Este jueves 5 de septiembre se llevará a cabo el tradicional inicio del año judicial. El evento, que se celebrará en el Tribunal Supremo y será presidido por el Rey Felipe VI, contará con la asistencia de las más altas autoridades de la judicatura española.
Sin embargo, este año viene con una particularidad: la política ha tenido una gran presencia en los tribunales, una situación nunca antes vista. Entre los casos destacados que surgieron desde el evento del año pasado se encuentran el ‘caso Koldo’, que afecta al Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el socialista José Luis Ábalos, y dos causas en las que están implicados la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Consciente de que el Poder Judicial puede influir en la duración de la legislatura, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inicia el mes de septiembre. Esta situación podría oscurecer y complicar la clara división de poderes que hasta ahora existía.
Esta altura del año trae consigo una gran carga de trabajo y presenta situaciones inéditas, como la posible acusación a un fiscal general del Estado por primera vez en la historia de España, o una demanda de un presidente de Gobierno contra un juez. La intensidad de actividades en el Congreso irá en aumento debido a golpes judiciales mientras las semanas avanzan. También se espera la resolución de casos pendientes como la amnistía, la fuga de Carles Puigdemont, y la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No es algo para tomar a la ligera.
En las primeras semanas de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) debe decidir si inicia o no una investigación por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, quien fue denunciado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a quien él mantiene acusada. Varias fuentes judiciales consideran que es difícil que se inicie un proceso penal contra el juez, y destacan dos razones principales.
Primeramente, resulta insólito que los jueces sean sometidos a juicio, algo que ha sucedido en raras oportunidades, como es el caso de Baltasar Garzón. En segundo lugar, la Audiencia Provincial de Madrid dio su respaldo a las investigaciones realizadas contra la esposa del presidente, brindando un escudo bajo el cual Peinado puede refugiarse. Es complicado argumentar que actuó de manera deliberadamente injusta, lo cual constituye la prevaricación. Sin embargo, podrían haberse tomado decisiones equivocadas o sesgadas durante la investigación, pero esto, según las fuentes citadas, es algo que la Audiencia Provincial deberá rectificar a través de recursos, como ocurre en todos los procedimientos penales.
La decisión deberá ser tomada por dos tribunales diferentes, cada uno encargado de una queja. En uno de ellos, el magistrado es José Manuel Suárez Robledano, y en el otro, Francisco José Goyena, quien recientemente ha ocupado los encabezados de las noticias por hacerse cargo de la queja que el novio de Isabel Díaz Ayuso presentó contra la Fiscalía General por revelación de secretos, tras confesar que había evadido impuestos. Goyena ha solicitado inculpar al fiscal general, por lo que diferentes fuentes legales lo sitúan en un espectro conservador que no concuerda con acusar a un juez luego de una denuncia de Sánchez.
De otro lado, Gómez espera el cierre de su caso, y sin importar lo que suceda aquí, todos intentarán utilizarlo a su favor. En mayo, la Audiencia Provincial apoyó la investigación sobre Gómez al encontrar indicios de tráfico de influencias y corrupción en su actividad empresarial con Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, aunque el caso ha avanzado rápidamente, la Fiscalía Europea ha solicitado parte de los contratos que involucran a fondos comunitarios.
El abogado de Gómez, ex ministro de Justicia Antonio Camacho, ha hecho un nuevo llamamiento a la Audiencia Provincial, en la creencia de que la investigación ha quedado sin objeto porque la Fiscalía Europea ha tomado control de la mayor parte del caso. Alega que no hay pruebas restantes. Durante la totalidad de la indagación, han estado criticando lo que perciben como la mala gestión del juez Peinado. Sin duda, la opinión de los jueces de la corte superior será crítica en cualquier futuro pronunciamiento.
Si reciben la aprobación, la investigación en contra de Gómez continuará, pero si se decide que Peinado ha excedido su autoridad, se entenderá políticamente como un respiro para la esposa del presidente del Gobierno, y el PSOE utilizará la situación para enfatizar la postura que han mantenido durante meses de que hay una campaña de la «derecha judicial» contra el gobierno progresista.
