El día de hoy en Cataluña reserva un punto crucial en el mandato de Pedro Sánchez. Si Salvador Illa resulta ser el nuevo presidente de la Generalitat, el líder del Gobierno verá refrendados todos los pasos controversiales que ha venido tomando desde que comenzó a cambiar su punto de vista sobre el proceso independentista.
Incluso si el tan anunciado regreso de Carles Puigdemont a España causa un leve retraso en esa proclamación, los socialistas creen que este será el último acto del prófugo antes de que comience el debate sobre la era post Puigdemont en Junts.
Por supuesto, la realidad podría tener una visión diferente a la de Moncloa. Primeramente, porque para aceptar la posición actual, el líder del Gobierno ha creado una grieta profunda en su propio partido, que ha tenido que soportar numerosas pruebas sólo para garantizar la continuidad del poder bajo la nueva idea de normalización en Cataluña: los indultos, la eliminación del delito de sedición, la reducción de la pena por malversación de fondos, la ley de Amnistía y, algo que ha tensionado a la organización, la aceptación de la soberanía fiscal catalana. De todos los temas que ha abordado Sánchez desde 2018, este último es el que ha generado más tensión, con barones y líderes territoriales exigiendo un amplio debate a final del verano.
Advertencia de Junts.
Es quizás demasiado optimista esperar que Junts suavice su postura cuando su líder probablemente esté a merced del Tribunal Supremo, y con un gobierno no secesionista en la Generalitat. Jordi Turull, secretario general de Junts, fue tajante el pasado martes: si detienen al prófugo al volver a España, revisarán el acuerdo que hizo presidente a Pedro Sánchez después de las elecciones del 23-J.
«Si las circunstancias han cambiado y no se puede mantener el acuerdo, este debe terminar de cualquier manera», afirmó. Antes del periodo de vacaciones tumbaron la ley de Extranjería y el rumbo previo al déficit para los presupuestos de 2025, dando dos golfazos para recordarle a Sánchez que él es humano y sigue necesitando el soporte de los siete diputados de Neoconvergència.
Sin embargo, no solo Moncloa y PSOE inician una nueva era llena de peligros. Las dos fuerzas principales del independentismo comienzan una etapa de reflexión y renovación interna, en una perpetua competencia entre ellas. Es incierto hasta qué punto convertirán el Congreso de los Diputados en el campo de batalla de esta lucha por la supremacía soberanista. ERC busca recuperar el terreno perdido el 12-J y Junts intenta no perderlo. En teoría, les conviene un gobierno central que cruce todas las barreras, pero también tendrán que elevar el estándar de sus demandas, todo en medio de la negociación presupuestaria y la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para realizar la soberanía fiscal catalana.
ERC tiene un doble papel: apoya la investidura de Illa y asiste al acto de bienvenida de Puigdemont.
Es interesante observar las sinergias en curso entre ERC y Junts. Hoy veremos un ejemplo claro en la reunión convocada por el «consell de la república» para dar la bienvenida a Puigdemont. A pesar de que la meta manifiesta del ex presidente es romper la investidura de Illa -que tiene el apoyo de los 20 diputados de Oriol Junqueras- y ha apuntado a ERC como posible causante de su detención, los republicanos dijeron ayer que asistirán al evento de bienvenida en el Paseo Lluís Companys, como hicieron antes con otros políticos catalanes «exiliados», incluso si corren el riesgo de ser rechazados y obligados a salir de un evento que cuenta con el respaldo también de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, los CDR, y la CUP.
Varias personas pronostican el fin de la unidad independentista como si esta fuera la primera ocasión en que ambos partidos se separan. Sin embargo, esta narrativa habría sido diferente si el resultado del 12-M hubiera permitido a Junts y a ERC alcanzar una mayoría suficiente para aspirar a otro gobierno soberanista. Incluso los más críticos de ERC hacia Junts -«no podemos seguir aliados a un partido que nos maltrata», comentan- asumían como un inevitable destino que, si se presentaba tal situación, ambos partidos estarían obligados a ensayar una nueva alianza independentista.
Firma clandestina del pacto.
El PSC y ERC fueron discretos sobre su pacto de investidura, optando por no hacerlo público a través de los medios de comunicación ni permitir que se hiciera preguntas de periodistas para aclarar cuestiones importantes como la implementación de la hacienda tributaria en Cataluña. Este plan va acompañado de un posible «plan b» si la votación no prospera como se espera. La información sobre el acuerdo firmado por Marta Rovira (ERC) y Lluïsa Moret (PSC) llegó a través de la plataforma social X, donde se compartieron fotos para la prensa.
El pacto fiscal catalán, por otro lado, ha causado daño interno en el partido político Sumar, a medida que la lista de disidentes aumenta a pesar de varios intentos de controlar el debate. Esta situación ha causado conmoción entre las fuerzas regionalistas del Grupo Plurinacional, Izquierda Unida y líderes magentas notables como el portavoz de Economía, Carlos Martín Urriza.
La disciplina de voto podría verse comprometida en la actualidad por figuras como Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, quienes al mismo tiempo dan prioridad al pacto entre PSC y los comunes. Sumar, al igual que ERC y Junts, se enfrenta a un congreso este otoño después de que Díaz decidió renunciar al liderazgo tras una serie de derrotas electorales. Por otro lado, la cesión de la soberanía fiscal a Cataluña es un tema delicado que divide a la izquierda. La aprobación de los planes de Sánchez y de Illa depende del voto de cada uno de los 27 diputados de esta coalición.
De esta manera, el escenario político nacional se llena de incertidumbre con la investidura de Illa, que podría retrasarse hasta la próxima semana debido a una posible detención o presencia de Puigdemont en el Parlament. La estabilidad y duración de la legislatura dependen de este escenario posible.
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