Europol, la entidad policial europea, está atravesando una etapa interna difícil. Andrei Lințǎ, su director adjunto, está siendo investigado por la Fiscalía Europea por su nombramiento. Existe la posibilidad de que Lințǎ, de origen rumano, no cumpla con los 15 años de experiencia requeridos para el cargo y que haya proporcionado un certificado falso para demostrarlo.
La acusación inicial fue presentada por una fuente anónima a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Aunque esta entidad desestimó la denuncia, ahora el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo de la Unión Europea que lo está estudiando por un posible caso de desfalco de los fondos de la UE.
Información sobre el caso fue revelada por Político, propiciando que Catherine De Bolle, la Directora de Europol, enviase un correo interno que fue obtenido por El Independiente. En este correo, De Bolle explica el proceso de contratación de Lințǎ llevado a cabo a mediados de 2023 y defiende la posición obtenida por el oficial rumano.
De Bolle refiere que el anónimo, que llevó las acusaciones a la OLAF, a la Fiscalía Europea y al Defensor del Pueblo Europeo – cuya identidad fue revelada a Europol en marzo de 2024 – , no participó en el proceso de contratación ni tuvo acceso legítimo a la documentación del proceso. Por tanto, según De Bolle, las acusaciones se sustentan sobre argumentos infundados.
De Bolle también reconoció que conoce la identidad de un delator de corrupción, a pesar de que la Directiva de Protección de Denunciantes aprobada en 2019 exige garantizar la confidencialidad de los nombres de los delatores para evitar cualquier tipo de represalia o discriminación. Las fuentes consultadas indican que hay cierto miedo entre los agentes de Europol de que el correo de la directora pueda ser un «aviso para navegantes».
Hemos observado que individuos están tomando la iniciativa de denunciar los actos de nepotismo. Aún no comprendo cómo es posible conocer la identidad del denunciante en esta situación», comparte una de las personas consultadas.
Documentos desaparecidos
En marzo de este año, se reveló que Europol sufrió uno de los errores de seguridad más significativos en su historia. Muchos registros personales de altos ejecutivos desaparecieron de la sala blindada en la que se almacenaban. Un residente de La Haya los descubrió abandonados en un espacio público de la ciudad.
Entre los expedientes desaparecidos estaban los de la directora de Europol, Catherine De Bolle, Jürgen Ebner, Andrei Lința, Jean-Philippe Lecouffe, y el director adjunto Andrei Lințǎ, actualmente bajo sospecha. Estos expedientes incluyen información confidencial y de alta importancia a nivel humano y operativo, tales como las solicitudes de empleo del personal, habilidades, fechas de nacimiento, estado civil, dirección actual y otra información operativa.
Desde el inicio, todas las sospechas se centraron en el jefe de recursos humanos, Massimiliano Bettin, quien fue destituido de su cargo. En su perfil de LinkedIn, es posible ver que está en busca activa de empleo. Algunas fuentes indican que la posible causa de la desaparición de los documentos es un intento de difamar al director italiano, quien ha estado en su cargo desde 2016. Anteriormente, un español ocupaba ese puesto.
Los procesos de selección han sido objeto de escrutinio en Europol durante algún tiempo, especialmente aquellos que involucran a un grupo de policías españoles que han generado desconfianza entre agentes de otros países, afirman hasta tres fuentes distintas que han estado allí.
El caso español
Uno de estos procesos de selección cuestionados fue el de un policía español, Jorge Rosal, revelado en exclusiva en este periódico. La OLAF indicó irregularidades en su proceso de selección y envió un informe en diciembre pasado a la agencia policial de la comunidad con hallazgos concluyentes.
En el año 2017, Fernando Ruiz, que se desempeñaba como jefe de la unidad de EC3, la sección de ciberseguridad de Europol, participó en la selección del equipo en el que se integraría Jorge Rosal, otro oficial español. Ruiz fue miembro del panel, una especie de tribunal, encargado de seleccionar a los candidatos. Finalmente, Rosal fue elegido para el puesto, en el que continúa actualmente.
Una denuncia anónima presentada a la OLAF cuestionó el proceso de selección. La denuncia resaltó varios puntos, como por ejemplo, que tanto Ruiz como Rosal pertenecen a la misma promoción y mantienen una amistad cercana. De hecho, El Independiente ha descubierto que incluso compartieron habitación cuando estudiaban en la academia de Policía de Ávila. La oficina de lucha contra el fraude llegó a consultar con la academia de policía sobre esta relación.
La participación de Ruiz en el panel de selección representa una irregularidad para la OLAF, pues se considera que debería haberse abstenido debido a su vínculo con el candidato. El puesto al que Rosal aspiraba es un cargo AD7 de funcionario, con un salario de 10.000 euros al mes, libre de impuestos. Para ser elegible para un puesto similar, se requiere de tres años de experiencia, sin embargo, para el cargo en el que se postuló Rosal se necesitaba solo un año. En ese momento, Rosal tenía poco más de un año de experiencia en ciberseguridad. Antes de su llegada a Europa, trabajó varios años en la Oficina Nacional de Deportes.
Los cargos en Europol tienen una duración de cinco años, con posibilidad de extensión por cuatro años más. Rosal llegó en 2017 y en 2022 solicitó la prórroga para permanecer en La Haya, donde sigue trabajando. Ese mismo año, su «amigo íntimo» Fernando Ruiz, cambió su carrera en Europa por un puesto en el equipo de ciberseguridad del Banco Santander, según fuentes consultadas.
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