El jefe del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha programado una reunión de presidentes regionales del PP y de las ciudades de Ceuta y Melilla en septiembre para discutir la soberanía fiscal catalana acordada entre el gobierno y ERC para asegurar el voto favorable hacia Salvador Illa.
A pesar de que Illa ha sido nombrado presidente de la Generalitat y ha formado su gobierno, aún no se ha revelado los detalles de este acuerdo ni la pretendida cuota de solidaridad que lo acompaña. Nadie, incluyendo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha esclarecido el proceso exacto por medio del cual Cataluña retendrá todos los impuestos recaudados en su territorio y limitará la solidaridad interterritorial.
Con todo esto en mente, Feijóo ha revelado este lunes, en su primera entrevista desde su cirugía de retina, una convocatoria de reunión para sus jefes territoriales. El PP no descarta, tras la reunión, persuadir a aquellos presidentes regionales socialistas que han manifestado su desacuerdo con el acuerdo fiscal catalán, especialmente Emiliano García Page de Castilla-Mancha y Adrián Barbón de Asturias, quienes han sido leales a Pedro Sánchez. Por ahora, Génova se mantiene en silencio sobre posibles contactos previos con estos líderes socialistas, aunque es importante recordar la buena relación que existió entre Feijóo y Page cuando el primero era presidente de la Xunta gallega.
Feijóo esgrimió ayer en Cope la defensa de la solidaridad interterritorial ante desafíos que podrían conducir a un sistema menos equitativo de distribución de renta y riqueza. Invitó a los presidentes socialistas presentes y ausentes a mantener la coherencia política con la historia del PSOE, para evitar que la reforma de la LOFCA sea aprobada al llegar al Congreso de los Diputados. Actualmente, los miembros de el Partido Popular, a pesar de un infructuoso pedido de una declaración extraordinaria de Montero, presentaron una moción en el registro del Congreso el pasado lunes para que el Gobierno aclare los acuerdos previamente establecidos con ERC. Inicialmente, el PP solicita al Gobierno asegurar que el proceso para el nuevo sistema de financiación autonómica se basará en multilateralidad y transparencia, sin negociaciones bilaterales porque «debe ser un proyecto de todos». Proponen también comenzar la negociación de la reforma del sistema de financiación con la llamada a la Conferencia de Presidentes, que han estado solicitando, también sin éxito, desde fines del año pasado por diferentes razones, y con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este órgano, Montero manifestó su rechazo al concierto económico catalán, y pidió que esto quede constancia en acta.
El tercer procedimiento consiste en definir, con base en previas declaraciones de la ministra de Hacienda, la cantidad y método de aumento de capital directo hacia las comunidades «para garantizar un conocimiento previo, asegurarse de que todos se benefician y nadie salga perdiendo», garantizando así una financiación suficiente y servicios equitativos en todo el territorio. Los conservadores proponen crear «un fondo de apoyo transitorio para las comunidades» mientras llega esta financiación, que, debido a su gran complejidad y expirado desde hace diez años, es decir, desde 2014, es vital.
Además, se debe considerar la unicidad de Canarias y Baleares debido a su condición insular y de Ceuta y Melilla en el norte de África. Incluso es imperativo que se hagan cambios al reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera para permitir que las comunidades tengan más capacidad de tomar decisiones. Actualmente, lo único que se necesita es que el Gobierno obtenga el respaldo de una región para que el acuerdo progrese. Esta solicitud ya fue hecha por los socialistas con Mariano Rajoy, del partido popular, en el poder.
La renovación financiera – que excluye al País Vasco y a Navarra – debería, en opinión del Partido Popular, fundamentarse «en la evaluación de datos y la proyección del gasto futuro en salud y políticas sociales». Otro aspecto que destacan en su propuesta es la necesidad de «considerar, en los distintos cálculos, elementos como la dispersión, la despoblación, el envejecimiento y la prestación de servicios», que suelen ser el centro del debate según las especificidades de cada territorio.
El manejo conjunto de los fondos europeos también es una cuestión importante a considerar.
Se ha sugerido que se incorpore una nueva cogobernanza de los fondos europeos en el sistema de financiación, a fin de examinar los existentes y verificar si cumplen los objetivos para los que fueron destinados. Los últimos dos puntos son particularmente destacados, ya que buscan proteger las reducciones fiscales de regiones como Madrid o Andalucía, es decir, «garantizar que se respeten las capacidades normativas de las comunidades autónomas evitando interferencias en sus competencias». Además, se busca instaurar una cláusula de respeto hacia las comunidades autónomas, de modo que «cualquier decisión unilateral del gobierno que tenga repercusiones en las comunidades» incluya automáticamente la financiación requerida.
Este es el desafío más notable de la actual legislatura, la soberanía fiscal catalana ha sido una sorpresa indeseada, no solo para el PP como principal partido opositor, sino también dentro del PSOE -que todavía no ha logrado concluir este debate- y en el Grupo Plurinacional de Sumar, los cuales presentan opiniones muy divergentes.
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