Las estimaciones respecto a la implementación de la amnistía siempre han variado y dependen de a quién se le consultara. Según algunos representantes de Junts, los beneficiados podrían ascender a 1.500, un número que se contradice con el de la Fiscalía, que mencionó 486 individuos elegibles para el perdón.
La realidad, sin embargo, es muy diferente tras dos meses de la entrada en vigencia de la ley. Aunque no hay una cifra oficial, de acuerdo con la información de este medio, menos de 100 personas han recibido amnistía y paradójicamente, cerca de la mitad son Policías o Mossos d’Esquadra, quienes no están vinculados con el independentismo catalán, por el cual se originó la ley.
El documento aprobado por el gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de junio pasado, urgiendo a los jueces y cortes a aplicar la ley de forma «preferencial y urgente», con un plazo específico de dos meses. Este plazo ha culminado y los resultados de la ley están distantes de las expectativas independentistas, ya sea por la incertidumbre de los jueces para aplicarla o por el prolongado tiempo que lleva esperar que las cortes superiores emitan un veredicto. Todas las esperanzas están puestas en el Tribunal Constitucional, pero el procedimiento será extenso y desde el gobierno se empuja cada vez con más énfasis para que los jueces del Tribunal Supremo reevalúen sus resoluciones.
La última semana ha estado llena de mensajes de funcionarios gubernamentales dirigidos a los jueces, lo cual ha generado inquietud entre estos últimos ya que sienten que los políticos están intentando alterar su criterio jurídico. Se percibe una interferencia. Los comentarios del ministro de Transporte, Óscar Puente, en los cuales acusó al Tribunal Supremo de ir más allá de sus límites en su interpretación de la amnistía, ha provocado un malestar destacable en la judicatura, sin embargo, no son los únicos. Los comentarios de Félix Bolaños, ministro de Justicia, a cerca de la «desobediencia» de la ley tampoco han sido bien recibidos entre los jueces.
A pesar de las primeras estimaciones y todo lo que se predijo sobre el regreso del ex presidente catalán Carles Puigdemont cuando la ley entraba en vigor, pocas de estas proyecciones se han materializado. El flujo de personas amnistiadas ha aumentado principalmente en las últimas semanas, y se espera que las revisiones se reanuden después del receso de verano. Sin embargo, la ley deja una incertidumbre entre la malversación y el terrorismo que amenaza seriamente la absolución de Puigdemont y otros líderes independentistas.
Hasta la fecha, la aplicación más masiva ha sido para los 50 policías que reprimieron el voto del referéndum del 1 de octubre de 2017 y las protestas en Cataluña en 2019 tras la sentencia sobre el proceso independentista. De estos, 46 son de la Policía Nacional que estaban por enfrentar juicio por delitos de lesiones y contra la integridad moral, y los otros cuatro son Mossos que esperaban otro juicio por agresiones a manifestantes. Aún se espera el veredicto de la Audiencia de Barcelona sobre el caso más importante relacionado con cuatro oficiales que dispararon una bala de goma en el ojo de un votante el 1 de octubre.
El Estado confirma que la mitad de los individuos amnistiados pertenecen al colectivo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según estimaciones, el número de personas perdonadas se acerca al centenar, aunque no se haya establecido una cifra concreta. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) señala la falta de un recuento oficial debido a la posible ausencia de casos en diversas localidades. Sin embargo, mediante su gabinete de prensa, ha estado compartiendo información sobre cada caso del que tienen conocimiento.
Las cifras incluyen un alto número de activistas independentistas y ciudadanos comunes que participaron en movilizaciones separatistas y fueron posteriormente acusados de desórdenes públicos. Este delito, en general, está siendo perdonado.
No obstante, el criterio del Tribunal Supremo y el del Tribunal Superior de Cataluña no ha sido el mismo. El primero, el 11 de julio pasado, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley, argumentando que, aunque algunos delitos como los desórdenes públicos y atentado contra la autoridad se encuentran incorporados en la Ley, la amnistía puede ser discriminatoria y violar el derecho a la igualdad de todos los españoles.
