El ex presidente Carles Puigdemont ha procurado remover al juez Pablo Llarena de la instrucción del procés hasta en siete ocasiones desde su fuga en 2017. Ahora, mediante una táctica defensiva mas reciente, Puigdemont ha dirigido una queja hacia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando una sanción para el juez por demorar más tiempo del permitido por la ley en responder a su recurso contra la decisión de no otorgarle la amnistía.
Sin embargo, fuentes del CGPJ no auguran mucho éxito a esta reclamación.
La última acción de Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y también de los ex consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín, para retirar a Llarena fue a principios de este año.
En aquel entonces, la justificación fue que Llarena había debilitado su neutralidad al aceptar, en noviembre de 2023, un reconocimiento de la Asociación de Fiscales por sus acciones en el caso que juzga a los implicados en el referéndum catalán del 1-0.
Esta séptima tentativa fue sumariamente rechazada por el juez, quien argumentó con los mismos motivos que tres años atrás, cuando también intentaron apartarlo debido a otro reconocimiento. “Sin presentar argumentos nuevos, cabe destacar que los recusantes ya se habían manifestado en contra de la continuidad del instructor por la recepción de un premio en solicitudes de recusación presentadas el 1 de diciembre de 2021. La recusación fue procesada y rechazada [por la Sala de lo Penal]», destacó el juez.
Llarena, en su última intervención, hizo hincapié en que aquellos procesados en ausencia, como es el caso de Puigdemont, no tienen la facultad de desestabilizar a los custodios de la ley. Es decir, un individuo que evade la justicia española no puede procurar la remoción de sus perseguidores. «La primera necesidad para la protesta es que los que la presentan dispongan de legitimidad procesal para interponerla, dada su condición de rebeldía durante la formulación de la misma», aclaró Llarena.
Desde el comienzo, ha habido tensiones entre el juez y el provocador secesionista. El juez ha explorado exhaustivamente a través del ordenamiento jurídico europeo para encontrar formas factibles de hacer que Puigdemont rinda cuentas en España. Inició una travesía judicial con solicitudes de extradición a diversos países que Puigdemont, líder de Junts, ha intentado eludir acudiendo a todas las cortes e instituciones europeas disponibles.
La última determinación de la comunidad vino del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que hace justo un año dictaminó la correcta remoción de la inmunidad de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Desde entonces, parece haber transcurrido una eternidad. Puigdemont ya no es diputado en ese lugar, pero Llarena ha evitado reactivar la orden europea, debido a la recién aprobada Ley de Amnistía en España.
El más reciente reclamo de Boye, representando a Puigdemont y Toni Comín, se realizó el 19 de agosto, en respuesta a la interpretación que se ha hecho de la ley de perdón. El Tribunal Supremo establece que la malversación de fondos, tal como transcurrió en el procés, no puede aplicarse a la ley. Por lo tanto, el 1 de julio decidió mantener a Puigdemont procesado, y recordó a las fuerzas de seguridad estatales que deberán detenerlo si regresa.
Boye muestra su disgusto por la reincorporación del juez tras sus vacaciones para inquirir a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior sobre otra huida. No obstante, el juez aún no ha respondido a las objeciones que la Abogacía del Estado y la Fiscalía presentaron a su decisión de julio. Es esencial que Llarena procese este recurso para que el caso pueda avanzar hasta el Tribunal Constitucional, en donde los independentistas tienen depositadas sus esperanzas acerca de la interpretación de la amnistía.
En lugar de volver a presentar una queja directamente a Llarena, el abogado ha optado por dirigirse al recién renovado CGPJ. Solicita que se le imparta una sanción a Llarena por no responder a su recurso de manera oportuna. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, argumenta Boye, el juez debería haber respondido en la primera quincena de julio, y considera que este retraso es crítico ya que sostiene medidas que limitan la libertad personal de los denunciantes, incluyendo su libertad de circulación.
Las fuentes al interior del Poder Judicial catalogan esta acción como «una tontería» y señalan que esta queja no tendrá «absolutamente ningún» avance. Explican que, por el momento, no se ha designado a un promotor para la acción disciplinaria, que es quien propone las sanciones para los jueces.
Este cargo, que evalúa el comportamiento de los jueces denunciados y propone diversas sanciones al pleno, cesa interinamente cuando el CGPJ lo hace, dejando el asiento vacante. Los 20 miembros recién designados aún deben seleccionar al presidente y, posteriormente, tendrán que organizar cargos internos como el del promotor. No será hasta entonces cuando se procese la queja de Puigdemont.
Como se ha consultado con varias fuentes, parece poco probable que prospere, dado que los jueces a menudo se toman su tiempo para responder debido a la pesada carga de trabajo en muchos tribunales. Esto es motivo de frustración para muchos abogados que luchan ajustándose a los plazos procesales, pero después esperan meses para recibir una respuesta judicial.
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