La investidura de Salvador Illa, candidato del PSC para la Generalitat, este jueves podría clarificar una incógnita adicional. Carles Puigdemont, el expresidente en el exilio, ha indicado en varias ocasiones que regresará a España el día que se vote por el candidato socialista, en un intento de presionar a ERC para que no le brinde su apoyo.
Puigdemont está consciente de que si regresa a España, será arrestado e interpelado ante el Tribunal Supremo, dado que su amnistía por malversación ha sido negada, una medida que los jueces consideran inaplicable en su caso.
Fuentes de la policía consultadas por El Independiente presuponen que sería la Policía Nacional la encargada de su arresto.
De decidirse a regresar a suelo español, Puigdemont sería detenido y puesto a disposición del juez del Supremo, Pablo Llarena, después de muchos años de eludir la justicia por su papel en el proceso independentista que lideró desde su gobierno en 2017. La decisión que tomaría el magistrado está por verse, incluyendo la posibilidad de dejarlo en libertad con medidas de precaución.
El expresidente podría apelar su detención con un «habeas corpus», argumentando que es ilegal, aunque fuentes consultadas consideran esta estrategia con poco éxito. Salvo sorpresas, se espera que el juez lo interrogue y determine si existen razones para enviarlo a prisión. Su riesgo de fuga, sumado a que el delito por el cual se le acusa, malversación, podría resultar en hasta 12 años de cárcel, no juega a su favor.
Para que se decrete la prisión, alguna de las partes involucradas en el procedimiento debe solicitarlo al juez, una acción que se da por sentada al ser Vox acusación popular. Su regreso podría estar infringiendo su derecho.
La indecisión del magistrado respecto a la amnistía podría jugar a favor de Puigdemont, sugiriendo que su libertad fundamental se vería amenazada si es encarcelado y luego un tribunal mayor le concede el perdón, según informa Efe.
Por ahora, la postura del juez Llarena se encuentra en revisión por él mismo, y las probabilidades de que este recurso sea exitoso son extremadamente bajas. A continuación, la defensa de Puigdemont, a cargo del letrado Gonzalo Boye, debería acudir a la Sala de Apelaciones y entonces buscar el apoyo del Tribunal Constitucional (TC).
Actualmente, Puigdemont puede solicitar una medida cautelarísima ante el TC para evitar cualquier perjuicio en términos de pérdida de libertad, es decir, evitar su arresto o posible encarcelamiento por la decisión del juez Llarena, mientras se decide si la amnistía le será finalmente aplicada.
Es una situación «compleja», pues según informantes, se requiere que se haya agotado la vía legal, es decir, la resolución de recursos, para que el Constitucional acepte esta posible apelación de Puigdemont. Pero deberían evaluar si plantea «algún argumento válido».
Lasena de Vacaciones se encargará de decidir sobre este recurso, integrada en su mayoría por magistrados progresistas en agosto. Sin embargo, existe la posibilidad de que el presidente, Cándido Conde Pumpido, convoque una sesión plenaria extraordinaria debido a la gravedad del asunto, lo cual no es una idea descabellada.
El caso judicial del «procés», que ha estado persiguiendo a Puigdemont desde 2017 y por el cual una parte de su Gobierno fue juzgada e indultada, sigue siendo su principal preocupación legal.
Antes de que se aprobara la Ley de Amnistía, al antiguo jefe de Estado se le acusó alegadamente de crímenes de terrorismo ligados a las manifestaciones del otoño de 2019 en Cataluña, atribuidas a Tsunami Democrátic. No obstante, un fallo del juez al extender la investigación originó un inesperado anulamiento que finalmente derrumbó dicho proceso, que ya está en archivos.
Además, rondando al ex presidente está el caso Volhov sobre la presunta interferencia rusa en el «procés», investigado por un juez de Barcelona. Hace poco, este mismo juez solicitó a la Corte Suprema que se le impute por delitos como traición, malversación y organización criminal.
A pesar de la incertidumbre propia de la historia jurídica del «procés» y si bien las fuentes destacan que «todo está en suspenso», hay poco margen de duda de que el regreso de Puigdemont dará pie a una escena que el ex presidente se ha esforzado por evitar durante cerca de siete años: su arresto y presentación ante el juez de la Suprema Corte que ha estado evitando desde 2017.
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