El panorama migratorio nacional se está enfocando hacia una retórica pura, en medio de una crisis de llegada de botes inmigrantes a las costas de Canarias y la incursión de menores migrantes desde Marruecos a Ceuta. No hay opciones más allá del estancamiento de las posiciones: la del Gobierno, que busca reformar la Ley de Extranjería sin llegar a un acuerdo con la oposición; la del Partido Popular (PP), que sigue oscilando en este tema, intentando equilibrar una postura estatal y proactiva con trece sugerencias propuestas, a la vez que lamenta la falta de iniciativa de Moncloa, y se encamina hacia una postura más restrictiva sobre la inmigración tras la ruptura regional con Vox.
Mientras tanto, los gobiernos de Fernando Clavijo en las islas y de Juan Jesús Vivas en la ciudad autónoma, resisten la presión y piden una estrategia unificada y consensuada que involucre a todos los actores nacionales y a la UE.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que desea que la presión lleve al PP a desbloquear la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, se encuentra en un lugar difícil durante su tour por África para fortalecer los acuerdos de cooperación con Mauritania, Gambia y Senegal, con las deportaciones de inmigrantes ilegales como tema central. Al principio, después de defender la creación de tratados para una migración regular y «circular», esperando que la sostenibilidad del sistema del bienestar necesitará hasta 250.000 trabajadores para 2025, fue acusado por el PP de crear un efecto llamada. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, recriminó a Sánchez por esto.
Miguel Tellado, portavoz del PP en el parlamento, reprochó a Sánchez por adoptar una postura contraria a la mayoría de los países de la Unión Europea, incluyendo Alemania e Italia, quienes apoyan las «deportaciones en masa». Sánchez, quien mantuvo su posición tanto en Banjul (Gambia) como en Dakar (Senegal), declaró que la deportación de todos los inmigrantes ilegales (excepto los menores de edad, por ley) debería ser la estrategia para desmotivar a las organizaciones criminales que fomentan la migración. A pesar de que estas demandas no son incompatibles, según los socialistas, ha provocado a la formación del PP, que califica estas declaraciones de xenofóbicas cuando son realizadas por miembros del PSOE, pero no cuando son expresadas por Sánchez. Además, exigen una disculpa. Borja Sémper, portavoz nacional del PP, fue el encargado de clarificar la posición de su partido y negar que estén buscando deportaciones masivas, aunque sí apoyan las expulsiones individuales habituales. Cuando Sánchez rectificó su posición, Tellado afirmó que «cuando rectifica, acierta». Según los datos de Eurostat, las cifras de deportaciones son menores a lo reportado.
Las declaraciones de Sánchez desde Senegal provocaron la respuesta de Podemos, un aliado externo de su gobierno. Su secretaria general, Ione Belarra, le advirtió a Sánchez que si respaldaba las deportaciones, perdería su apoyo en el Congreso de los Diputados. Según Belarra, las personas en situación irregular no están en esa situación por elección, sino por falta de alternativas para migrar. «Si Sánchez decide respaldar la narrativa racista de la derecha, enfrentará nuestra oposición tan seguramente como ellos», escribió.
Yolanda Díaz, la principal aliada del gobierno de Sánchez, también enfatizó que es un ‘error’ adherirse a tales ‘estrategias’. La adhesión a políticas de migración similares a las de la derecha representa un fracaso y equivocación. Deberíamos enfocar nuestras políticas en actitudes de solidaridad y aceptación, no en deportaciones masivas. Este es un tema de derechos humanos’, subrayó Díaz.
Los datos de migración de Eurostat, especialmente las deportaciones de no miembros de la UE, contradicen la noción de que el gobierno no está tomando medidas, tal y como defienden los populares. Pero tambien demuestra que el apoyo de los morados al gobierno carece de fundamento. Contrario a lo que Sánchez ha declarado, España es ya una de las naciones que más deportaciones realiza en la Unión Europea. De hecho, el récord más reciente fue a principios de 2023, cuando los Morados formaban coalición con el PSOE bajo Unidas Podemos.
En este momento, según los datos más recientes de Eurostat, durante el primer cuatrimestre de este año, en que la presión migratoria fue especialmente alta, España fue el quinto país europeo que más deportó. Aunque Alemania deportó más personas, en una clara tendencia al endurecimiento del gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz frente al ascenso de la ultraderecha de AfD, la diferencia con España es de 1.400 personas. España está deportando más que la Italia de Giorgia Meloni, que en el primer cuatrimestre ocupó el decimoprimer lugar en el ranking de 27. Excepto entre septiembre y diciembre de 2023, la tendencia italiana ha sido estable, aunque durante ese período sufrió el mayor número de llegadas a sus costas. Además, la crisis de canoas en Canarias el año pasado ha llevado a que España aumente el número de deportaciones desde 800 a más de 2.500 expulsiones.