Según el tribunal, la seguridad jurídica también se ve afectada. Surgió el temor de que si este método de perdón se considera ajustado a la Constitución, cualquier nueva amnistía para delitos cometidos bajo la misma ideología o cualquier otra podría considerarse válida, siempre que sus promotores o partidarios obtengan suficientes mayorías parlamentarias para aprobar una Ley Orgánica. La decisión de si esta amnistía es o no admisible en el sistema legal español, ha sido dejada a manos del Tribunal encargado de proteger la Constitución.
El crimen de desacato ha sido interpretado de diversas maneras, aunque no siempre ha sido admitido. Un ejemplo es el de Marta Felip, ex alcaldesa de Figueres, a la espera de juicio por su respaldo al referéndum ilegal; o Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), a quien el Tribunal Supremo sí le concedió amnistía por desobediencia. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con Oriol Junqueras y otros condenados por el procés, a quienes la sala presidida por Manuel Marchena ha decidido plantear dudas al Constitucional.
Estas personas se revelaron contra este cuerpo al organizar un referéndum que se había declarado expresamente inconstitucional, motivo por el cual surgen estas preguntas. De esta forma, el ex vicepresidente del Govern y los exconsejeros Dolors Bassa, Raul Romeva y Jordi Turrull mantienen sus prohibiciones hasta 2030 y 2031. Por ahora.
Entre quienes han tenido un desenlace favorable con la interpretación jurídica se encuentran el exconsejero de Interior Miquel Buch, que apenas dos semanas después de promulgar la ley, se convirtió en el primer en ser amnistiado por una pena de cuatro años y medio de prisión y 20 años de ineligibilidad después de contratar a un mosso para que sirviera como escolta de Puigdemont en Bélgica; o el empresario vinculado a Junts y mano derecha del ex presidente, Josep Lluís Alay, a quien la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado su causa por supuestos delitos de prevaricación y malversación.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ejercido su propio juicio en casos de malversación, no obstante, cada situación es única. Los altos funcionarios del Govern de 2017 aún deben esperar el juicio debido a la incertidumbre del mismo tribunal, que ha enviado los casos de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó (presumidos arquitectos del 1-O) al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Tribunal Supremo, por su parte, consideró imposible conceder la amnistía por malversación a los líderes del procés, ya que consideró que existió un beneficio personal. Eso ha hecho que el camino para Puigdemont y sus compañeros se alargue aún más. Ahora, deberán esperar el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones y luego acudir al Constitucional. Además, se podrían abrir nuevas líneas de investigación contra el líder de Junts. El juez Joaquín Aguirre negó la amnistía para él y otros 12 implicados en la supuesta trama rusa que crearon para financiar el independentismo con la ayuda de agentes extranjeros.
Este supuesto delito de traición también pone en riesgo la aplicación de la ley en el caso del expresident catalán si el Supremo decide abrir un nuevo caso contra él. La única buena noticia para el líder independentista no llegó de la amnistía, sino de un error judicial del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien se confundió con las fechas de las prórrogas, resultando en que todo el caso de Tsunami Democrátic se viniera abajo.
El futuro judicial de una decena de independentistas acusados de terrorismo, incluyendo a Marta Rovira, se ha aclarado con una decisión reciente. Sin embargo, el delito pendiente aún se relaciona con los conocidos Comités de Defensa de la República (CDR). La Sala Penal de la Audiencia Nacional ha cuestionado la posibilidad de perdonar actos terroristas y considera la posibilidad de consultar a la justicia europea.
El Gobierno ejerce presión
Los políticos ejercen presión detrás del escenario para que la amnistía tenga los resultados que planearon al elaborarla. Puente fue directo durante una entrevista con RNE esta semana. En ella, cuestionó la interpretación que el Supremo ha hecho de la norma y espera que el Tribunal Constitucional la corrija. «Todo lo que lograrán de esta manera [el Supremo] es retrasar la introducción y la aplicación de una ley de amnistía clara y decisiva que debería haber resuelto el problema judicial», dijo literalmente. Bolaños fue más discreto, pero con el mismo mensaje subyacente. El Ministro de Justicia espera que la Sala de Apelaciones del alto tribunal, que ahora debe examinar los recursos de los acusados, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, cambie la posición mantenida por el tribunal liderado por Marchena.
Un capítulo distinto se refiere a los políticos independentistas que han insultado directamente al juez del caso procés, Pablo Llarena, a quien han apodado «Tejero sin mostacho». «Estamos viviendo un golpe de estado judicial», exclamó un senador de Junts.
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