Óscar Puente, el encargado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha dejado en claro este lunes que la fuga reciente del ex líder catalán Carles Puigdemont es una responsabilidad de la Generalitat de Cataluña, y que el Gobierno de España no puede ser culpado por esto.
Durante una entrevista en RNE, Puente destacó que Puigdemont estuvo en gran parte de su evento en Barcelona acompañado de los mossos, y que la Generalitat fue quien tuvo pleno acceso a él.
Puente ha descrito el breve retorno de Puigdemont a España como una «‘performance’ de aparición y desaparición».
El ministro hizo énfasis en que la responsabilidad de la seguridad desplegada corresponde a la Generalitat y a sus agentes, los Mossos d’Esquadra.
En cuanto al control fronterizo con Francia, afirmó que, al estar ambos países en el espacio Schengen, los movimientos son totalmente libres, lo que hace que controlar la entrada de individuos, como Puigdemont, a través de la Guardia Civil española sea «muy complicado». Por último, recordó palabras del jefe de los Mossos, quién comparó la actuación de Puigdemont más a la de un bromista tipo Jimmy Jump que a la de un presidente de la Generalitat.
Francamente, al final todo esto no es más que un alboroto. No creo que beneficie al actual líder ni a Junts. Opino que Junts es un grupo político que requiere renovar sus tácticas. No debería ser que en Cataluña el partido que ha tenido mayor influencia histórica en la comunidad autónoma, ahora se encuentre apartado de los procesos de toma de decisiones y no tenga mayor relevancia en el futuro cercano de Cataluña, esté fuera del gobierno y siga con estas tácticas», criticó. Invita a Junts a modificar sus tácticas.
Puente, sin embargo, está convencido de que Junts cambiará sus tácticas y volverá a ser un partido «práctico, que toma decisiones que afectan la vida cotidiana de los catalanes»: «Creo que ese es el único camino posible».
En cuanto a si cree que el partido de Puigdemont seguirá apoyando el Gobierno de Pedro Sánchez, el ministro ha señalado que piensa que Junts «continuará apoyando ciertas cosas y otras no porque no están en línea con sus ideas políticas».
«Pienso que la situación no variará mucho» en comparación con lo que se ha vivido desde que comenzó la actual legislatura, pronosticó, agregando que no es ninguna novedad decir que Junts es un «partido conservador».
Los magistrados no deben excederse con la amnistía
Respecto a la Ley de Amnistía y que Puigdemont no se haya beneficiado completamente debido a que el Tribunal Supremo se negó a perdonar el delito de malversación, Puente defiende que el Gobierno «hizo lo que podía y lo que debía», y ahora es el turno de los jueces para hacer «lo que corresponde, es decir, interpretar las leyes con arreglo, principalmente a su tenor literal».
Lo que hicimos fue implementar una ley de interpretación explícita y no permitir que los tribunales la sobrepasen, argumentando, por ejemplo, que hubo malversación porque los independentistas ahorraron en su peculio el costo de la campaña de independencia o del referéndum ilegal», lamentó.
La interpretación «no tiene ninguna base», por lo que espera la pronunciación del Tribunal Constitucional. «Todo lo que pueden lograr de esta manera es retrasar la puesta en marcha y la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, es concluyente y debería haber resuelto la situación judicial» del ‘procés’, ha confirmado.
Financiación singular
En cuanto al acuerdo entre PSC y ERC para que Cataluña tenga una financiación singular, Puente ha confirmado que el acuerdo respetará el principio de solidaridad y ha pedido «calma», frente a la desconfianza de comunidades autónomas que son parte del régimen común.
«Lo que debemos hacer es esperar y ver cómo se va concretando este acuerdo, ya que ahora se necesita profundizar en los detalles y desarrollarlo», agregó.
Interrogado sobre si es viable satisfacer las demandas de Cataluña sin disminuir los recursos para el resto de comunidades y si el Estado planea aportar más, el ministro destacó que es importante considerar el sistema de financiación en su totalidad y que «no resulta aceptable» que existan territorios que se quejan de infrafinanciación mientras eliminan la mayoría de los impuestos que cobran, como los de patrimonio, herencias o donaciones.
Pienso que debemos abogar por una co-participación más fuerte de las comunidades autónomas en el ámbito financiero, lo que seguramente implique la necesidad de ajustar algunas resoluciones que se han adoptado previamente. Esto apunta a la necesidad de revisar el sistema de financiación en su totalidad.
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