El caso se discutirá el próximo 30 de septiembre, pero hasta esa fecha, el juez Peinado tiene la posibilidad de llamar a un amigo cercano de Sánchez a testificar, tal como lo han solicitado las acusaciones populares, o de continuar avanzando una vez que reciba los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la búsqueda en la casa y la oficina de Barrabés.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra al filo de la imputación. El Tribunal Superior de Madrid ha solicitado que se le investigue por una supuesta filtración de información sensible sobre el novio de Ayuso en un caso en su contra por fraude fiscal. Se supone que la Sala Penal, liderada por Manuel Marchena, lo llamará a testificar, aunque muchos temen el posible terremoto que pueda seguir.
El primer mandatario Sánchez ha manifestado abiertamente su respaldo a García Ortiz y promete apoyarlo incluso si es acusado. Según algunos en la Fiscalía General, él está en una posición segura y tiene planes de seguir adelante, sin embargo, diferentes fuentes del Ministerio Público indican que la carrera no aceptará tener un líder sospechado por la justicia y predice que la presión interna será intensa. Sin embargo, esta situación tendrá una consecuencia política. Mientras tanto, el PP espera ansiosamente que ocurra, ya que podrá sacar provecho de la situación en dos sentidos.
Por un lado, el nombramiento del fiscal general por parte de Sánchez ha sido un fracaso, ya que está bajo sospecha del Supremo; por otro lado, quien ha logrado que esta afrenta se resuelva ha sido uno de los suyos. La líder de la Comunidad de Madrid también lleva meses afirmando que ella y su familia están siendo perseguidos por todos lados.
Puigdemont y el Supremo
La Sala de lo Penal debe continuar tomando decisiones importantes, finalizar de atender los detalles pendientes de la amnistía, resolver los recursos en espera, provenientes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los perjudicados, para que el caso del procés pueda continuar su camino hacia el perdón y llegar al Tribunal Constitucional, donde los independentistas tienen puestas sus esperanzas de éxito.
En esta Sala, el juez Pablo Llarena ha ganado una relevancia especial en estos meses. A pesar de estar acostumbrado a la atención pública desde que en 2017 tomó el caso que procesó a los líderes independentistas, ahora tiene en su escritorio un nuevo documento que pocos esperaban ver: la explicación de la huida del ex presidente Carles Puigdemont de España. De hecho, la segunda huida ocurrió este mes de agosto cuando hizo una breve visita a Barcelona y logró regresar a Bélgica sin ser arrestado.
Llarena deberá determinar si la dirección de los Mossos d’Esquadra o algunos líderes del Ministerio del Interior deben lidiar con consecuencias legales por no haber arrestado a la persona en cuestión. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido una acusación por incidentes similares. El juez puede optar por reiniciar la orden internacional de arresto contra el ex presidente, tras concluir que no se le otorgará la amnistía por el malversación. Esto activaría nuevamente el complicado procedimiento legal para su captura en Europa.
Además, existe un tercer factor en esta confusa situación que podría complicar aún más la situación de Puigdemont. Este es el ‘caso Voloh’, que el juez catalán Joaquín Aguirre ha enviado al Tribunal Supremo para que Puigdemont también sea acusado en este caso. En esta investigación que busca la conexión entre los independentistas y una supuesta conspiración rusa para financiar el referéndum ilegal y sus actividades relacionadas, Aguirre acusa a Puigdemont de alta traición, un delito que, en principio, no está cubierto por la Ley de Amnistía.
La organización católica Hazte Oír, que en los últimos meses no ha debilitado su lucha, ha presentado otra piedra en el camino del Gobierno. Hazte Oír, que previamente centraba sus esfuerzos en campañas publicitarias en redes sociales y autobuses callejeros, ha movilizado a su equipo legal para emprender una batalla en los tribunales que va desde Begoña Gómez hasta el hermano de Pedro Sánchez, pasando por otras demandas que implican al Tribunal Supremo.
