Algunos miembros del Partido Popular dudaron de que Emiliano García Page, líder socialista y presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, llevaría cabo su promesa de interponer un recurso contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional.
Pensaban que era una mera declaración para consumo público, especialmente después de que la controversial ley recibiera la aprobación del Congreso con el respaldo de ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha, incluyendo a cuatro de su círculo más cercano.
No obstante, el gobierno de la región decidió aprobar el recurso en su última reunión antes del receso de verano, en medio de la discusión sobre la autonomía fiscal otorgada a Cataluña.
De esta forma, Page ha tomado la iniciativa ante los líderes regionales del Partido Popular, quienes también manifestaron su intención de apelar contra una ley que, según ellos, viola el principio de igualdad de los ciudadanos españoles ante la ley al perdonar a los secesionistas que han cometido graves delitos contra la democracia. Todas las facciones del Partido Popular encomendaron a los asesores legales de sus respectivos gobiernos la elaboración de informes como paso previo a la interposición del recurso, Castilla-La Mancha incluida, lo que indica que más de uno ya debe tener su propio informe preparado. Es una táctica dilatoria.
La táctica del principal partido de oposición y sus líderes regionales ha sido tender a retrasar los procesos, probablemente para evitar una resolución temprana del Tribunal encabezado por Cándido Conde Pumpido que favoreciera a la ley de impunidad que Carles Puigdemont anhelaba a fin de regresar a España sin temor a ser arrestado por orden del Tribunal Supremo. El pasado miércoles en la conferencia de prensa presidencial anual, Pedro Sánchez se mostró seguro de que la amnistía sobrevivirá al escrutinio de constitucionalidad. «Aquellas regiones autónomas que se van a oponer a la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional, en mi vista, perderán esa apelación», predijo el líder del gobierno.
El Partido Popular coincide con Sánchez, aunque desde un ángulo diferente, creen que el Tribunal Constitucional no cancelará la ley y que el recurso «no tendrá efecto» debido a la nueva composición del organismo. Sin embargo, remarcan que procederán con la apelación para respaldarse en la importancia de los votos individuales emitidos. No todos los altos cargos del Partido Popular estaban a favor de apelar al Tribunal Constitucional. De hecho, el vicesecretario de la Institución del PP, Esteban González Pons, tildó al Tribunal Constitucional como un «cáncer del Estado de Derecho políticamente contaminado».
No debería causar asombro si el Partido Popular opta un día por evitar recurrir al Tribunal Constitucional, esperando la llegada de un nuevo tribunal», indicó durante una conversación en Barcelona organizada por La Vanguardia y el Círculo Ecuestre. Señaló además: «Si le cedemos el error al Tribunal Constitucional, le concederemos el cambio de la Constitución a través de una decisión». Después de esto, fue forzado a modificar su postura, especialmente la comparación con el cáncer, y Génova tiene la necesidad de comprometerse de nuevo con su deseo de protestar contra la ley.
Además, el plan inicial era aguardar acontecimientos judiciales una vez que la amnistía fuese publicada en el BOE el día 10 de junio, justo un día después de las elecciones europeas. Desde entonces, la ley ha excluido delitos de malversación de fondos públicos de su alcance y mantenido la orden de buscar y detener a Puigdemont a nivel nacional. El Tribunal también se ha acercado al Tribunal Constitucional porque piensa que su artículo 1 infringe el derecho a la igualdad ante la ley, así como otros principios del derecho de seguridad.
Además, el Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, considerando que se violaron los derechos financieros de la Unión en los preparativos de la consulta ilegal del 1-O y en la acción exterior del ‘procés’. Esta aplicación supone la suspensión inmediata de la ejecución de la ley.
Fecha límite: 11 de septiembre
Esto significa que el Partido Popular puede incluir estos antecedentes en la exposición de motivos de su apelación, lo que, de todas formas, no incrementa las posibilidades de un resultado a su favor. La fecha límite para recurrir al Tribunal Constitucional es el 11 de septiembre. Sin embargo, los expertos en la ley consultados por El Independiente no coinciden si agosto se debe considerar como un mes judicialmente activo o inactivo para fijar la fecha límite.
Varios líderes regionales, incluido el de Madrid, podrían aprovechar la última semana de agosto, durante su consejo de gobierno, para hacer público el lanzamiento de su recurso y arrancar oficialmente el ciclo político. Mientras tanto, en Murcia, los asesores legales siguen trabajando en sus recursos. Los de Aragón esperan presentar el suyo a principios de septiembre. En cuanto a los cincuenta parlamentarios del PP que presentarán recursos, solo están esperando la aprobación final de Alberto Núñez Feijóo, que probablemente encabezará la lista de apelantes.
El comienzo del nuevo año político estará caracterizado por una serie de recursos en el Tribunal Constitucional. Emiliano García-Page, en medio de su batalla con Pedro Sánchez por el acuerdo de soberanía fiscal para Cataluña, ha sido el primero en dar el paso.
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