El comienzo de septiembre presagia un estado de estancamiento político, con los diversos partidos políticos reafirmándose en sus respectivas posturas. Esta situación puede obstaculizar el correcto funcionamiento del nuevo ciclo de sesiones parlamentarias que tendrán lugar en el Congreso de los Diputados, dada la ausencia inminente de elecciones.
El manejo conjunto de la crisis migratoria, que está desbordando a Canarias y Ceuta, por parte del Gobierno y del partido de oposición, particularmente en cuanto a los menores no acompañados, se suma a la polémica concertación con ERC en Cataluña, que se alcanzó a cambio de respaldo para designar a Salvador Illa como presidente.
Todo ello, unido a otro desafío significativo para los socialistas: mantener la unidad en los momentos decisivos para preservar su posición en Moncloa.
Desde el inicio del mandato, el socio que se presupone más problemático habría sido Junts. El grupo de Carles Puigdemont estableció un coste elevado a cambio de su apoyo, incluido el indulto. Sin embargo, a medida que la coalición multipartidista ha ido sufriendo desgastes, han surgido más dificultades, inquietudes y solicitudes al vuelo. Inicialmente, la transición de Podemos de Sumar al Grupo Mixto agregó una nueva capa de complejidad. Posteriormente, las preocupaciones de los socios se intensificaron tras varias elecciones consecutivas, que han funcionado como un barómetro para los partidos y han influido en las posiciones actuales. La aparición de litigios judiciales tampoco ha sido de mucha ayuda. Las razones de esta perturbación que impacta indirectamente a Sánchez se basan en al menos tres factores: la rivalidad aislada entre dos marcas políticas, los intereses económicos y utilitarios, y la desilusión.
Junts y ERC, por un lado, y Sumar y Podemos, por el otro, son los protagonistas en la primera categoría. La relación entre neoconvergentes y republicanos se ha dificultado tras la disolución de la alianza en el Govern y la continuidad de la gestión solitaria de Pere Aragonés. Sin embargo, la meta de alcanzar la amnistía solidificó su colaboración, restrigiendo las conversaciones con el PSOE a la exigencia de dejar en el olvido la tramitación judicial del procés y a temas financieros para Cataluña. Adicionalmente, ERC había establecido lazos con el Gobierno central. El adelanto de las elecciones en la autonomía y la fatiga de los republicanos por su lealtad más o menos consistente han impulsado a Junts a aspirar a resurgir el independentismo sosegado por su lado conservador, reclamando su terreno. Conseguir este objetivo requiere de una actitud más agresiva hacia Moncloa. Aunque los de Puigdemont están dispuestos a negociar cualquier propuesta de mejora regional, el precio requerido será exorbitante.
El mejor escenario posible para Sánchez es de 179 diputados en el presente. Esta fue la cifra que respaldó en las primeras votaciones de la XV Legislatura, como se puede ver en la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Sin embargo, si los siete votos de Junts son retirados, el PSOE se vería en desventaja frente a la oposición, que alcanzaría los 178 escaños. Se prevé una gran intensidad en las siguientes semanas debido a la convocatoria de un nuevo congreso de partido, donde se decidirá la estrategia a seguir. Se espera que Puigdemont, quien no tiene roles oficiales, sea nombrado nuevamente presidente. Durante la comisión de Transportes, el diputado Isidre Gavin abogó por un aumento en la inversión ferroviaria como sugerencia para lograr la estabilidad del Gobierno. De no cumplirse los compromisos adquiridos o si se subestima a Cataluña, perderán su respaldo.
ERC está bajo presión para responder y enfrentar un inminente congreso en medio de las crisis de liderazgo y las profundas divisiones entre los seguidores de Junqueras y Rovira. Además de eso, tras la migración de votantes hacia el PSC y Junts, principalmente, la necesidad de diseñar una nueva estrategia es imprescindible. Si los republicanos más críticos impulsan un cambio alternativo al actual modelo heredado de Oriol Junqueras, la tensión con Sánchez se intensificará. Dependen de siete votos cruciales en las votaciones en las que Junts podría inclinarse hacia la abstención. Su apoyo depende de los acuerdos alcanzados con los socialistas a nivel nacional y catalán. Ya han hecho una advertencia: de no darse cumplimiento a los compromisos, especialmente en el ámbito económico, cesarán su apoyo. A esto se suman las objeciones internas en las federaciones del PSOE, con la reciente incorporación de la castellano leonesa y la aragonesa a la manchega y la asturiana, dejando poco espacio para la negociación.
