El lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció la «retiro obligatorio por edad» del famoso juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. En su último despacho de instrucción, el número 6, donde ha trabajado durante los pasados siete años de su extensa carrera, deja aún casos sin resolver, como el ‘caso Tándem’, que implica al comisario José Manuel Villarejo, y la ‘Púnica’, relacionada con la corrupción del PP de Madrid.
El juez que lo reemplace deberá concluir algunos de los casos que han dominado los titulares en España.
La publicación del BOE ratifica el acuerdo tomado el 20 de junio pasado, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba aún bajo la dirección de Vicente Guilarte.
El juez, que decidió anticipar su retiro unas semanas, cumplirá 72 años el próximo 16 de octubre. Esta es la edad máxima permitida por la ley para dirigir un juzgado.
Según personas cercanas a él, García Castellón está tranquilo después de adoptar este cambio significativo en su vida, que concluye un largo e intenso viaje judicial en el que estuvo ocupado con casos mediáticos y decisiones controvertidas que no fueron bien recibidas por líderes independentistas, miembros del Gobierno, y el ex-vicepresidente Pablo Iglesias, entre otros. Fue García Castellón quien solicitó al Tribunal Supremo intervención para acusar a Iglesias, líder de Podemos, en el ‘caso Dina’, y quien prestó atención a las declaraciones del ex-jefe de inteligencia militar venezolano, Hugo Armando Carvajal (también conocido como ‘El Pollo’), para abrir una investigación sobre la financiación de Podemos. Sin embargo, el Supremo rechazó su petición de acusar a Iglesias y la Sala de lo Penal anuló la acusación contra Podemos. Pero el juez se mantuvo firme y continuó trabajando en cada caso, confiado en la validez de sus acciones y condenando lo que percibía como injerencias políticas.
Castellón se incorporó a la Audiencia Nacional en 1993, reemplazando a Baltasar Garzón. Durante su tiempo en ese cargo, ordenó la detención del banquero Mario Conde e investigó el asesinato del ex-concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, por ETA. En 2000 fue destinado a Francia como juez de enlace, donde residió durante 12 años en París y después cinco en Roma. En 2017, retomó su lugar en la Audiencia Nacional para asumir los casos más notorios de ese momento.
Tras cesar sus labores, su retiro ha dejado un sabor agridulce, especialmente tras tener que interrumpir sus vacaciones en julio pasado para gestionar de manera urgente el caso Tsunami Democràtic. García Castellón se había dedicado intensamente a esta investigación que revelaba la existencia de una organización detrás de los disturbios catalanes en octubre de 2019, donde presuntamente jugaban un papel clave Marta Rovira y Carles Puigdemont. La reacción del Gobierno fue modificar el trámite de la Ley de Amnistía de acuerdo con las resoluciones que el magistrado firmaba, criticándolo por oportunismo y por usar su posición para hacer política. Aunque el juez acusaba a la organización de delitos de terrorismo y el Tribunal Supremo respaldó su gestión, un error en el juzgado con respecto a los plazos de la prórroga acabó con todo.
Asuntos pendientes que permanecen
Una vez resuelto el caso Tsunami Democràtic, la atención mediática sobre el juzgado ha disminuido en el último año en relación a otros temas. Otro caso importante relacionado con los independentistas involucraba a los miembros del Comité de Defensa para la República (CDR), pero la instrucción del juez ha concluido y ahora se espera para ver si se aplicará o no la amnistía.
Por lo tanto, aún quedan cuestiones vinculadas al comisario Villarejo, aunque la mayoría de ellas están casi concluidas. Los casos relacionados con Repsol y CaixaBank, Iberdrola, BBVA o el ‘caso Kitchen’ aún están a la espera de una fecha de juicio. El juez que reemplace a García Castellón será responsable de las pequeñas piezas separadas que involucran pedidos específicos al comisario más familiares o de empresas menores.
En referencia a la corrupción del PP, todavía están por resolver ciertas partes de casos como Púnica o Lezo, aunque ya no hay implicados políticos destacados como lo fueron las ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Además, el juez promovió una serie de reactivaciones de investigaciones sobre ETA con el fin de inculpar a los líderes de la organización terrorista, independientemente de que los perpetradores del delito ya hayan sido condenados. En este marco, el próximo juez tendrá que procesar el caso de Miguel Ángel Blanco y el atentado de Santa Pola en 2002.
Asimismo, se está llevando a cabo el juicio contra el ex magistrado Fernando Presencia, que se encuentra en prisión acusado de recibir pagos a cambio de presentar denuncias falsas contra políticos, fiscales y jueces.
El CGPJ deberá abrir el concurso para llenar el puesto y los rumores en la Audiencia Nacional son que Santiago Pedraz, actual juez del Juzgado de Instrucción número 5, planea postularse para solidificar su posición. Sin embargo, fuentes cercanas a él lo desmienten. En cualquier caso, dirigir uno de los seis juzgados investigadores del organismo es siempre un cargo muy deseado entre los jueces y muy supervisado por los partidos políticos, debido a sus posibles implicaciones para ellos.
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