El Tribunal Supremo está concentrando sus recursos en clarificar cómo el exlider Carles Puigdemont logró escapar de Barcelona, realizando consultas solo a los Mossos d’Esquadra y al Ministerio del Interior. Aunque hayan surgido acusaciones en días recientes contra personas que podrían haberlo asistido en su salida de España, como su abogado Gonzalo Boye, las fuentes legales indican que su abogado o la tenista paralímpica que manejaba el vehículo en el que se escapó, no pueden enfrentar cargos penales.
Algunos expertos en el tribunal superior sugieren que el juez Pablo Llarena tiene capacidad para tomar acciones solo contra los funcionarios públicos que contribuyeron activamente a la fuga del líder de Junts, que ha estado fuera de España desde 2017, o por omisión (no cumpliendo con su deber de actuar).
En particular, se hace referencia al artículo 408 del Código Penal, que establece que «la autoridad o funcionario público que no cumpla con sus funciones permitiendo de manera intencionada que el delito o sus responsables no sean perseguidos será inhabilitado para empleo o cargo público durante seis meses a dos años».
Este mismo código define claramente a un «funcionario público» como alguien que «participa en el ejercicio de funciones públicas por elección o nombramiento de una autoridad competente». Por ende, todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están incluidos en este grupo.
Incluso el ministro Fernando Grande Marlaska, quien admitió en un informe ya enviado al Tribunal Supremo, que no se implementaron controles extraordinarios para detener a Puigdemont hasta que se tuvo noticias de su posible fuga. Su accionar puede ser considerado penalmente si el magistrado así lo estima.
El líder de los Mossos, Eduard Sallent, y los comisionados que planearon el operativo con la intención de detener al separatista al entrar al Parlament para asistir a la jura del poder de Salvador Illa, se encuentran en la misma situación. La justicia deberá decidir si hubo negligencia en la acción o si fue un error no punible, porque el arresto nunca sucedió.
Las circunstancias son similares para los tres oficiales de la policía autonómica arrestados hasta ahora, acusados de asistir en la fuga de Puigdemont. Aunque estos podrían enfrentar juicio, es incierto si serán condenados ya que ninguno estaba en servicio ese día, sino en vacaciones o días libres para responder a las necesidades del fugitivo. Esta es una circunstancia diferente a si hubieran estado uniformados.
Por otro lado, es probable que algunos políticos también sean citados para testificar por su participación en el caso. Por ejemplo, el Secretario General de Junts, Jordi Turull, quien acompañó a Puigdemont en el escenario del Arco del Triunfo el pasado 8 de agosto y compartió información sobre la ubicación de su colega de partido. «Turull es un funcionario a efectos legales. Pero no estoy seguro si es delito acompañar a un delincuente», duda una fuente del tribunal superior. En cualquier caso, todos los interrogados han sido cautelosos y advierten que aún se deben analizar detenidamente los informes solicitados por Llarena para determinar contra quién se puede actuar, si es que se puede.
El partido separatista ha publicado un video en sus redes sociales recientemente, donde varios políticos se «autoincriminan» por haber protegido al expresidente durante su breve visita a Cataluña. Bajo el eslogan «yo también acompañé al presidente Puigdemont», afirman que si el Tribunal Supremo considera esta acción como un delito, pueden ser procesados.
No se puede hablar de encubrimiento.
Fuentes jurídicas afirman que las acciones legales que podrían tomar en el regreso de Puigdemont no podrían extenderse hacia Boye ni otras personas individuales. Argumentan que el delito de complicidad (artículo 451 del Código Penal) solo se aplica cuando se ocultan ciertos delitos específicos, no todos.
Por ejemplo, si la deportista paralímpica Bárbara Vidal, quien presuntamente transportó a Puigdemont en un Honda blanco luego de su discurso, hubiera ayudado a un terrorista, podría ser enjuiciada. De hecho, si el ex presidente aun enfrentara cargos criminales en el caso de Tsunami Democràtic (que se ha cerrado) la situación hubiera sido distinta.
Sin embargo, esto no es lo que ha sucedido. El delito de complicidad solo se aplica cuando alguien ayuda a evitar una investigación o a evadir una orden de arresto para los responsables de delitos como traición, asesinato de miembros de la corona, genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra individuos y propiedad protegida, rebelión, terrorismo, asesinato, piratería, tráfico humano o tráfico ilegal de órganos.
En lo referente a Boye, quien es el abogado del acusado, la situación es aún más difícil. «Un abogado nunca tiene el deber de detener a su cliente y presentarlo ante la corte», explican. Esto plantea dudas también acerca de los mossos d’Esquadra que actuaron en sus días libres. La Audiencia Nacional anteriormente absolvio a dos de ellos en 2018 cuando el ex presidente fue detenido en Alemania y estaba acompañado por dos agentes fuera de su horario laboral. El tribunal penal señaló años después que, dado que Puigdemont ya no estaba acusado de rebelión (delito que habría permitido la complicidad) y que se había desestimado con el fallo del procés, esos mossos, aunque obstaculizaron a la justicia española, no podían ser condenados.
Puigdemont describe su escape de España, afirmando que no necesitó esconderse en un maletero, simplemente se subió a un automóvil que lo llevó a la frontera. Además, la anmistía parece fallar, exonerando principalmente a los policías mientras el gobierno aumenta su presión sobre el Supremo. Se informa que el Departamento de Interior buscó a Puigdemont hasta dos días después de su desaparición de Barcelona. Por otro lado, miembros del parlamento y senadores de Junts han admitido ante los tribunales que acompañaron a Puigdemont.
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