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Las religiosas de Belorado únicamente consiguen recolectar el 13% de su meta de 20.000 euros y lo hacen sin depender de trufas ni fondos extras

El llamado a sobrevivir que hicieron las monjas excomulgadas del monasterio de Belorado no ha tenido el éxito esperado. Desde principios de mayo, comenzaron una fricción con el Arzobispado de Burgos que no sólo las ha alejado de la Iglesia Católica, sino que también las ha dejado en una difícil situación económica.

Hace casi un mes, iniciaron una estrategia de recaudación de fondos o ‘crowdfunding’ a través de PayPal, con el objetivo de conseguir el apoyo de sus seguidores. Sin embargo, a un día del cierre de la campaña, sólo han logrado reunir el 13% de los 20.000 euros que necesitaban para cubrir los costos habituales de la comunidad que aún reside en el monasterio.

Su decisión de dejar la Iglesia ‘postconciliar’ fue en respuesta a lo que calificaron como la «usurpación» de la silla de San Pedro desde 1958, tras el Concilio Vaticano II. Aseguraron haber sido objeto de una campaña llena de «insultos, calumnias, desprotección y la destrucción de su buena reputación». Además, declararon estar recibiendo «presiones, amenazas de desahucio» y ser el blanco de una campaña de «odio y desprestigio público». Por estas razones, recurrieron a la recaudación de fondos, ya que según sus afirmaciones, sus cuentas bancarias fueron intervenidas impidiéndoles cubrir sus gastos.

Hasta el último recuento, habían recaudado 2.712 euros a través de 61 donaciones registradas desde la apertura de la cuenta para donar. A lo largo de la campaña, las donaciones han variado entre 1 euro y 200 euros. Todo esto al borde de tener que abandonar su convento.

Las antiguas monjas clarisas, que sostenían económicamente su monasterio vendiendo principalmente trufas y pastas, experimentaron un golpe financiero tras el escándalo que provocó su salida de la Iglesia católica postconciliar. Después de que terminó el mandato de la abadesa Sor Isabel de la Trinidad el 29 de mayo, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, fue nombrado comisario pontificio por la Santa Sede. Entonces, Iceta estableció una comisión para gestionar el monasterio de Belorado, que también se hizo cargo de los conventos en Derio y Orduña.

Las monjas ‘cismáticas’ de Belorado alegaron que se les había restringido el acceso a sus cuentas bancarias, lo que dificultaba no solo su comercio, sino también su vida diaria en el monasterio. A pesar de que el Arzobispado afirmó que podían solicitar fondos para gastos diarios, las monjas insistieron en que estaban siendo económicamente sofocadas.

Las excomulgadas expresaron en un comunicado que la intervención de sus cuentas bancarias sin un procedimiento judicial adecuado era una «usurpación ilegítima». Desmintieron las acusaciones de ser irresponsables financieramente, afirmando que siempre habían asumido sus responsabilidades financiera y que estaban al día con sus obligaciones hasta la intervención del Arzobispado. Declararon que las afirmaciones de que eran «deudas y caprichosas» estaban lejos de su realidad y comportamiento habitual.

Falta de pago de deudas.

Contrario a las declaraciones del Arzobispado de Burgos, se dice que han enfrentado todas las facturas acumuladas en el monasterio, «hemos tomado la responsabilidad de todos los gastos incurridos por nuestra congregación». El Arzobispado anunció el pasado 9 de julio que la comunidad de Belorado acumuló un adeudo de 42.000 euros. Las facturas, indicaron, en algunos casos datan de costos incurridos más de dos años atrás.

El 22 de junio pasado, frente a la negativa de modificar su postura, el Arzobispo de Burgos, Mario Iceta, emitió la orden de excomunión contra un grupo de monjas. Esta acción implicó no solo su exclusión de la Iglesia Católica sino que también debían abandonar el monasterio de Belorado donde aún viven. Las monjas cismáticas ya han declarado que empezarán una disputa legal al ver como las “dueñas legítimas del edificio” y alertan que solo una sentencia judicial las hará irse del convento.

Aunque han estado en silencio durante semanas, recientemente han resurgido en programas de televisión y redes sociales para reafirmar su decisión de abandonar la Iglesia ‘postconciliar’, «pero no la Iglesia Católica», aclaran. Este grupo de religiosas también ha ampliado sus interacciones con otros grupos “sedevacantistas”, que rechazan a los papas después de 1958 como legítimos ocupantes del ‘Trono de Pedro’. Algunos de estos grupos incluso han hecho recientemente un llamado para contribuir a su financiamiento a través de una campaña de recaudación de fondos que terminará hoy.

Nuevo guía espiritual ‘sedevacantista’.

Las exmonjas clarisas que salieron de su convento de manera controversia, inicialmente aceptaron los cuidados del presunto obispo Pablo de Rojas, quien creó la Pía Unión, entidad opuesta a la Iglesia posconciliar. Sin embargo, finalmente decidieron distanciarse de De Rojas y su Pía Unión. Según noticias recientes, las religiosas estarían siendo asesoradas por otra organización ‘postconciliar’, la Sociedad de San José, presidida por Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, un brasileño de 33 años que se autoproclama obispo y es ‘sedevacantista’.

La Sociedad de San José, también conocida como ‘Societas Sancti Joseph’, que se describe en su sitio web como un seminario que posee un convento, el de las Hermanas Oblatas de la Sociedad de San José. Ribeiro da Silva, el supuesto nuevo guía espiritual de estas exmonjas, nació en Recife, en el estado de Pernambuco, Brasil, el 18 de febrero de 1991. Estudió para ser sacerdote en el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Olinda y Recife, así como en un monasterio benedictino tradicional y en el Seminario de San Luis María Grignon de Montfort, en Francia. Fue consagrado sacerdote por el obispo Richard Williamson en 2017 en el monasterio benedictino de Nova Friburgo. El 29 de agosto de 2021, recibió la consagración episcopal de Mons. Daniel Dolan, un obispo sedevacantista en Estados Unidos.

Las hermanas continúan su resistencia, formándose como asociación e iniciando una recaudación de fondos para mantenerse.
El Estado asegura a las víctimas de maltrato una reparación «necesaria» y acordada, contrastando el plan de la Iglesia.
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