La espera ha comenzado para el presidente Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez, quienes anticipan con inquietud el mes de agosto, debido a las denuncias que han interpuesto contra el juez Juan Carlos Peinado, encargado de llevar el caso de supuesta corrupción contra la primera dama.
Este hecho sin precedentes de que hayan presentado demandas, es similar a la notoria declaración de Sánchez en el Palacio de la Moncloa.
Después de dejar la Moncloa, la Abogacía del Estado interpuso una demanda contra Peinado y su reemplazo, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: una que llamó a Sánchez como testigo y otra que denegó su declaración por escrito.
La historia se repitió este martes con la demanda de Begoña Gómez. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha procesado y numerado la demanda presentada por Gómez contra el juez principal del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por prevaricación judicial.
La situación de Pedro Sánchez estará a cargo del juez Francisco José Goyena, mientras que José María Suárez Robledano, ex portavoz de la APM, supervisará el caso de Gómez. Las fuentes jurídicas indican que la fase de registro no significa necesariamente la aceptación o rechazo de las demandas.
Ambas situaciones no serán resueltas por el conocido «Sala de Vacaciones» debido a la importancia del asunto, todo se revisará en septiembre. Incluso si finalmente se acepta la demanda por prevaricación contra Peinado, este podría continuar dirigiendo el caso que abrió contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias y corrupción comercial.
Los recursos en septiembre.
El equipo jurídico de Begoña Gómez anticipa que el magistrado no considerará sus peticiones para desestimar el caso. Sin embargo, mantienen la esperanza de que el Tribunal Provincial de Madrid sea quien decida hacerlo.
Se espera que el Tribunal Provincial emita su veredicto sobre el caso el 30 de septiembre, momento en el cual se abordarán varias apelaciones introducidas por la defensa. No obstante, Antonio Camacho, el abogado de Gómez, ha solicitado una mayor rapidez en la decisión sobre si descartar o no su caso por presunta corrupción, rogando que se pronuncien antes de la citada fecha.
Esto es evidente en una queja presentada por el abogado de Gómez, a la que accedió El Independiente, en respuesta a la orden de la Sección 23 del Tribunal Provincial que indicaba que el 30 de septiembre se revisarían tanto el recurso de Gómez como el de la Fiscalía, que buscaba delimitar el caso.
Camacho sostiene que Gómez y el resto de los imputados «están sujetos a una investigación vaga, prospectiva y en constante crecimiento, sin seguridades, que está infringiendo seriamente su derecho a la defensa». Por lo tanto, esperar hasta finales de septiembre para resolver su apelación es una infracción grave del derecho a la protección judicial efectiva establecido en la Constitución ante «las graves violaciones al derecho de defensa» que, según él, está realizando el juez con su «errático curso procesal y material».
Original Text: La defensa de Begoña Gómez tiene claro que el juez no va a atender sus recursos para archivar la causa. Confían en que la Audiencia Provincial de Madrid le obligue a ello.
Esta previsto que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre la causa el 30 de septiembre. Será entonces cuando resuelva varios recursos de apelación presentados por la defensa. Sin embargo, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha pedido más celeridad a la hora de resolver si archiva o no su causa por presunta corrupción y que se pronuncie antes del 30 de septiembre.
Así consta en un recurso de suplica del abogado de Gómez, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que responde a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Begoña Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.
Sostiene Camacho que tanto ella como el resto de los investigados «están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías, que está lesionando gravemente su derecho de defensa», por lo que esperar a finales de septiembre para resolver su recuso afecta gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución ante «las graves violaciones del derecho de defensa» que, a su juicio, está cometiendo el juez con su «errática deriva procesal y material».
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