El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio del Interior, ha confirmado que amplió su presencia en la frontera con Francia dos días después de la fuga del ex presidente Carles Puigdemont. El informe entregado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al que El Independiente obtuvo acceso completo, atribuye a los Mossos d’Esquadra la total responsabilidad de las primeras medidas tomadas, pero admite la implementación de 15 puntos de control fronterizo una vez que perdieron rastro de Puigdemont.
La aparición fugaz de Puigdemont en el Arco de Triunfo en Barcelona el 8 de agosto fue como un acto de magia que resultó en que su paradero se perdiera minutos después. El Ministerio del Interior admite en un informe entregado al instructor del proceso catalán que una vez que Puigdemont cayó del radar, se implementaron «medidas reforzadas, combinando controles estáticos y aleatorios» que se extendieron hasta la medianoche del sábado 10 de agosto.
A pesar de que el secretario general del partido independentista, Jordi Turull, declaró esa misma tarde que Puigdemont ya había salido del país, la administración de Grande-Marlaska no lo creyó y continuó su búsqueda en España dos días después. «Los servicios de inteligencia y gestión de información del Ministerio del Interior llevaron a cabo numerosas verificaciones de la información disponible durante todo el jueves 8», afirma el documento.
El informe, sin embargo, no indica por qué estas medidas reforzadas fueron desactivadas, ni si en algún momento tenían certeza de que Puigdemont había abandonado Cataluña. En realidad, ese mismo fin de semana, Puigdemont apareció en un video filmado en Waterloo, Bélgica, donde ha vivido sin dar cuentas a la justicia española durante los últimos siete años.
El ministerio informa que, tras perder la pista del líder separatista, se incrementó la vigilancia en los puertos, aeropuertos y determinados puntos estratégicos de Cataluña y la provincia de Lleida, con la implementación hasta de 15 controles diferentes. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron efectivos.
Además, el ministerio trasladó la responsabilidad a los Mossos d’Esquadra, dirigidos por el comisario Eduard Sallent, a quienes se les ofreció el apoyo operativo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para alcanzar los objetivos del plan y proceder a la captura del fugitivo. Sólo se solicitaron los apoyos habituales.
Destacan que todos los recursos se centraron en el Parlament debido a que Puigdemont había comunicado su intención de asistir al debate de investidura, mencionando explícitamente en un acto público en el sur de Francia que su presencia en el Parlament solo podría impedirse mediante un golpe de Estado.
El ministerio detalla que se había informado de que una vez se encontrase a Puigdemont y se diesen las condiciones ideales, se dispondría un dispositivo específico para arrestarlo y posiblemente trasladarlo a Madrid, siempre que el Tribunal Supremo lo decidiese así.
En estas ocho hojas, el Ministerio del Interior indica que no se implementó un «procedimiento especial» debido a que tenían que acatar la «jerarquía orgánica normal» de comando, respetando el rol de los Mossos en ese plan específico. El Ministerio también recuerda que no es posible ejecutar controles fronterizos de manera regular ya que tanto España como Francia son miembros del espacio Schengen y por ende, sería muy complejo detectar la llegada del ex presidente por carretera.
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