El magistrado Juan Carlos Peinado, a cargo del ‘caso Begoña Gómez’, solicitó reproducciones de la información de todos los implementos tecnológicos confiscados al empresario Carlos Barrabés, para mantener a salvo copias idénticas del contenido en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Aun permitió ingresar y registrar durante la noche y alertó a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de que si identificaban indicios de otra infracción en la vivienda o en el despacho del investigado deberían notificarle de inmediato.
Sin embargo, Barrabés ha impugnado la resolución.
La orden emitida la semana pasada, a la que El Independiente tuvo acceso, fue inicialmente clasificada como confidencial para evitar que el sujeto en cuestión supiera que los agentes iban a presentarse en su hogar. Además, el juez autorizó a los agentes a trasladarse al Hospital 12 de Octubre, donde Barrabés se encuentra hospitalizado debido a una afección. Estos son algunos de los fundamentos por los que el empresario ha contestado el fallo del juez, argumentando una «violación flagrante» de sus derechos, indicando que el juez «podría haber solicitado que entregue su teléfono celular antes de enviar a la policía al hospital a confiscarlo».
En dos momentos, Barrabés ha testificado en este caso iniciado en abril, la última vez, ya como sujeto de investigación, fue el 1 de agosto a través de una videollamada. El juez respalda su medida en los reportes de la UCO y en la documentación de la Administración pública que contrató las empresas de Barrabés, sugiriendo «posibles conductas que pueden ser aptas para censura» según la legislación penal.
El juez indica que «la documentación de varios entes públicos sobre otorgamiento de contratos de suma importancia, se descubrió tras conocer a la esposa del presidente del gobierno que está siendo investigada», justificando así la proporcionalidad para sondar su hogar. Los contratos que se estudian provienen del Consejo Superior de Deportes (CSD), de la compañía Red.es (aunque tres de ellos están bajo investigación por la Fiscalía Europea; un caso persiste), de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Renfe y del Ayuntamiento de Madrid.
Admite que el tráfico de influencias en estudio no es un crimen severo según el Código Penal, pero aclara que en este caso, afecta «directa o indirectamente a la totalidad de la sociedad». Al igual que la corrupción en las empresas, que podría llegar a una pena de hasta cuatro años de prisión, «lo que sobradamente justifica que se pueda entrometer en asuntos vinculados a la privacidad de las personas investigadas».
Peinado ordenó la confiscación de «cuantos medios, documentos, objetos o instrumentos» se consideraran vinculados a los delitos y aclaró: «Procurando no molestar ni dañar al interesado más de lo necesario, tomando todas las precauciones para no poner en riesgo su reputación y protegiendo sus secretos si no son de interés en la presente instrucción». Programó el registro para las 8:30 a.m., tanto en su residencia en el barrio de Salamanca en Madrid, como en la oficina principal de su empresa ubicada en Paseo de Recoletos.
Los oficiales de la UCO recibieron autorización para adquirir ordenadores, dispositivos móviles, teléfonos fijos y documentos en el contexto de sus investigaciones, siempre y cuando se examinen previamente para confirmar su relevancia en la investigación. En caso de descubrimiento durante el proceso de nuevos hechos que podrían constituir un delito distinto al inicialmente previsto, la autoridad judicial debe ser notificada de inmediato para tomar las medidas adecuadas.
Se instruyó a los agentes para obtener todo el contenido posible, sin embargo, si era necesario llevarse los dispositivos originales «por cuestiones técnicas», se les exigía crear dos copias de seguridad: la primera sería analizada por la UCO, y la segunda estaría protegida digitalmente para prevenir «cualquier modificación o manipulación posterior del contenido», que quedaría bajo la tutela del abogado de la administración de justicia.
Los funcionarios debieron notificar a Barrabés sobre su obligación de «mantener guardados los originales que le queden» en caso de que se requieran pruebas futuras.
La defensa de Barrabés ha apelado a la Audiencia Provincial con quejas severas contra Peinado, argumentando que la única cosa confirmada por tal mandato genérico impartido por el juez es la naturaleza de la presente investigación. Según su punto de vista, se está intentando confiscar todo lo vinculado a un supuesto delito, aunque no existen evidencias mínimas de su comisión.
El representante legal de Barrabés subraya que «no se puede hallar ninguna prueba de un acto de tráfico de influencias o de corrupción empresarial». Según él, «el primer contrato de importancia económica, otorgado a Innova Next (su empresa) y que ahora es objeto de investigación, es de 2017, se otorgó por parte del Ayuntamiento de Madrid y ocurrió dos años antes de que Barrabés conociera a Gómez y antes de que su esposo se convirtiera en presidente del Gobierno.»
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Querido JR R, rural:
Expresamos nuestras quejas hacia la persona que promulgó una ley liberando violadores, el Fiscal que insistía en publicar información por la «narrativa», aquel que aprobó un perdón general contrario a las sugerencias de la Comisión de Venecia, al que nombró profesora a la chica simplemente por ser una chica, y al que está disfrutando de un festín en Andorra a pesar de la situación actual.
Ni siquiera sois capaces de redactar una extensión de denuncia correctamente, ignorantes, aún así, os atrevéis a hablar de imparcialidad y progresismo, jajajajaja.
No sabéis.
Hace 2 días.
El constante y notorio «parcialismo» de la ¿Justicia? española:
La jueza que está investigando al compañero sentimental de Ayuso, rechaza las solicitudes de las partes acusadoras de iniciar nuevas investigaciones, afirmando que «muchas de ellas podrían resultar innecesarias…».
Por otro lado, PP, podría terminar convocando incluso a la abuela de Sánchez, ya que «dicen que fumaba…».
Curiosamente, no llamó a Almeida «para no estigmatizarlo…».
La verdadera amenaza para la democracia española no son, a pesar de ser perjudiciales, los partidos ultraconservadores como VOX y, ahora, el PP,
sino los jueces, más bien características de Españistán que de un país democrático,
siempre dispuestos a perjudicar a la izquierda y el progresismo,
y a absolver todo lo necesario para la derecha delincuente.
Es por algo que la llaman «La Toga Nostra»…
