El grupo de escoltas que el ex líder del Govern, Quim Torra, estableció y excluyó del control de la policía de Mossos d’Esquadra se convirtió en el medio en el que varios agentes se comprometieron con Carles Puigdemont, proporcionándole salvaguarda en el extranjero y asistiéndole a evadirse de España una vez más.
De acuerdo con informes de la agrupación, el grupo que se originó en 2019 y fue posteriormente disuelto resultó ser el inicio de lo que finalmente figuró en este mes de agosto: la complicidad de elementos de la seguridad catalana con el líder separatista buscado por la ley.
El 30 de enero de 2019, un año y medio después de que Puigdemont optará por abandonar el país, su sucesor en la Generalitat anunció la formación de un Área de Seguridad Institucional «para asegurar la protección del presidente de la Generalitat, los expresidentes y el jefe del Departamento de Presidencia». La gran mayoría de sus miembros venían del área de escoltas de la policía catalana, el mismo lugar de donde venían dos de los tres mossos que fueron arrestados por su implicación en la breve visita del líder de Junts a Barcelona.
De esta manera, Torra sustrajo al cuerpo de un equipo de 71 agentes que estaban subordinados directamente a la Presidencia, es decir, a los políticos y no al liderazgo de los Mossos. Una acción muy inusual, teniendo en cuenta que ni en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil existen agrupaciones que no estén bajo el control de los jefes de policía y que solo acaten las instrucciones del presidente del Gobierno.
En ese momento, hubo controversia en la policía autónoma que criticó que esta determinación buscaba dar resguardo al ex líder fugitivo en Bélgica. Los mossos pasaron a tener dependencia funcional de la secretaría general de Presidencia (anteriormente formaban parte de la Comisaría General de Recursos Operativos) y quedaron a cargo del inspector Marc Caparrós.
El grupo que algunos llamaban la «guardia pretoriana» de Torra fue finalmente desmantelado entre 2021 y 2022, tras la toma de poder del ERC. Bajo la dirección de Pere Aragonès, el Ejecutivo devolvió la división de escoltas al jefe de los Mossos, reabsorbiéndolos dentro del mando policial. Sin embargo, con el surgimiento de este grupo, varios agentes que desde entonces han sido arrestados se destacaron.
Eduard Sallent fue nombrado comisario y jefe de los Mossos d’Esquadra en junio de 2019, cuando la dirigencia del cuerpo estaba alineada con Mayor Josep Lluís Trapero. Cuando los jueces absolvieron Trapero de las acusaciones relacionadas con su papel del 1-0, Trapero retomó su posición. Pero en diciembre de 2021, el Ejecutivo del ERC lo destituyó alegando una «pérdida de confianza». La policía autónoma fue entregada a Josep María Estela, con Sallent como su segundo al mando. Posteriormente, Estela fue reemplazado, retornando el mando a los protegidos por el independentismo.
Este «cachorro de Junts», como lo llaman algunos, ha estado promoviendo a aquellas personas que le agradan en los últimos años. La jefatura policial ha tolerado que varios mossos del equipo de escoltas se dirigieran a Bélgica en sus días de descanso para encargarse de proteger al expresidente. A pesar de que nunca se ha confirmado oficialmente quiénes son y cómo lo hacen, y aunque el Ministerio del Interior ha negado repetidamente que los Mossos puedan actuar como escoltas en otros países europeos, era un secreto sabido por muchos en Cataluña que esto sucedía.
La situación de que fueran desarmados, dado que no pueden transportar armas fuera del país sin permiso, y que actuaban durante su tiempo libre, generaba una brecha legal que nadie había abordado hasta ahora. Según las fuentes consultadas, Sallent fue el primero en aceptar esta situación sin protestar, a pesar de su evidente disgusto con los involucrados en una conferencia de prensa reciente. «Quiero decir con claridad que es una acción reprochable e inapropiada. Es un insulto a todos los Mossos d’Esquadra. No merecen llevar nuestro uniforme. Su intervención ha dificultado la acción de los Mossos d’Esquadra. Estos no son policías», declaró.
Al asumir el cargo, en una de las primeras entrevistas que concedió a El País, admitió estar consciente de que había agentes que viajaban a Waterloo (Bélgica) para proteger a Puigdemont. «Se ha demostrado en ocasiones pasadas que algunas personas brindan este servicio fuera de su horario laboral. Esto es algo que no debería suceder», comentó. Aunque concedió que «la seguridad de Puigdemont corresponde a las autoridades belgas», afirmó que no había mucho que él, como jefe, pudiera hacer al respecto. «Es complicado, lo hacen en su tiempo libre. No puedo impedir que la gente vaya. Lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo ahora: decir, escuche, esto no es inofensivo, puede tener consecuencias directas para usted y también para nosotros», dijo. Y las tuvo.
El vínculo directo que ciertos uniformados han establecido con Waterloo y su actuación en «días libres» ha sido crucial en la huida del líder independentista reclamado por el Tribunal Supremo durante siete años.
Lluís Escolà, un sargento que se desempeñaba en el área de guardaespaldas, está entre aquellos que se mudaron al país europeo. Es conocido por facilitar la fuga de Puigdemont en 2017 y luego asumió un puesto de asesor del exconsejero de Interior, Miquel Buch. Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea también se unieron a este grupo cuando fueron juzgados por la Audiencia Nacional por acompañar a Puigdemont en su arresto en Alemania en marzo de 2018.
A pesar de que la Fiscalía solicitaba un año y medio de prisión para ambos, fueron exonerados por la Justicia. Esto se debió a que el expresidente fue acusado de sedición en lugar de rebelión, y el delito de sedición no se considera encubrimiento.
El historial de los tres arrestados hasta ahora refleja la influencia del brazo político de Mossos que Torra estableció. Xavier Manso, uno de ellos, era parte del equipo de guardaespaldas de este expresidente y escribió una carta a la consejería de Interior en defensa de él. Torra le elogió diciendo: «Siempre ha demostrado un compromiso profesional, eficiencia y una conducta intachable».
Sin embargo, el nombre de Manso también ha surgido en otras investigaciones, como la de Tsunami Democràtic, en la que se revelaron conversaciones entre José Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, y él. Según un informe de la Guardia Civil, es posible que Manso sea uno de los responsables de la seguridad de Puigdemont en Waterloo.
David Goicoechea, hermano de Xavier Goicoechea, procesado por la Audiencia Nacional, se encuentra entre los detenidos recientes. Tras solicitar libertad el miércoles y juves desde la comisaría de Blanes (Girona), optó por la llamada permitida a todos los detenidos para comunicarse con un consejero nacional de Junts, según reporta El Confidencial.
Respecto a Sallent, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha requerido un informe a la policía catalana para averiguar todos los aspectos del operativo aún no divulgados. El juez a cargo del procés busca determinar responsabilidades y aún está por definir cuál será el papel de Sallent en toda esta situación. Cabe destacar que el Govern recién destituido estaba interesado en promover a Sallent antes de su partida.
El plan de ascenso del comisario jefe fue impulsado por el Departamento de Interior tras adelantar la convocatoria de elecciones catalanas. Sin embargo, esta decisión fue llevada a los tribunales por los sindicatos y finalmente el juzgado contencioso-administrativo número 8 de Barcelona decidió una paralización cautelar del concurso para el rango de Mayor al que aspiraba Sallent. El único agente de este rango, el más elevado en la policía catalana, es Trapero. Ascender a Sallent implica protegerlo, ya que no quedaría subordinado a nadie de rango inferior.
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