del año judicial esté nuevamente en funciones interinas. Además, no hay acuerdo sobre quién debería dar el discurso inaugural del año judicial. Algunos creen que la responsabilidad recaería en Francisco Marín Castán, presidente interino actual del Tribunal Supremo. Sin embargo, otros sugieren que la figura más apropiada para realizar esta tarea sería el miembro más antiguo que está presidiendo las reuniones del CGPJ en estos momentos.
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