La comunicación parece inexistente, mientras que la Moncloa aguarda a que el Partido Popular (PP), influido por la presión de Canarias y Ceuta, donde mantienen una coalición y el dominio respectivamente, reconsidere su postura y apoye la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Dicha reforma se plantea como la solución inicial para relajar los problemas de migración en relación a los menores no acompañados. Sin embargo, el PP se muestra intransigente. El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, rechaza la posibilidad de un diálogo constructivo en asuntos migratorios, así como en otros temas de interés nacional.
Todo esto a pesar de que la renovación y el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio permitió abrir puertas a otras posibilidades, como el caso del nuevo gobernador del Banco de España y otras instituciones económicas, así como la dirección de RTVE.
Hasta ahora, el PP ha sostenido que la inacción del Gobierno y la ausencia de un plan sólido en migración son el problema. Pero desde Génova se propuso un plan de trece medidas como base para negociar con el PSOE para apoyar dicha reforma legal en el Congreso de los Diputados, después de rechazarla a finales de julio. Entre ellas, se sugería reforzar la presencia policial y los recursos en las fronteras, actuar en las áreas de origen, establecer un fondo de contingencia para que las comunidades puedan afrontar la llegada de migrantes, abrir infraestructuras gubernamentales cerradas, solicitar ayuda europea y, de manera extraoficial, convocar una Conferencia de Presidentes. Sin embargo, el Gobierno calificaba todas estas propuestas como «excusas» para no apoyar la reforma, asociaba al PP con las posturas migratorias de Vox y exhortaba a este partido a tener «visión de futuro».
A lo largo de esta semana, el Partido Popular ha adoptado una posición de no negociación con Sánchez, en respuesta a su insistencia en tomar el control de Moncloa, «sin importar el costo», según las palabras de Sémper en una entrevista realizada por Carlos Alsina. Esta acusación no es nueva, ya que se había presentado previamente al acuerdo judicial desde Génova. Sémper también expresó su inquietud sobre la falta de credibilidad de Sánchez, lo cual representaba un obstáculo para alcanzar acuerdos adicionales con el Estado. En el Partido Popular, otras figuras destacadas, como Miguel Tellado, portavoz parlamentario, afirmó en enero que sería inviable pactar cuestiones estatales, antes de acordar la reforma del órgano judicial. Repitió esta postura cinco días después de haber firmado este acuerdo, argumentando que llegar a consensos era complicado con un partido que parece centrarse unicamente en «satisfacer los intereses personales de Sánchez», en especial cuando las renovaciones de la dirección del Banco de España, CNMV o la radio y televisión pública estaban en discusión.
El reciente retorno al mismo planteamiento, esta vez por parte de Sémper, se da luego de que el Partido Popular cuestionara el mismo enfoque que anteriormente apoyaba en relación a la migración. Se está refiriendo a ciertos planteamientos iniciales. La controversia de la semana ha estado centrada en la proposición hecha por Sánchez durante su gira estatal en África [en Mauritania, Gambia y Senegal, que son las principales áreas de partida de las embarcaciones que siguen la ruta atlántica hacia Canarias] de respaldo para las vías de inmigración regular asociadas a la temporalidad desde esos países. En resumidas cuentas, una «inmigración circular». Eso llevó al Partido Popular a acusar al socialista de fomentar la inmigración irregular visitando esos países de origen. Fue un breve pero fervoroso enfrentamiento, que culminó con Sánchez haciendo malabares el miércoles por la noche, reconociendo la posibilidad de coexistencia de ambos, la inmigración junto con el control de la misma y efectuando deportaciones de aquellas llegadas irregulares. Un procedimiento que ha venido sucediendo durante varios meses, al mismo ritmo que nuestros principales socios europeos.
La controversia recae sobre la postura de los conservadores expresada en el Congreso de los Diputados durante una discusión centrada en la revisión de una Propuesta de Legislación Popular (PLP) para regularizar la situación de cerca de medio millón de inmigrantes sin papeles que ya trabajan en España. Se espera que este tema retorne a la sala de debates en las próximas semanas según el calendario. Esto ocurre en medio de la actual crisis humanitaria en el mar y la frontera con Marruecos, que parece agravarse en el último trimestre debido a la calma de las aguas atlánticas. El debate tuvo lugar el martes 9 de abril de este año, y la encargada de representar la posición crítica pero dialogante del Partido Popular (PP) fue Sofía Acedo, diputada de Melilla y portavoz de la Comisión de Migraciones. Su defensa consistió en un enfoque intermedio de las políticas «profundas» y «estructurales» que el PP ha definido recientemente, además del apoyo a los canales de inmigración legales.
En un segundo debatir de la enmienda introducida por Vox a esta regularización, que ya se había convertido en una proposición de ley el 13 de junio, Acedo planteó una directriz similar a la que ha causado críticas en el PP, desde Alberto Núñez Feijóo hasta Tellado. Acedo solicitó una «mayor vigilancia de nuestras fronteras (…) el fomento de acuerdos con países de origen y tránsito para que la colaboración sea verdadera y efectiva, y un sistema eficiente de cooperación internacional». Sin embargo, también hizo hincapié en «promover la migración circular, mejorando y acelerando los procedimientos para arribos de manera organizada a nuestro país».