Por su parte, el BNG insistió el jueves en obtener el mismo trato económico que Euskadi y Cataluña. Actualmente, no se prevé que los representantes de Ana Pontón en Madrid impongan obstáculos o renuncien a su único escaño que respalda a Sánchez.
A nivel nacional, Sumar y Podemos lideran un gran enfrentamiento. Aunque el equipo de Yolanda Díaz no planea salir del Consejo de Ministros ni dejar de apoyarlo, sí provocarán tensiones. Asuntos como el presupuesto y la vivienda y alquiler son vitales. También ejercerán presión frente a las demandas de Ione Belarra desde el grupo mixto. Este escenario se complica con una asamblea refundacional y política, como la de Junts y ERC, donde se establecerá una nueva agenda, liderazgo y relaciones internas con sus asociados parlamentarios. Sin embargo, existe un factor diferente en este caso: las solicitudes de Chunta Aragonesista o Compromís dentro de Sumar, que podrían desembocar en una posible fractura futura en el parlamento que podría ser problemática para el PSOE. La financiación catalana no agrada a ambas formaciones, que proporcionan uno y cuatro asientos respectivamente de los 27 magentas.
El cupo catalán causa división entre los aliados de Sumar. Una propuesta puede resultar en una división del grupo en una votación.
El caso de Podemos es diferente. No tienen nada que perder en términos de poder tras ser progresivamente desplazados de Moncloa y la mayoría de los enclaves regionales y municipales. Buscan destacarse como una opción fuerte contra Sánchez en la competencia por el electorado que comparten con Sumar y que podría cambiar, debido al deterioro del liderazgo de Díaz. Han actuado así con el conflicto israelí y ahora con la inmigración. El valor de esos cuatro votos ha subido tras acciones como ‘salvar’ a Sánchez y Montero de comparecencias parlamentarias a petición del PP sobre el cupo catalán o la postura en relación a la crisis migratoria.
El BNG podría encajar en la segunda categoría mencionada, el utilitarismo, aunque este grupo es principalmente controlado por el PNV. La incapacidad de los jeltzale para establecer conexiones con un PP que genera conflictos en sus relaciones es un consuelo para Sánchez. Esto es especialmente así dado el riesgo de que Génova pudiera formar una mayoría alternativa ocasional en temas como la propuesta de ratificar en el Congreso a Edmundo González como vencedor de las elecciones presidenciales venezolanas. El enfrentamiento entre Aitor Esteban y Miguel Tellado de esta semana, también en relación a Venezuela, donde coinciden oficialmente, da respiro al socialista. Sin embargo, desde Euskadi se insiste: es necesario seguir ahondando en las transferencias y el autogobierno, tal y como fue acordado para la investidura. Los incentivos fiscales e industriales para la comunidad determinarán el apoyo a importantes legislaciones.
La tercera y final categoría es la judicial, que afecta directamente a José Luis Ábalos, ex diputado socialista y actualmente miembro del Grupo Mixto tras la aparición del caso Koldo, que resultó en su pedido por el PSOE de renunciar a su escaño. Ábalos, suspendido de su cargo y al borde de la imputación por evidencias en la investigación, aún se identifica con la tendencia socialista con la que se comprometió a votar conscientemente en el programa electoral del PSOE. No obstante, recientemente ha cambiado de rumbo, evaluando conscientemente cada voto. Este cambio tiene relación con Óscar Puente, su reemplazo en Transportes, y con una auditoría interna que lo implicó en la compra de ocho millones de mascarillas de un total de trece millones, cuestionando tanto la elección de proveedor como la gestión de distribución. Además, no se puede verificar documentalmente dichas entregas.
Ismael Moreno, el magistrado, solicitó información que fue suministrada en dos días por Transportes. Este hecho irritó a Ábalos, quien contempla llevar a cabo una acción disciplinaria contra Moreno. Ábalos se siente amenazado en la Federación Valenciana, donde asegura tener apoyo, ante una posible rebelión en contra de Diana Morant, la secretaria general y ministra de Ciencia. Puente, en respuesta, sugirió la auditoría de las compras de materiales covid realizadas por él mismo durante su mandato como alcalde de Valladolid. Concretamente, a un empresario que más tarde lo acompañó en su yate. Además, tal como el periódico El Independiente ha publicado, insiste en que la investigación se extienda también a los departamentos de Interior y Salud.
