La sesión legislativa de este jueves en el Parlament catalán ha sido calificada como un «circo» y un «esperpento» por Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del Partido Popular. La mencionada sesión tenía como objetivo instaurar al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, sin embargo, es probable que se postergue debido a la detención o presencia en la Cámara autonómica del prófugo de justicia, Carles Puigdemont.
Según Pons, quien ha descrito a la actual administración como un «gobierno fantasma», afirmó que lo que se verá este jueves será una ridiculización de los componentes del «sanchismo». Además, agregó que si Puigdemont se presenta en persona, el único procedimiento aplicable será acatar la ley, o sea, detenerlo y realizar una comparecencia frente al juez supremo Pablo Llarena.
Asimismo, María Jesús Montero ha solicitado una comparecencia urgente.
La asunción al poder de Illa está relacionada con la promesa de fomentar la autonomía fiscal en Cataluña, una promesa que ha sido reiteradamente rechazada por el gobierno central, pero que hoy es el núcleo del acuerdo entre el PSC y ERC. Sin embargo, desde que los republicanos hicieron público este pacto, ni el PSOE ni Moncloa han pronunciado más que alabanzas a lo que ellos llaman el «triunfo del diálogo», tal como lo expresó la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en la última reunión del gabinete.
El PP, que ya ha solicitado la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares (programada para el día 13 en el Senado), y del Ministro de Transporte, Óscar Puente, debido al reciente caos en los ferrocarriles, añade a esta lista a la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La solicitud para su comparecencia urgente se registró esta misma mañana «para que nos aclare qué sucederá cuando la Agencia Tributaria se quede sin fondos, el único argumento para mantener la unidad económica de España, y cómo se pagarán los servicios públicos tras el acuerdo que planean firmar con Cataluña para comprar la Generalitat catalana, como han comprado la presidencia del gobierno español», ha condenado Pons.
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