Isabel Díaz Ayuso y Marga Prohens, gobernantes de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares respectivamente, sienten preocupación de que sus regiones asuman «la totalidad de la carga de la solidaridad entre territorios» tras el pacto para una «singular» financiación de Cataluña.
Exigen al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión de la Conferencia de Presidentes para entender «las especificaciones» de dicho trato.
Esta preocupación se manifiesta en el entorno de ambas líderes después del trato «preferencial» obtenido por Cataluña en la financiación autonómica, «que ha funcionado como moneda de cambio para convertir al socialista Salvador Illa en el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña».
Advierten desde los respectivos gobiernos de que las posibles repercusiones en la financiación autonómica derivadas del pacto entre Sánchez y ERC podrían desencadenar efectos negativos en ambas comunidades debido a un acuerdo político «cuyos detalles y significado aún no se han revelado completamente».
En este momento, sostienen que tres comunidades (Madrid, Cataluña y Baleares) han sido esenciales en la aportación al sistema de financiación autonómica por cifras per cápita, es decir, las comunidades autónomas que destinan más porcentaje de sus fondos fiscales a otros territorios en forma de soporte solidario.
De acuerdo a los últimos datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) relativos a 2022, Madrid proporcionó 7.395 millones de euros; Cataluña 2.088 y Baleares 345. El resto de las comunidades o no contribuyen o reciben dinero de estos fondos directamente. Si una de las tres comunidades que sostienen el sistema deja de hacerlo, tanto Ayuso como Prohens se cuestionan «qué ocurrirá con las dos que continúan aportando», de ahí la solicitud de aclaración.
Se han hecho numerosas peticiones a Pedro Sánchez para que convoque la Conferencia de Presidentes, llamado que no ha sido realizado desde 2022. Esta demora contraviene las reglas que estipulan que el gobierno debe convocar al menos dos conferencias similares por año. Según se afirma, se necesita esta reunión ahora más que nunca para que el primer ministro pueda aclarar cómo la decisión de Cataluña de abandonar el régimen común de financiamiento territorial afectará a las demás regiones autónomas.
Madrid sostiene que declina el contingente catalán debido a las potencialmente desastrosas repercusiones que podría tener en otras regiones autónomas si Cataluña disminuye sus contribuciones. Ayuso teme que el «singular» financiamiento implica que Cataluña tendrá más recursos que nunca, mientras que Madrid y las Islas Baleares se verán obligados a soportar la mayor parte de la solidaridad, para compensar lo que Cataluña ya no contribuirá al fondo común. Por lo tanto, insta por un modelo equitativo sin privilegios para ningún territorio.
Prohens, por otro lado, teme que el costo de solidaridad pueda tener efectos perjudiciales para los ciudadanos de las Islas Baleares. Según él, la decisión de Cataluña de abandonar el régimen de financiamiento común podría costar «decenas de miles de millones de euros», lo que podría obligar a un aumento de impuestos o a recortes en los servicios públicos. Estas políticas son contrapuestas a las que ha implementado la líder del Partido Popular en su mandato. Por ello, enfatiza que no permitirá ningún trato especial para Cataluña a costa de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Conforme a lo que Prohens le comunicó en su única reunión en Mallorca el 23 de julio, exige a Sánchez que enfrente finalmente un nuevo sistema de financiación autonómica. Prohens sostiene que este debería centrarse en la principal de ordinalidad, de tal manera que la tercera comunidad que aporte más en términos per cápita ocupe uno de los primeros lugares en recibir fondos del sistema. Esta es una demanda que el archipiélago ha estado realizando desde hace tiempo. Además, pide que el sistema considere las dificultades ocasionadas por el aumento de la población, ya que las islas han experimentado un incremento poblacional del 50% desde 2020, y tienen que proporcionar servicios a los nuevos habitantes.
Asimismo, solicita algún tipo de medida compensatoria para las regiones donde el costo de vida es más elevado. El gobierno de Prohens subraya que el costo de los servicios es más alto en comunidades como Baleares, donde es difícil contratar a trabajadores del sector público. La última petición de las islas es que se conserve la principal de compensación por insularidad.
El equipo de Prohens destaca que Baleares es una de las tres comunidades que dejarán de percibir ingresos propios de sus impuestos en 2025 para destinarlos a la solidaridad con otras regiones. En el próximo año, la «factura» por la solidaridad interterritorial ascenderá a 449 millones de euros, una suma que se desviaría de las islas a otras comunidades. En 2025, Baleares recibirá 4.004 millones en concepto de financiación autonómica, lo que implica que más del 11% del dinero que los ciudadanos de Baleares pagan en impuestos se destinará a financiar recursos básicos en otros territorios del país.
Las fuentes cercanas a las dos presidentas argumentan que los principios aplicados para financiar a las comunidades autónomas han estado obsoletos durante una década. Aprobados en julio de 2009 con el voto de abstención de las comunidades controladas por el PP, debían haberse revisado y actualizado cinco años más tarde. «Hoy en día, seguimos con un modelo que no refleja la realidad actual de la demografía y los cambios que se han observado. Hasta ahora, Pedro Sánchez no se ha atrevido a abrir este polémico debate y este asunto pendiente ha estallado después de proporcionar a Cataluña una financiación ‘única'», critican.
Recuerdan que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado a los presidentes autonómicos el 6 de septiembre para intentar llegar a un consenso en este asunto y enfrentarse juntos al futuro del debate sobre la financiación autonómica. Las comunidades del PP también iniciarán una batalla legal contra el acuerdo fiscal catalán y ya han manifestado su oposición total al acuerdo para una financiación especial para Cataluña, que según el PP «destroza la solidaridad fiscal» entre las comunidades y establece un arreglo disfrazado similar al que tienen el País Vasco y Navarra.
El PP ha decidido luchar a nivel legal contra este cambio modelo unilateral. Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que las comunidades del PP impugnarán este paso ante el Tribunal Constitucional. También ha dicho que apelarán cualquier evolución normativa que requiera ante los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
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