Las posibilidades de concertar acuerdos con el Partido Popular (PP) están disminuyendo. Más allá del pacto del CGPJ en junio, será difícil llegar a nuevos acuerdos. Eso es lo que perciben en Génova, quienes han enfatizado que Sánchez escogió ciertos aliados para gobernar en contra del PP, ganador de las elecciones. Afirman que Sánchez tiene que afrontar las consecuencias de esa decisión. Ven una oportunidad para avanzar en las próximas elecciones si Sánchez no puede implementar grandes políticas como el Presupuesto. Por otro lado, cabe ver si Sánchez puede contar con el apoyo del PP para votaciones que no han sido aceptadas por la izquierda, como la abolición de la prostitución o la ley de suelo, que afecta a los municipios, la mayoría de los cuales están bajo control del PP. También se necesita el apoyo del PP para designar al gobernador y subgobernador del Banco de España y a la mitad de la Junta Directiva de RTVE.
En el horizonte más cercano, Sánchez se enfrenta a al menos una decena de dilemas que necesitan ser resueltos con mayorías absolutas. La cuestión primordial, en caso de presentarse alguna propuesta específica, es la financiación exclusiva de Cataluña. El diálogo al respecto continúa siendo bastante enigmático, atrapado entre las demandas de los separatistas y las escasas explicaciones de la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Montero, quien también funge como vicepresidenta, tendrá que presentarse el miércoles en el Senado para esclarecer esta situación. Este escenario plantea un desafío para Sánchez. A pesar de tener asegurados los votos de Junts y ERC, existen várias facciones en oposición. Algunas externas, como Compromís y Chunta Aragonesista, exigen el mismo trato para sus respectivas comunidades. Por otro lado, Ábalos, aunque respalda la agenda socialista, ha dejado en suspenso su apoyo a esta propuesta. Además, los continuos rechazos por parte de las federaciones socialistas al cupo podrían provocar disidencias en la votación del Congreso. Esto incluye a asturianos, castellanos y leoneses, aragoneses y manchegos, entre otros.
La política de inmigración de Sánchez está generando tensiones, ante un recuento de 172 votos a favor y 177 en contra, provenientes del PP, Vox y Junts, además de una abstención de UPN. Los neoconvergentes aseguran que sin una completa delegación de poder en asuntos de inmigración, no respaldarán a Sánchez, especialmente frente a la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para una distribución forzada, algo que ellos rechazan. Incluso los aliados legislativos de Sánchez muestran su escepticismo por el hecho de que recurra a las tácticas del PP en torno a las deportaciones, que ya se implementan sin generar alarma en Sumar o Podemos. Díaz aconsejó a Sánchez no seguir esos lineamientos, pero Podemos amenaza con retirar su apoyo si se acerca demasiado al PP y a sus políticas «xenófobas». La tensión se mantiene tras la renovación judicial.
La ruta hacia los Presupuestos Generales del Estado parece ahora más manejable luego de que Junts prometiera su apoyo a cambio de más inversión en Cataluña. Sánchez ya tiene garantizados algunos votos gracias a una coalición sólida, con la improbable oposición de Ábalos. Sin embargo, la existencia de siete votos clave de Junts y las demandas contradictorias de los socios de izquierda y derecha dificultan las negociaciones. PNV y Junts se oponen a aumentar los impuestos a la banca y las energéticas, mientras Sumar, ERC, EH Bildu y BNG lo exigen. Al PSOE le resultará difícil reconciliar estas diferencias, pero tiene la opción de extender las cuentas de 2023 por otro año si es necesario.
El Gobierno tiene en agenda aprobar una ley contra la crisis provocada por el conflicto en Ucrania, con medidas tales como reducciones de costos en el sector del transporte. El proceso requiere su validación inicial en el Consejo de Ministros, seguido de un respaldo mayoritario en el parlamento que asegure su vigencia más allá de los primeros 30 días. Se espera que el PSOE reciba el apoyo de Sumar, PNV, EH Bildu y BNG. Sin embargo, las próximas reuniones del ERC y Junts podrían suponer un obstáculo a menos que se ofrezcan promesas fiables. A este escenario se añade el partido Podemos, que ha mostrado su intención de ofrecer un respaldo sustancial a cambio de un alto precio luego de haber votado a favor de Sánchez o Montero de Belarra para evitar su comparecencia ante las peticiones del PP. Alcanzar los 176 escaños necesarios para Sánchez se ve como un reto. El dirigente político ya ha programado la próxima reunión socialista para establecer el camino a seguir.
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