Pedro Sánchez, respaldado por la Abogacía General del Estado, ha expresado su desacuerdo con las acciones del juez Juan Carlos Peinado en referencia al caso de su esposa, Begoña Gómez. El líder del Gobierno ha optado por ampliar la querella por prevaricación en contra del magistrado, argumentando que este ha realizado «interpretaciones forzadas o artificiosas» y ha teñido de una «injusticia inherente» el caso que involucra a su esposa, acusada de tráfico de influencias y corrupción.
En representación de Sánchez, la Abogacía General del Estado ha presentado un escrito ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según reportan El País y la Agencia Efe, este documento propone extender la querella por prevaricación contra el juez Peinado, a quien también se critica por sacar «conclusiones» del «silencio» de Sánchez.
El texto recalca que las actuaciones del juez buscan sobre todo llamar la atención sobre la Presidencia del Gobierno, desviándose del propósito de eficiencia procesal e investigación. Se afirma que el juez Peinado hace interpretaciones forzadas de principios procesales y preceptos legales, hasta el punto de tomar el silencio de ciertos testigos como una justificación sin fundamentos para realizar inferencias procesales. Europa Press informa que el juez ha hecho referencias indirectas a una doctrina no aplicable al caso y contradictoria con la dispensa de declaración, una práctica institucional aceptada.
El Estado de Derecho ha subrayado que «la serie de juicios y disposiciones que se acumulan y no contradicen explícitamente cualquier interpretación razonable de la ley, tienden a promover la entrega a las partes de una grabación que no debería existir (porque la declaración debería estar en forma escrita y si es oral, no debería existir al aplicar la exención, cuya evidencia es obtenida por diligencia del secretario) sólo sirven para reafirmar la dirección de todo este intento de diligencia investigativa hacia su divulgación mediática, no hacia su eficiencia procesal, confirmando así la base de nuestra demanda».
Derecho al silencio
El 30 de julio pasado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ejerció su derecho a no testificar contra su esposa, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunta influencia indebida y de inmediato presentó una demanda contra el juez, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.
Sánchez, en una declaración que sólo duró dos minutos en el Palacio de Moncloa, simplemente confirmó que la investigada es su esposa y que, por lo tanto, ejerce su derecho a no testificar en su contra, como lo permite la ley.
Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la presidencia del gobierno, que Sánchez posee, presentó una demanda ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por presunto delito de prevaricación judicial.
Resoluciones «injustas»
La demanda pidió al TSJM que investigue al juez al creer que dictó «consciente» varias resoluciones «injustas» y en contra de lo dispuesto por la ley, ya que respondían a «creencias personales» que «se desvían de su deber de investigar».
El líder del gobierno defendió el siguiente día la demanda por prevaricación que la Abogacía del Estado había interpuesto contra el juez Peinado, enfatizando que los derechos otorgados a la presidencia desde 1886 se habían violado. Durante una conferencia de prensa para evaluar el estado de la política, Sánchez describió los acontecimientos recientes como un «montaje» y se mostró «absolutamente patético y vergonzoso» al observar a grupos de extrema derecha, como Vox, Manos Limpias y Hazte Oír, en conflicto por quién ingresaría al Palacio.
Tres días después de la demanda, la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, también presentó una demanda por presunta prevaricación contra el juez que la investiga, alegando que se han tomado decisiones «arbitrarias e injustas» y se han manipulado las reglas de una manera «malintencionada».
El abogado de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigara al juez por supuestos delitos de prevaricación, revelación de procedimientos legales secretos y revelación de secretos por un funcionario público.
El juez Juan Carlos Peinado mencionó el pasado 22 de agosto que se podían extraer «conclusiones» del «silencio» del líder del gobierno cuando se negó a testificar ante él en Moncloa.
Aseguró que su «mutismo» es «justificado», pero que, «como es ampliamente conocido, permite la creación de inferencias, las cuales, en su escenario, junto con otros componentes de índole objetiva, pueden conducir a conclusiones objetivas, con el propósito de evaluar la potencial concurrencia de elementos incorporados, de posibles indicios, ya sea en dirección inculpatoria hacia un sujeto investigado o, en cambio, en dirección que exonera de responsabilidad penal».
Además, te gustaría saber
Lo más popular
– 1 «Mini maravilla» o «desilusión torpe», la más reciente película de Almodóvar provoca división entre los críticos
– 2 Marruecos está cultivando nubes para producir lluvia artificial: ¿afectará esto a España?
– 3 Primavera Sound América Latina: la esencia de los festivales de música se desvanece
– 4 Marlaska otorgará nuevamente medallas con pensión a los comisarios de policía retirados
– 5 Varios cientos de jóvenes marroquíes intentan ingresar a Melilla
– 6 El juez mandó a conservar una copia de lo confiscado a Barrabés
– 7 Escrivá, el privilegiado gobernante del Banco de España por Sánchez
– 8 “Israel anhela la paz con los palestinos por interés propio»
– 9 El parecer de independencia del ministro Escrivá
3 Comentarios
Reglas ›Para participar, necesitas registrarte en El Independiente. El registro es gratuito y te posibilitará comentar en los artículos de El Independiente y recibir por correo los boletines diarios con las noticias resaltantes.
Regístrate para comentar Ya estoy registradohace 3 días
¿No estará precisamente prevaricando Sánchez al usar la abogacía del estado para proteger en las cortes a una ciudadana común quien es además cercana a él?.
El Gran Maleante debe reconocer que todas estas acusaciones y disputas son infundadas; su único objetivo es dilatar la culpabilidad de su mujer, así como la suya propia, y para eso no deja de crear distracciones, aunque dudo que le sirva para algo. Además, la integridad y el renombre de ambos ya están manchados, aunque sospecho que eso a ellos no les importa; no parece que comprendan dichos conceptos.
Hace un tiempo
De modo que para el Gran Maleante, todo lo que destaque comportamientos inadecuados, si no ilegales, de él o de su pareja, es considerado injusto y malintencionado; y si lo lleva a cabo un juez, entonces este es corrupto.
En otras palabras, tanto él como Begoña deberían ser exentos de culpabilidad; y si no lo son, que los jueces actúen como si lo fueran. En definitiva, un comportamiento propio de un tirano.
Hace algún tiempo
¿Y ha estado perdiendo tiempo durante más de un mes por una querella tan insignificante?