Tanto los populares como los socialistas han coincidido en su enfoque respecto a los requerimientos básicos del discurso inmigratorio. Sánchez ha mostrado una posición matizada, defendiendo la inmigración legal como medio para desalentar a las mafias y a los que dependen de ellas. Ha hecho un llamado al cumplimiento de la ley y las deportaciones en conformidad con las normas del Derecho Internacional. Por su parte, el Partido Popular, aunque Tellado mencionó «deportaciones masivas», reafirmó que no las apoyaría, pero insistió en una actitud firme y defensiva ante las llegadas. Esta actitud podría ser un punto de partida para diálogos que hasta el momento, ambas partes se han negado a considerar. «Cuando rectifica, acierta», expresó Tellado acerca de Sánchez desde San Sebastián (Guipúzcoa).
Hay presión marcada por parte de los socios políticos. A diferencia de acuerdos como el judicial o institucional, la cuestión migratoria posee una gran carga emotiva que a menudo impide un diálogo objetivo. La presión que ejerce Vox sobre el Partido Popular es evidente, en especial después de la fractura política de las alianzas regionales que se dio a mediados de julio, cuando se aceptó el reasentamiento en la península de 347 menores migrantes de Canarias y a menor grado de Ceuta. Con un partido como Vox que a lo largo del año ha mostrado resistencia y planea expandirse nacionalmente, el Partido Popular ve crucial adoptar un enfoque más duro como estrategia de resistencia y confrontación. Buscan un balance entre posiciones centradas y conservadoras similares al modelo europeo, vistas favorablemente en las políticas de Giorgia Meloni en relación a los extranjeros.
Si el Partido Popular (PP) se acercara al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Bambú podría usar esto para fortalecer su narrativa en contra de ellos. Dado que el PP ha quedado en minoría en seis regiones, necesitarán tener la capacidad de formar acuerdos, en caso de que los socialistas no estén dispuestos a hacerles concesiones o reformar las acciones que han llevado a cabo con Vox hasta ahora. Si el gobierno decidiera reforzar las políticas migratorias, como se ha solicitado en trece propuestas presentadas al Congreso, el PP podría utilizar esto para defender su postura en contra de Abascal con argumentos más pragmáticos.
A pesar de las solicitudes de Fernando Clavijo, presidente de Canarias, el PSOE se ha negado a cambiar su posición, lo que demuestra que Sánchez no quiere ser influenciado por el PP en este tema. Pilar Alegría, portavoz del PSOE, ha ignorado las propuestas del PP. En gran parte porque si se parecen demasiado a las del partido Vox, cualquier adopción de una de estas propuestas podría interpretarse como un acuerdo con sus principios. En las filas socialistas, ya ha habido críticas hacia Tellado, tachándolo de «xenófobo» por hablar de deportaciones, mientras que cuando Sánchez propone medidas similares, no se ve de la misma manera.
En efecto, tras la ‘enmienda’ de Sánchez, Sumar y Podemos han demostrado su firmeza. Aunque los magentas evitaron hacer advertencias condicionales, la presidenta Yolanda Díaz ha criticado al presidente por aceptar las teorías de la derecha. «El usar la misma estrategia en inmigración que la derecha es un fallo y un error. Nuestras políticas deben centrarse en la acogida y la solidaridad, no en las deportaciones a gran escala. Nos referimos a los derechos humanos». Finalmente, es un realces de las posturas frente al PSOE de cara al electorado que, en las últimas campañas, ha favorecido en gran medida a los socialistas.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, amenazó con derribar la mayoría de la investidura, que ya está significativamente afectada, si Sánchez sigue aceptando la narrativa de la derecha sobre las deportaciones. Esto se debe a que España se ha mantenido en la quinta posición en deportaciones en Europa durante meses, es importante resaltar que con cifras mínimas, y que se logró el récord más reciente a inicios del 2023, cuando compartían gobierno.
«Si Sánchez acepta toda la retórica racista de la derecha, estaremos tan opuestos a él como ellos», escribió. Frente a los vídeos promocionales del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, en los que la ministra Elma Sáinz reivindica proyectos ya existentes de «migración circular», Belarra, también a través de X, ha denunciado que el apoyo del PSOE y del PP a estas medidas, «no es más que un eufemismo» para tener «trabajo barato que las empresas del agro negocio pueden explotar para seguir obteniendo ganancias millonarias». Advierte al PSOE: «Para eso ya tenemos al PP. Sin mencionar los casos de violencia sexual que sufren estas mujeres».
Ante el estancamiento del diálogo, tanto Clavijo en las islas como Juan Jesús Vivas en Ceuta, piden ayuda y una respuesta consensuada, señalando que esta podría ser la única solución posible. Hasta ahora, el gobierno canario solo cuenta con la promesa de continuar con la ayuda económica que considera insuficiente ya que es similar a los 50 millones de euros de 2022 y 2023, a pesar de que la presión migratoria es menor. Aunque Ceuta ha visto su presupuesto para cuidar a los niños migrantes quintuplicado hasta llegar a los 4,5 millones de euros actuales, todavía se considera muy bajo. Las instalaciones presentan una sobreocupación del 500% en las 88 plazas que están disponibles.
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