Con la perspectiva del regreso a España del ex presidente Carles Puigdemont, quien huyó de la justicia hace casi siete años y sobre quien recae una orden de detención, los Mossos d’Esquadra fortificarán las entradas al Parlament mañana debido al debate de investidura del socialista Salvador Illa.
La Diputación Permanente del Parlament ha programado la sesión de investidura de Illa para mañana jueves a las diez de la mañana, teniendo garantizados los sufragios de ERC y los comunes para asegurar la presidencia.
Los Mossos d’Esquadra, como es usual, implementarán un amplio esquema de seguridad para asegurar la integridad de la sesión parlamentaria en el Parlament, ubicado en el Parc de la Ciutadella, al bloquear sus accesos.
Junts ha declarado su intención de solicitar una suspensión en caso de que se detenga a Puigdemont.
La posible llegada de Puigdemont ha provocado múltiples convocatorias en las calles. Los independentistas han citado un «recibimiento» a las 9 de la mañana y, media hora después, Vox ha convocado a sus seguidores a un encuentro cerca del Parlament.
El plan de seguridad de los Mossos se equiparará a los de anteriores investiduras. Estarán presentes agentes de BRIMO (la unidad antidisturbios) y de ARRO (unidad de orden público), así como unidades caninas y de patrullaje subterráneo. La variante a este esquema radica en que, si Puigdemont aparece, los agentes deberán desempeñarse como policía judicial y proceder a su detención. En las inmediaciones del Parlament ya se pueden ver vallas preparadas para ser desplegadas y cerrar los accesos, según informaciones de Efe.
En la eventualidad de que se detenga a Puigdemont, sería necesario trasladarlo al juzgado de guardia correspondiente al partido judicial del lugar de la detención, desde donde se informaría al Tribunal Supremo la ejecución de la orden nacional de arresto que pesa sobre él.
En la situación actual, los abogados de Puigdemont podrían optar por solicitar un «habeas corpus» para invalidar su arresto, argumentando que es indebido, una solicitud que tendría que ser evaluada por un juez. Si esta opción es rechazada, la decisión de si Puigdemont debe ser trasladado a Madrid, para llevar a cabo una audiencia que determine si es enviado a prisión, por ejemplo, por riesgo de evasión, sería tomada por el juez del Supremo, Pablo Llarena, especialmente si alguna de las partes implicadas lo solicita; Vox ya ha indicado que así lo haría.
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