El cumplimiento de las demandas de los republicanos independentistas de ERC, que requieren la transferencia de todos los impuestos a Cataluña, ha generado una gran controversia en muchas regiones. Este conflicto ha provocado divisiones tanto en el PSOE como en Sumar.
A las inicialmente observadas críticas de Compromís y La Chunta, pronto se unieron las de Izquierda Unida y, recientemente, las del parlamentario Carlos Martín Urriza, quien es también el portavoz de economía del partido magenta. Urriza, originalmente miembro de Comisiones Obreras y reclutado para las elecciones generales del 23-J, se ha mostrado muy crítico con el acuerdo que convertirá a Salvador Illa en el presidente de la Generalitat.
Tal es el nivel de discordia que, a pesar de la temporada estival, el riesgo de romper la disciplina de voto ha obligado al grupo parlamentario a «ponerse a trabajar» para intentar resolver esta crisis, como ha confirmado el propio Sumar. El debate sobre la soberanía fiscal catalana ha generado una multitud de críticas y descontentos no solo en una coalición con gran representación territorial, sino también sindical. Las mismas fuentes destacaron la sensibilidad con la que Yolanda Díaz aborda estos debates: «Tiene un conocimiento profundo del tema y ha manejado estos asuntos a lo largo de la historia».
Reforma de la LOFC
Aunque es comprensible el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña, así como se aplaude la posición de los comunes, quienes posiblemente formarán un gobierno de coalición con Salvador Illa, no es sorprendente que surjan diferencias en torno a un asunto que limita la solidaridad territorial y genera desigualdades al proporcionar a Cataluña una agencia tributaria propia. Esto requeriría, sin duda, una reforma de la LOFCA. Aquí radica el riesgo de que las discordancias internas puedan terminar en una ruptura de la disciplina de voto entre los 33 diputados magentas. «Íñigo y los colegas del Congreso están trabajando en este asunto», indican fuentes cercanas a Díaz en referencia a las labores que el portavoz del Grupo Plurinacional, Íñigo Errejón, está realizando para mantener la unidad.
En Sumar aclaran que el tema es «un debate complejo». La vicepresidenta segunda, quien se enteró de la concesión a ERC a través de los medios de comunicación, intentó hacer equilibrio y respaldó un acuerdo que permitirá a los comunes ser actores esenciales en la gobernabilidad de Cataluña, mientras apelaba a la solidaridad territorial. La clave, según explicó en RNE el viernes de la semana pasada, es «lograr armonizar las características del sistema -la solidaridad y la suficiencia- con la implementación del Estatuto de Cataluña, que requiere una financiación singular. Todo esto es factible», dijo.
El portavoz económico de Sumar lanzó fuertes críticas contra la soberanía fiscal catalana.
Carlos Martín Urriza, economista y portavoz de Sumar, quien también es presidente de la comisión de presupuestos, miembro de las comisiones de economía y hacienda y ha estado a cargo del gabinete económico de Comisiones Obreras desde 2014 hasta 2023, muestra su descontento acerca del acuerdo fiscal para Cataluña en un artículo publicado en eldiario.es. Según su análisis en «Morir por los extremos o por las extremidades», dicho acuerdo, si se ejecuta, resultará en un sistema menos justo en términos de distribución de riqueza, renta y deuda pública sostenible.
Urriza sostiene que si dicho acuerdo se realiza de manera concreta, éste sería el comienzo de la demolición del sistema que conocemos actualmente y, a diferencia de la opinión de Pedro Sánchez, considera que ceder la autoridad fiscal no fortalece el estado federal sino que lo debilita. Para él, no significa compartir más, sino todo lo contrario.
Segun Urriza, «El criterio de ordinalidad va en contra el principio de equidad» y explicó que dicho criterio implicaría que los más acaudalados deben ser los que reciben más servicios públicos, al ser quienes más contribuyen. No obstante, más allá de las implicancias económicas, Urriza argumenta que el acuerdo aumenta la fragmentación del pueblo, de la clase laboral y de la solidaridad entre los ciudadanos. En resumen, Urriza propone un cuestionamiento profundo que excede la simple búsqueda de un sistema compensatorio para otras comunidades, ya que cuestiona su propia concepción, no solo los efectos que tendrá en la fiscalidad del país.
Por otro lado, Pisarello acusa a Page y Barbón de «nacionalismo español rancio».
Gerardo Pisarello, integrante de los comunes y secretario primero de la Mesa del Congreso, postula que el presentado acuerdo es beneficioso no solo para Cataluña, sino que podría presagiar un «nuevo era de democratización territorial» y tener repercusiones positivas para «todos los pueblos y personas peninsulares». En eldiario.es, Pisarello atribuye las resistencias y críticas a la soberanía fiscal catalana al «centralismo no solidario y neofranquista de Ayuso y los Abascals de ocasión», así como a los «barones», quienes se sospecha son socialistas como Emiliano García-Page o Adrián Barbón, que al parecer están limitando su socialismo a un nacionalismo español anticuado.
Tanto Martín Urriza como Pisarello pertenecen al Grupo Plurinacional de Sumar y deberán tomar una postura cuando la reforma de la Lofca sea debatida en el Congreso de los Diputados. Actualmente, sus posturas parecen irreconciliables. Errejón parece apoyar las ideas de Pisarello, argumentando que Cataluña «abriendo el melón, facilita una discusión federalista», aunque añade la necesidad de «asegurar mecanismos de compensación interterritorial y una reforma fiscal en la que los ricos paguen más, estableciendo un límite fiscal». Íñigo Errejón y Yolanda Díaz tendrán que esforzarse al máximo para lograr un voto unánime del grupo.
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