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A pesar de la solicitud de Montero, el PP no proporcionará detalles de su plan de financiación tras la reunión de los barones

El Partido Popular (PP) se muestra renuente a permitir que su política económica sea dictada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De la reunión programada para el viernes en Madrid entre Alberto Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, se anticipa que no se generará ninguna propuesta sólida de financiación.

Montero recientemente retó a los miembros del PP a entregar un informe detallado de sus exigencias para un nuevo sistema de financiación al final de la semana. Esta propuesta fue hecha en medio de la polémica por el acuerdo económico para un cupo catalán entre el PSC y ERC.

Montero hizo este llamado en el Senado después de defender la financiación singular de Cataluña como un paso hacia la autonomía, destacando el compromiso de equilibrio interregional. Además, la vicepresidenta acusó al PP de alimentar debates ficticios y practicar populismo fiscal e insubordinación institucional. Hizo un llamado al PP para que presente una alternativa específica que cuente con el respaldo de sus líderes regionales.

Según informes del Partido Popular nacional, existe una posibilidad de que, al igual que sucedió hace dos semanas con un comunicado de los presidentes regionales del mismo partido, se genere un documento en la reunión en Madrid. Este documento podría centrarse en temas generales. Aseguran que el esqueleto de la propuesta está listo, pero todavía queda mucho por discutir y detallar para tener números claros. La comunicación entre el departamento de Economía del PP, dirigido por su subsecretario, Juan Bravo, y las regiones es constante. Específicamente, con los ministros de Hacienda. Este es un papel que Bravo también desempeñó en el primer gobierno andaluz de Juanma Moreno. Los puntos principales en torno a los cuales se centrará este anuncio, si finalmente se emite, han sido explicados por Bravo recientemente. Se discute sobre «multilateralidad», la necesidad de reducir los períodos de liquidación de dos a un año, y la creación de un fondo común para avanzar hacia el nuevo sistema. Sin embargo, también hay demandas de las regiones del interior: priorizar variables de dispersión demográfica, tomar en cuenta el envejecimiento de la población y los costos de proveer servicios para su distribución. Pero será más complicado proponer un plan común cuando existen discrepancias entre los presidentes de las comunidades con mayor PIB per cápita y aquellas que se sienten subfinanciadas. Especialmente cuando la posición del partido en relación con el principio de ordinalidad fiscal no está clara, que se encuentra en el artículo 2 de la Constitución. Esto implica una proporcionalidad entre lo que un territorio aporta al fondo común y lo que recibe. En otras palabras, poner un límite a la solidaridad fiscal. Regiones gobernadas por el Partido Popular, como Madrid y las Islas Baleares, las más acaudaladas en su poder, lo solicitando, a diferencia de la Comunidad Valenciana, que se encuentra al final de la financiación nacional.

El pacto con ERC asegura este principio para Cataluña, una decisión calificada como «insolidaria» por el senador valenciano Gerardo Camps, lo cual sorprendió a Montero. «Ahora se oponen», destacó, refiriéndose a la intensa discusión que los conservadores deben enfrentar. Comunidad Valenciana, junto con Murcia y Andalucía, se alzan particularmente en solidaridad. Montero desecha las cifras generales y demanda al PP sugerencias específicas de redistribución de recursos. Anticipando que el PP aparezca con un documento mínimo para demarcar su posición en contra del gobierno, y sabiendo la dificultad de estructurar un plan de esas dimensiones en un corto plazo, Montero presionó durante su intervención. «Anhelo conocer la recomendación específica, acerca de la redistribución de recursos» y «no en generalidades», enfatizó la vicepresidenta. Esta postura enfrenta resistencia en Génova. Ha quedado en evidencia desde hace tiempo, ya que sostienen que no debería ser el principal partido opositor quien inicie el debate de financiación frente a un sistema anticuado, exponiendo sus propuestas, sino que deben ser Moncloa y Hacienda quienes «arranquen». A pesar de esto, aseguran que el compromiso de una cuantificación detallada está garantizado. El PP está afinando los detalles de esta cumbre, que previsiblemente se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo de los Duques de Pastrana, en el distrito de Chamartín. Un lugar conocido para su antiguo contrincante, Ciudadanos, donde se reunió en enero de 2023 con la intención de revitalizar, sin éxito, su marca, según los resultados de las últimas elecciones. Se espera que la reunión comience alrededor de las once de la mañana del viernes.

Feijóo hace alusión a sus 14 mandatarios y a los líderes de los dos municipios autónomos: Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda, Moreno Bonilla, Fernando López Miras, Carlos Mazón, María Guardiola, Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco, Gonzalo Capellán, María José Sáenz de Buruaga, Marga Prohens, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. No se descarta la intervención del vicepresidente de Canarias del PP, Manuel Domínguez. Frente a la prisa de Montero, lo que propone el PP es una contraoferta para la renovación del antiguo modelo de financiación [aprobado en 2009] que ha estado pidiendo una reforma desde 2014. No existe apremio, se reconoció. Mayor despues del manifiesto de los barones emitido por Génova. Sobre todo cuando, por ahora, no se visualizan discrepancias ante propuestas como un perdón de la deuda y acuerdos bilaterales, introducidos por Montero a fines de agosto. Pretenden establecer un modelo de «distribución de fondos» y un conjunto de «principios» a considerar. El propósito es la renovación para las comunidades del PP, en contraste, han destacado algunos barones, son «soluciones temporales». Rueda cuantificó las pérdidas para Galicia en 444 millones de euros frente al cupo catalán. 233 millones en el caso de Azcón en Aragón, como primeras conclusiones de un estudio que se publicará «en semanas» desde la Hacienda regional. Ahora «lo relevante son los principios, no los criterios», declaró Azcón el martes en un desayuno informativo. Para el PP, el panorama está claro en su oposición al concierto catalán. Especialmente después de la intervención de Junts y ERC en la presentación de Montero.

El Senado presionó a las fuerzas socialistas para que aceptaran que el acuerdo en cuestión es de hecho un concierto. Si se niegan a reconocer esto, amenazaron con retirar su apoyo, en esencia declarando «fin del juego» al gobierno. Un representante del Senado atribuye esta postura explícitamente y mantiene el escepticismo sobre la posición de las federaciones socialistas tradicionalmente opositoras antes de la reunión del comité federal prevista para el sábado.

Paralelamente, mientras Montero presentaba su postura en el Senado, Sánchez iniciaba su agenda política con una dirección en el Instituto Cervantes. Para calmar la tensión en los territorios en respuesta al acuerdo con ERC, prometió más recursos para las autonomías, una propuesta que el PP ve con desconfianza. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se mostró escéptica rápidamente después de su discurso, refutando sus afirmaciones y criticándole por depender de otros.

En otro desarrollo, Sánchez convocó a los líderes territoriales a discutir el tema de la financiación de manera bilateral en la Moncloa, una propuesta vista como un intento de desestabilización el día antes de la reunión del partido popular. Gamarra, a su vez, exigió una multilateralización del debate a través de la Conferencia de Presidentes.

Los líderes regionales, como Mazón, más perjudicados por la insuficiente financiación, calificaron las propuestas de Sánchez como meras tácticas distractivas. Mantuvieron la postura de Feijóo, establecida el lunes, de rechazar las negociaciones aisladas para cada territorio, especialmente en ausencia de una negociación real con el gobierno.

Génova ha expresado su deseo de no iniciar este debate, priorizando en cambio la unión frente al Gobierno, sin caer en liderazgos fuertes. El temor por posibles discrepancias es evidente si las negociaciones no resultan exitosas.

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