Cuando comparas las economías más avanzadas en Europa, España sobrepasa a países como Austria, Países Bajos, Bélgica, y regiones nórdicas tales como Dinamarca y Finlandia. De lejos también aventaja a Portugal, que sólo tramitó 15 expedientes. Estos países mantienen un ritmo de expulsiones más constante y definido, sin las fluctuaciones que demuestra España. Además, durante el último periodo, Francia ha superado a Alemania con 4.205 salidas. En el caso de España, en los primeros cuatro meses de 2024, ya está a punto de sobrepasar el número de deportaciones de 2021, 2022 y está cerca de la mitad de las de 2023.
En relación a los países de origen de la mayoría de deportaciones desde España, Marruecos representa el 21,07% de las mismas, Colombia le sigue con el 10,54% y Argelia con el 6,16%. Respecto a las nacionalidades de las personas que están llegando en estos meses por la vía canaria, procedentes del Sahel, España apenas ha efectuado alrededor de cien deportaciones de nacionalidades como la marfileña, guineana, maliense, mauritana, senegalesa o gambiana. Por otro lado, en lo que respecta a las órdenes de deportación pendientes de tramitación y ejecución, España está en la mitad de la tabla, ocupando el decimotercero puesto, por debajo de las grandes economías y con diferencias significativas. Francia tiene pendientes 34.190, mientras que Alemania tiene la mitad. España tiene por determinar un millar y medio, lo que es un tercio en comparación con el primer cuatrimestre de 2023 y la mitad del 2022.
Las dificultades legales que enfrenta un estado miembro al llevar a cabo las deportaciones se adicionan a estos datos, a pesar de que la regulación europea otorga este derecho excepto en casos de persecución del migrante en su país de origen o cuando su vida se pone en peligro por una situación conflictiva, como una guerra. Según Frontex, la mayoría de las deportaciones se deben a la elección voluntaria de los implicados. Otras se estancan en procesos judiciales o diplomáticos y algunos países de origen rechazan las deportaciones. Alemania e Italia han experimentado numerosos casos de dificultades legales para llevar a cabo estas deportaciones. Esta tarea requiere pasos previos como la identificación o el análisis de la situación del migrante.
Por otro lado, España se encuentra en los últimos puestos en cuanto al reconocimiento de asilo, de acuerdo con el último informe anual presentado por CEAR en junio. El informe critica el procedimiento de cita y el surgimiento de un mercado negro de estas citas. Las autoridades solo resolvieron el 12% (11.000 de 88.000 solicitudes) de las peticiones realizadas, una cada diez, en contraposición a la media europea de cuatro. Las solicitudes españolas representan casi un sexto del total europeo. Grecia y Alemania son los países que más resuelven.
Los datos de Eurostat y del Ministerio del Interior también indican que España ofrece más asilo por motivos humanitarios. El doble que Italia. En su mayoría, es importante señalar, el asilo humanitario solicitado a España proviene de América Latina: de Venezuela, Colombia y Perú.
El Gobierno necesita definir su estrategia migratoria en los siguientes meses. Aunque existe una visión compartida entre socialistas y populares de mantener un equilibrio de legalidad y orden, desafortunadamente no han logrado establecer diálogos efectivos. La tensión se ha incrementado debido a la absolución, el hostigamiento del PP hacia Sánchez y su entorno, y la investigación del caso Koldo y Begoña Gómez, además de los debates sobre el financiamiento de Cataluña. Sumar insta a Sánchez a alinearse con las políticas progresistas e iniciar en el congreso una regularización de medio millón de trabajadores en España pendiente desde el inicio del año.
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En los comentarios de las noticias, algunos lectores generan preguntas sobre el ranking de España como receptor de inmigrantes y las cifras de deportación del país. Advierten contra el uso de datos y estadísticas de forma engañosa o sesgada. Al parecer, la idea de que España es el país europeo que más deporta puede ser engañosa y solicitan datos más completos, como el porcentaje exacto de inmigrantes ilegales que son deportados.
Reconocen que debido a su ubicación geográfica, España e Italia son puertas de entrada para numerosos inmigrantes ilegales. La cuestión de las deportaciones, afirman, podría ser relativa, ya que al deportar solo algunos cientos de personas al año, España puede estar en la cima de la lista simplemente porque otros países europeos no están haciendo lo mismo.
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