Santiago Abascal, jefe del partido Vox, da inicio a la efervescencia del nuevo año político con una advertencia. Estableciendo su ritual de apariciones semanales alrededor del mediodía, Abascal manifiesta su poder frente al PP, marcando la segunda fase de una ruptura regional que tuvo lugar en el mes de julio.
En aquél período, la decisión del PP de distribuir 347 de los 400 menores extranjeros no acompañados en toda la península, una iniciativa que se había postergado desde abril, impulsó a Vox a abandonar los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, y también a cesar su apoyo en Baleares.
No obstante, el partido continúa manteniendo su lugar en los gobiernos municipales.
Desde la sede nacional en Bambú, el apoyo de Abascal al PP para los importantes proyectos a final de año, como la aprobación de los nuevos presupuestos por región, está sujeto al cambio de posición migratoria del partido. El lider de Vox exige que se cumplan las condiciones que fueron implicitamente acordadas durante la firma de las alianzas. Abascal, criticando la gestión del PP hacia sus votantes como «un gran fraude», asume una postura de oposición. Al igual que antes, compara al PP y PSOE como partidos con metas similares, algo que cree que se evidencia a través del acuerdo en Bruselas con Ursula von der Leyen. Cuando se le preguntó si existía una posibilidad de llegar a un acuerdo respecto a los presupuestos u otros temas de importancia, Abascal expresó su opinión con cautela: «Deben explicar si están dispuestos a cambiar algo sobre esto y si están listos para asumir una posición de oposición [parecen ser aliados de Sánchez]. Deben comunicarnos claramente y ofrecer garantías, ya que es difícil confiar en el PP».
Poco después de la reunión del comité directivo en Génova, se realizó una conferencia de prensa, donde se abordaron temas como la financiación autonómica y las reuniones preparatorias con los presidentes que Alberto Núñez Feijóo llevará a cabo, donde se opondrá al cupo catalán y a las concesiones gubernamentales al separatismo. El vocero nacional, Borja Sémper, junto con el subsecretario de Economía, Juan Bravo, se encargó de comunicar esto, y de responder a Abascal.
Sémper rechazó la idea de que Vox comienza el flagelo contra el PP en esta nueva sesión parlamentaria. «Vox terminó el último periodo así», dijo, agregando que habían percibido que tanto Vox como el PSOE miran al PP como su rival a vencer. Reafirmó la postura del partido como una «oposición y alternativa» a Sánchez y el PSOE.
Cuando se le preguntó acerca de la política migratoria del partido, criticada por Abascal por ser complaciente y por el PSOE por ser extremista, Sémper fue claro. Negó cambios radicales en su postura y aclaró la confusión sobre la política interna del partido, mostrando su apoyo a las expulsiones de inmigrantes ilegales mientras defiende la inmigración «circular» y temporal. Trató de mediar entre las posiciones de Juan Jesús Vivas, líder de Ceuta, y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que son más extremistas.
Nuestro punto de vista es bien sabido. No nos alteramos según las circunstancias. Buscamos una inmigración organizada y ligada al mundo laboral, con un control fronterizo y un trato humano. Anhelamos que este gobierno tenga una estrategia, una política de inmigración. Sin embargo, tras seis años con Sánchez al mando, no cuenta con una. Deseamos algo similar a lo realizado por nuestros vecinos europeos», exigió el político vasco y también congresista.
Dialogar, pero con respeto a sus demandas
Ante un gobierno que ignora al menos trece proposiciones realizadas por los conservadores en julio, ahora registradas como propuesta en el Congreso, Génova pide que, como con los separatistas, se tenga en cuenta al PP para sentarse a negociar. Entre esas peticiones se encuentra la formación de un fondo de contingencia para que las comunidades puedan gestionar las acogidas, el aumento de personal e instrumentos para luchar contra la inmigración irregular en origen, la intervención de la UE o la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para comenzar a dialogar de manera multilateral. Esto, a pesar de que Sémper este viernes declaró que es «materialmente imposible» llegar a acuerdos con el PSOE en políticas estatales. Al menos con Sánchez liderando. A pesar de ello, este lunes se mostró abierto al diálogo. «Conversamos con todos, con quien sea necesario, pero exigimos que se consideren las demandas del PP. De no ser así, no habrá consenso». «Lo que sugerimos es lo que España requiere. Si optan por ignorarnos, es porque están autoabsorbidos», manifestó Sémper acerca del gobierno.
Además, este enfoque afecta a la Proposición de Ley de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la cual busca regularizar la situación de inmigrantes en situación irregular que ya están trabajando en el país. El plan de regularización contempla a alrededor de medio millón de personas. La proposición fue enmendada sin éxito únicamente por Vox. Sin embargo, el PP ha enfatizado que si la enmienda parcial que presenta el partido no es atendida, no se incluirán en esta regularización a personas que hayan cometido delitos. Es poco probable que el PSOE apruebe la ley si no hay negociaciones.
A causa del estancamiento nacional en temas migratorios y con el principal problema migratorio en las Islas Canarias y Ceuta, el presidente canario Fernando Clavijo declaró que su gobierno iniciará acciones legales contra el Gobierno central debido a su «negligencia» al no implementar medidas o propuestas hasta que el PP no apoye una futura reforma al artículo 35 de la Ley de Extranjería, que permitiría traslados peninsulares de jóvenes migrantes para aliviar el desbordamiento de los centros de acogida. Por otro lado, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuestiona a Clavijo por no presionar al PP, su aliado en el gobierno canario.
Bravo discutió sobre las negociaciones relacionadas con la sucesión y elección del nuevo gobernador y vicegobernador del Banco de España, un proceso aún pendiente con el Gobierno. Añadió que la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, es la encargada de llevar a cabo ese diálogo. Al mismo tiempo, Bravo estableció condiciones y excluyó la opción de aceptar a José Luis Escrivá, el actual ministro de Transformación Digital. Insisten en asegurar «la independencia institucional» y en seleccionar a una persona «con trayectoria». «Analizaremos la propuesta del Gobierno cuando la conozcamos. Pero no intercambiaremos fichas. Si la propuesta consiste en moverse de una posición en el ministerio a otra, ya hemos declarado que no», afirmó rechazando a Escrivá. Especialmente después de llegar a un acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ en estos términos, evitando que las personas de la política den el salto a la judicatura.