La división penal debe tomar una decisión acerca de si inicia una investigación sobre los jueces del Tribunal Constitucional, la entidad encargada de proteger la Constitución, por haber modificado la resolución que ellos, los miembros del Tribunal Supremo, estipularon para el ‘caso de los ERE’. El tribunal ahora liderado por Cándido Conde-Pumpido optó antes del verano por absolver a la mayoría de aquellos envueltos en este caso de corrupción de la Junta de Andalucía, lo que generó malestar en el tribunal superior donde pocos comprendieron las razones utilizadas. Sin embargo, la distancia entre eso y acusar a los jueces es tan vasta que las fuentes legales consultadas ven imposible que eso suceda, lo mismo que ocurre con el pleito que Hazte Oír ha presentado contra los 167 legisladores que apoyaron la Amnistía y que el grupo quiere enjuiciar por prevaricación.
El caso contra David Sánchez, el hermano del líder del Ejecutivo, es el que tendrá más progreso teniendo en cuenta que la magistrada del Tribunal de Instrucción número 3 de Badajoz dio permiso a la UCO para ingresar a la Diputación de Badajoz y recoger correos y documentación. El análisis de todo ello será crucial para determinar si el músico fue contratado ilegalmente por la Administración.
El ‘caso Koldo’ y la irritación de Ábalos
La Audiencia Nacional también tendrá su pequeño protagonismo tras el inicio del curso con el llamado ‘caso Koldo’. La segunda semana de septiembre la investigación cogerá ritmo con las declaraciones de nuevos acusados como el antiguo subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, el anterior secretario de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares y el exdirector general de Adif Michaux Miranda. Todos ellos fueron destituidos después de que el ministro Óscar Puente decidiera cesarlos por falta de confianza.
Una inspección interna realizada por el Departamento de Transporte ha destacado serios problemas en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, un desorden en la recolección y cuestionamientos sobre las entregas. Este examen ha irritado al exministro José Luis Ábalos, quien se encuentra bajo sospecha, y en un diálogo con este medio afirmó que está analizando las acciones a tomar.
Este asunto podría influir en el escenario político, dado que el voto de Ábalos, que actualmente pertenece al bloque independiente, es vital para que las sumas parlamentarias coincidan con las del PSOE.
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5 Comentarios
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Estimado JR R:
El Tribunal Constitucional no es un tribunal de apelación ni tiene la capacidad de revisar sentencias.
En realidad, los EREs no han recibido total perdón, más bien se dio un lavado de manos y parte del caso ha sido retornado a la Audiencia de Sevilla. Parece que no comprendes de que trata la sentencia y aún así, hablas acerca de invenciones, qué pena de perspectiva sanchista.
Hace apenas dos días,
Y hablando de lo que se menciona aquí sobre el «Alto Tribunal», las justificaciones del TC eran bastante evidentes: una Ley de Presupuestos y su adecuada implementación jamás pueden ser consideradas ilegales, ya que es una Ley! Los argumentos insostenibles son los que el Tribunal Supremo inconcebiblemente inventa para evitar el cumplimiento de leyes democráticas. Cuando no declara ilegal una ley (la de Presupuestos de Andalucía), afirma que otra ley no dice lo que claramente indica (Ley de Amnistía), a pesar de que todos lo comprenden,… excepto el Alto Tribunal de La Toga Nostra.
La derecha se sigue reponiendo con dificultad a la realidad de ser oposición. Han regresado de vacaciones solo para toparse nuevamente con la cruda realidad, al menos 3 años más, prorrogables….
Esto es España, donde una Presidenta regional acaba con la vida de 7.291 ancianos mientras los jueces permanecen en silencio.
Fácil, Gongon, los jueces del TC también pueden cometer prevaricación, el Supremo se encarga de juzgarlos.
Todos los congresistas que votaron a favor de la amnistía prevaricaron. Aprobar una ley que viola la constitución, hecha fuera de España y del parlamento, y con criminales fugitivos aún ocupando un cargo remunerado con nuestro dinero es prevaricación. Salvo para el T C tal vez… ¡Esta situación se parece mucho a Venezuela!
Lo que debería hacerse es una auditoría en cada uno de los ministerios cuando hay un cambio de gobierno.
