El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha solicitado informes en relación a la operación diseñada por los Mossos d’Esquadra para arrestar al antiguo presidente catalán Carles Puigdemont. Esta petición precede la decisión de si se procederá a investigar a Joan Ignasi Elena, el conseller de Interior, y a los altos rangos de la policía catalana.
La sala de vacaciones del tribunal ha otorgado un plazo de diez días para recibir el informe de la operación policial y su evaluación subsecuente, con la intención de dictaminar si se admite el procedimiento de las denuncias realizadas por Vox y la asociación ultra conservadora Hazte Oír en contra de Elena y los líderes de los Mossos por el escape de Puigdemont.
Ambas entidades han presentado dos denuncias respectivas en contra de Elena y los altos cargos policiales a cargo del dispositivo de captura al expresidente catalán, debido a su aparición en Barcelona después de siete años en el extranjero. Esto aconteció en un evento cerca del parque de la Ciutadella del que luego desapareció.
Después de recibir las denuncias, la sala de vacaciones del TSJC ha solicitado que se le proporcionen los detalles de la planificación y ejecución del operativo de arresto a Puigdemont, así como información sobre el desarrollo del operativo y la evaluación policial de su implementación.
En el caso de Hazte Oír, su denuncia también va dirigida en contra del presidente saliente de la Generalitat, Pere Aragonès, a quien apuntan como último responsable de los Mossos d’Esquadra, y contra el director general de la Policía, Pere Ferrer. La organización argumenta en su denuncia que «no cabe duda alguna» de que los acusados «eran plenamente conscientes de la ubicación, día y hora a la que volvería el fugitivo» y que, a pesar de tener esa información, no efectuaron el arresto.
El informe indica claramente que la negligencia de los oficiales es evidente, ya que a pesar de tener conocimiento de la ubicación y la hora de la aparición de Puigdemont, eligieron no detenerlo de manera consciente y deliberada. No se debe a la habilidad de Puigdemont para eludir a las autoridades, sino a una clara negligencia por parte de las fuerzas policiales en cumplir con sus deberes, un abandono intencionado y a propósito de su obligación de detención.
Además, Hazte Oír exige que además de la admisión de la demanda, se debe aplicar medidas cautelares contra los acusados, incluyendo la suspensión inmediata de sus funciones públicas, prohibiéndoles salir de España y retirándoles sus pasaportes.
En una línea similar, la demanda presentada por Vox enfatiza que «a la vista de todos y de los propios Mossos, de manera inexplicable», Puigdemont logró volver a España y realizar un evento en Barcelona, algo que «no se puede atribuir a un error, sino más bien a una participación activa» por parte de los acusados.
El escrito del partido de extrema derecha señala que es posible que Puigdemont haya cruzado los 171 km de la frontera con Francia, desde La Jonquera (Girona) hasta el centro de Barcelona, donde dio un discurso en un acto de bienvenida antes de huir rápidamente.
La formación resalta que «queda demostrado que esta inactividad no es por casualidad ni tomada por cada uno de los efectivos por separado, sino que su coincidencia no puede ser atribuida a otra razón que no sea posibles directrices recibidas por sus superiores».
Además, se puede mencionar que el Gobierno catalán sostiene que los Mossos no esperaban una «conducta tan inapropiada» de Puigdemont.
Bolaños atribuye a los Mossos la responsabilidad totalmente por la huida de Puigdemont, minimizando la relevancia del evento. De una comida en Barcelona el martes a una escapada a través de la Francia meridional, así transcurrieron las 48 laboriosas horas de Puigdemont.
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El juez Llarena ha solicitado a los Mossos y al Ministerio del Interior que informen acerca de la operación realizada para detener a Puigdemont.
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