Hoy, los diez representantes conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron sin éxito pasar una declaración en el pleno expresando su «firme desacuerdo» con las críticas de ciertas figuras políticas. Estas figuras, incluyendo a Óscar Puente, Ministro de Transportes, han acusado al Tribunal Supremo de sobrepasar su autoridad en la aplicación de la amnistía.
Según informes del organismo, el grupo progresista impidió la inclusión de este acuerdo en la agenda del día.
El borrador de los conservadores, obtenido por El Independiente, argumenta que «afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita en su interpretación de una ley – una función claramente establecida por la Constitución – constituye una violación de los principios de separación de poderes y el mutuo respeto».
Aunque el documento no menciona explícitamente a Puente ni a otros miembros del Gobierno, fue Puente quien la semana pasada acusó a los jueces de malinterpretar las leyes de indulgencia, durante una entrevista en RNE.
La declaración continuaba argumentando que «estas afirmaciones solo logran desacreditar a la Justicia y poner en duda su independencia». Afirmaba además que «no puede existir democracia ni Estado de Derecho sin la percepción ciudadana de un Poder Judicial independiente. Las mencionadas declaraciones son graves no solo por quiénes las hacen sino por ignorar los llamamientos de respeto a la justicia realizados tanto por el Pleno como por la Comisión Permanente de este organismo, respaldados por el Informe sobre el Estado de Derecho en España de 2024, emitido por la Comisión Europea el 24 de julio de 2024».
La intención de aprobar una declaración que incluía un «enérgico rechazo» a ciertas expresiones y abogaba por «moderación y prudencia en las críticas a decisiones judiciales», formaba parte de los planes de los vocales seleccionados por el PP. Esta declaración fue respaldada por los vocales José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal. El texto sigue la misma línea que sus antecesores, quienes aprobaron en varias ocasiones medidas similares para proteger la profesión judicial de los ataques de ciertos políticos, tal como se evidenció en la aprobación de la ley ‘solo sí es sí’ o durante el debate de la ley de Amnistía en el Congreso.
Según fuentes que asistieron a la reunión de este martes, la propuesta no prosperó debido a que los vocales de la oposición se negaron a añadirla a la agenda, ya que el organismo todavía necesita determinar su creación ante la falta de un presidente.
Durante la reunión de este lunes, se ratificaron 112 convenios relacionados con asuntos urgentes de los jueces (jubilaciones, licencias, etc) que estaban pendientes desde julio y se acordó convocar una nueva reunión el 2 de septiembre para encontrar una solución al problema de la presidencia. Como adelantó este medio, el pleno está buscando varias fechas antes del 5 de septiembre con la intención de que el discurso de apertura del año judicial sea pronunciado por el nuevo presidente elegido.
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