Rocío Albert López-Ibor, la encargada del Tesoro de la Comunidad de Madrid, ha enviado una misiva a la primera vicepresidenta, María Jesús Montero, exigiendo un encuentro inmediato del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Además, desea una explicación escrita del acuerdo logrado con ERC para obtener su voto en la investidura de Salvador Illa.
Todo esto, mientras le reprocha a la ministra de Hacienda por negar cualquier conversación bilateral con Cataluña que implicase soberanía fiscal para esta comunidad autónoma.
El trato fiscal no sólo provocó el alboroto de las comunidades dirigidas por el PP, sino también de gran cantidad de líderes y presidentes regionales del PSOE.
Emiliano García-Page y el asturiano Adrián Barbón encabezan la oposición. La consejera recuerda una junta del CPFF – lugar de diálogo multilateral donde se debate, entre otras cosas, la financiación de las autonomías – que tuvo lugar el 11 de diciembre del año anterior. En esa reunión, la ministra afirmó «tajantemente, solicitando también que quede registrado en el acta, que no se estaba realizando ‘una negociación bilateral para que Cataluña pueda tener una condición especial en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas del régimen común’”.
En este mismo consejo, el 15 de julio pasado, «a pesar de las constantes noticias en los medios y las declaraciones del propio Gobierno…
Montero reafirmó que el gobierno no estaba participando en discusiones bilaterales sobre la ‘financiación única’ para Cataluña, y destacó que no estaba de acuerdo con el sistema económico establecido para Cataluña, abogando por una revisión completa del SFA (Sistema de Financiación Autonómica). Indicó que es deseable que el PP y el PSOE, que representan los intereses generales de todos los territorios, lleguen a un acuerdo. Este acuerdo debería ser aprobado por las Cortes Generales.
Montero, siendo la ministra encargada de la financiación, ha guardado silencio desde que el ERC reveló que ya se había negociado y acordado la soberanía fiscal de Cataluña. Esta soberanía fiscal es uno de los pilares fundamentales del proyecto de independencia con su propia hacienda.
La Comunidad de Madrid por su parte, considera que este acuerdo representa «una ruptura total de los principios de igualdad y solidaridad entre todas las regiones españolas consagrados en la Constitución». Asegura que infringe tanto la legislación vigente como los procedimientos para su modificación y del SFA, que requieren la participación de todas las CCAA. Este último punto es crucial, ya que supone una salida de Cataluña del régimen común para entrar en un régimen único no constitucionalmente planificado, reservado únicamente para el País Vasco y Navarra.
Rocío Albert expresó su descontento al conocer la existencia de un ‘Plan B’ asegurando la implementación del Acuerdo. Terminó su carta remarcando la falta de pronunciación de la siempre comunicativa María Jesús Montero. Añadió que, debido a la inaudita gravedad de los hechos y la ausencia de claridad sobre su posición como Ministra de Hacienda del Reino de España, se solicita un informe detallado y escrito sobre cómo el Ministerio interpreta el Acuerdo y sus repercusiones, así como una inmediata reunión específica del CPFF tras recibir la información.
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