En cualquier instante, se podría implementar una estrategia alternativa. A medida que avanzamos hacia la segunda mitad de agosto y nos acercamos al inicio del año judicial, no hay un consenso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acerca de si habrá un presidente presente durante la ceremonia y que pronuncie el discurso ceremonial frente al Rey Felipe VI.
Según algunas opiniones recabadas por El Independiente del CGPJ, hay una intención clara de esforzarse hasta el final y reunirse «al menos un par de veces antes» del gran día para llegar a un acuerdo. Sin embargo, otras fuentes anticipan un posible escenario menos ideal, sugiriendo que si no se resuelve a tiempo, podría ser el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien haga el discurso en representación del gremio.
El nuevo Poder Judicial fue instaurado el 25 de julio, en un intento por infundir nuevas energías en la institución tras cinco años de parálisis política y desgaste judicial. No obstante, los 20 miembros recién nombrados aún no han conseguido consensuar siquiera en su primera misión: seleccionar un presidente que ocupe simultáneamente las funciones de la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo.
Por lo tanto, es posible que por otro año consecutivo, el Rey Felipe VI presida un evento inusual el próximo jueves 5 de septiembre, con un presidente interino, en este caso del alto tribunal, encargado de pronunciar el discurso inaugural del año académico. Marín Castán ya está familiarizado con estas circunstancias, dado que asumió el mismo rol el año pasado tras la renuncia de Carlos Lesmes.
Su discurso recibió elogios posteriormente en los habituales círculos donde jueces de todas las instancias dialogan entre sí y con los periodistas presentes. «Hay momentos en los que es preciso dejar de lado las emociones, el tribalismo, e incluso las posturas partidistas, en favor de principios constitucionales superiores», afirmó en una proclama que podría ser apropiada también para el año 2024.
Algunos informantes del Consejo son optimistas y esperan que la inauguración del año judicial sea presidida por un nuevo líder. Los miembros se reunirán este lunes para tratar algunos asuntos «urgentes» de la profesión, pero no para votar, puesto que no todos están en Madrid y prefieren no realizar la votación de forma telemática. Sin embargo, planean establecer una fecha previa al 5 de septiembre para volver a deliberar. «Estamos en comunicación constante y pegados al teléfono», comenta un miembro destacando que se está trabajando en encontrar soluciones para desbloquear la intervención. Algunos, incluso, adelantaron sus vacaciones para tener sus calendarios completamente disponibles lo antes posible.
No importa quien sea el orador, se espera que en esta ocasión, su discurso defienda la independencia judicial frente a los ataques recibidos por miembros del Gobierno. No se anticipa una mención directa al caso abierto contra la esposa del Presidente del Gobierno, ni a la denuncia que Pedro Sánchez ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado, ya que estos discursos suelen medirse con una delicadeza verbal. No obstante, se espera que se destaque la protección del Poder Judicial y la relevancia de la separación de poderes.
Un sentir generalizado dentro de la profesión observa que la continua incertidumbre sembrada sobre la judicatura, mencionando el lawfare (impensable hace un año) o acusaciones de «no aplicación» de leyes como la amnistía, genera en la opinión pública un ambiente de desconfianza hacia los jueces que no favorece a la democracia. Por ello, algunos solicitan que el discurso de inauguración del año judicial respalde estos sentimientos entre las togas.
Es probable que se discuta sobre los puestos vacantes en los altos tribunales. En el último año, según Marín Castán, la situación en el tribunal supremo es «desoladora», con una falta notable de 23 plazas. Castán mencionó que la primera víctima de este problema es sin duda el justiciable. El número de vacantes ya ha aumentado a 26, lo que representa el 30% del Supremo.
Posible acuerdo antes del quinto día.
El pasado 5 de agosto, los vocales se separaron sin haber seleccionado a un presidente después de tres intentos. Este lunes, se reúnen para discutir asuntos ordinarios urgentes como las jubilaciones o las convocatorias de los jueces suplentes. Algunos participarán físicamente, mientras que otros lo harán digitalmente. Por esta razón, no desean incluir un acuerdo tan significativo como la elección de un líder en la agenda del día.
La legislación que regula el poder judicial requiere que el presidente sea seleccionado por tres quintos de los vocales. Como resultado, una de las facciones debe ceder. Ambos lados se acusan mutuamente de provocar el bloqueo. Según una fuente de la facción progresista, el grupo conservador se muestra irreductible, no están dispuestos a negociar y por tanto, es poco probable que la situación se resuelva pronto. Para ellos, es inaceptable que no se nombre a una mujer como presidenta.
Durante 44 años, argumentan que es incomprensible que nunca ha habido una mujer al mando y que solo el 13% del Tribunal Supremo está compuesto por mujeres. Según ellos, si este es el caso, la institución parece no representar los valores democráticos y la diversidad ciudadana. En cambio, los conservadores creen que esta imposición proviene de La Moncloa y que lo fundamental es seleccionar a un líder consensuado, independientemente de su género.
El conjunto de postulantes es fijo, y parece haber un consenso al respecto. Los progresistas proponen a tres damas: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso, siendo esta última la más votada. Por otro lado, los conservadores sugieren a dos mujeres y dos hombres: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Pablo Lucas, siendo este último el preferido de los miembros seleccionados por el PP.
Está negada cualquier posibilidad de agregar nuevos candidatos, ya que así se acordaron las normas antes de iniciar. Las posiciones están estancadas, aunque algunos depositan su confianza en que el periodo estival haya ayudado a destrabarlas. Lo que persiguen los consultados es que haya más de un encuentro previo al encuentro con el rey Felipe VI y que puedan llegar a un consenso. En caso contrario, deberían acordar también quién pronunciará el discurso, pues algunos asumen que será Marín Castán, pero otros no ven tan factible que él pueda encargarse de dicha responsabilidad con un nuevo CGPJ.
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