Fernando Clavijo ha declarado este lunes su intención de iniciar un «proceso legal contra el Estado», atribuyendo al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad del «abandono» percibido por las islas en relación a las cuestiones migratorias. El presidente del Gobierno de Canarias compartió estas declaraciones en una entrevista con Radio Canaria, asegurando que las islas «tomarán medidas» y, «si falta lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias asumirá su papel».
«Planeamos iniciar un debate legal con el Gobierno de España sobre este tema. No puede ser que la excepción se vuelva la norma», explicó. Clavijo ha convocado este lunes al consejo del Gobierno regional para discutir posibles estrategias legales en relación a la crisis migratoria, con la finalidad de establecer posturas y tomar medidas.
Opina que Canarias ha respondido adecuadamente durante todo este tiempo, «atendiendo» a adultos y menores, los cuales han recibido asistencia sanitaria y tuición respectivamente. Sin embargo, enfatiza que esto se hizo en respuesta a una emergencia, lo que podría llevar a su Gobierno a cuestionar si debe ser la autonomía la encargada de las competencias sobre la protección de los migrantes menores de edad. Estima que Canarias ha gastado más de 150 millones de euros en «política migratoria que no corresponde a la comunidad autónoma». «No hemos recibido ni un céntimo, aunque el dinero no es la solución», concluyó, pidiendo que se haga efectivo el acuerdo «para que los menores puedan ser reubicados en el resto del territorio nacional» y las islas puedan restablecer cierta normalidad en los recursos de atención a menores, en la actualidad sobrepasados en más del 200%.
También ha afirmado que durante este fin de semana, el gobierno ha ejercido «intimidaciones y amenazas» sobre algunas organizaciones no gubernamentales que están brindando asistencia a los niños, a pesar de estar sobrecargados. Si no se llega a un acuerdo, indicó, «se tendrán que adoptar otras acciones». «Hay individuos que malinterpretan la lealtad, la comprensión y el compromiso con el bienestar general del niño como una debilidad. Y se equivocan», concluyó.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.