Cíclicamente, en Euskadi hay un intento conjunto, desde EH Bildu hasta el PP, de extinguir cierto fuego. Este intento se centra en el Concierto Económico, la defensa del sistema de cupo vasco, un tema que une a todo el espectro ideológico vasco sin ninguna división.
Cualquier conversación sobre financiación autonómica o posibles cambios en el sistema de régimen común reactiva la calificación de este sistema como un privilegio fuera de Euskadi. El reciente debate sobre la posibilidad de que el acuerdo entre ERC y PSOE dé lugar a un Concierto Económico «solidario» para Cataluña ha intensificado esta discusión.
«Nuestro concierto no se altera,» es la respuesta del PNV, mientras que el PP señala el peligro de modificar el modelo actual para brindar una singularidad fiscal a Cataluña. Javier De Andrés, presidente del PP vasco, advirtió que tal cambio «nos va a disminuir, reduciendo nuestra prominencia, autonomía, habilidades, y pérdidas monetarias».
Hoy, los miembros de ERC votarán a favor o en contra del preacuerdo alcanzado con el Gobierno para aceptar un concierto económico propio. Esta votación es seguida de cerca en Euskadi, donde hay cierto temor, incluso entre los miembros del Gobierno. El PNV ha expresado su insatisfacción por la falta de conocimiento sobre los términos de la modificación fiscal. «Nos gustaría haber conocido el texto», admitió su portavoz, Joseba Díez Antxustegi, añadiendo a esto su descontento por la sugerencia implícita de que el Concierto vasco no es solidario y el olvido de que Euskadi asume un riesgo «unilateral» con su sistema de recaudación de impuestos. Sin embargo, este malestar no ha llegado muy lejos por el momento. En Sabin Etxea, se han abstenido de comentar si apoyarán o no el acuerdo en el Congreso.
En días recientes, Imanol Pradales, el lehendakari, ha enfatizado que el Concierto Económico de Euskadi tiene un carácter solidario con el resto del país. Resaltó en una aparición reciente que la contribución de los vascos al financiamiento del estado es incluso más alta que lo que correspondería considerando su población y Producto Interior Bruto (PIB).
Por otro lado, los miembros del Partido Popular en Euskadi han mostrado una postura más combativa, instando al PNV a resistir debido al impacto que perciben en la singularidad vasca, la disminución de su relevancia y el daño potencial a la economía de la región. De Andrés también señala un riesgo para la «capacidad de negociación» del País Vasco, que anticipa podría ser afectada.
El respaldo del PP se ha hecho presente especialmente en las negociaciones sobre el Cupo vasco, las cuales han sido una constante durante los años recientes. Las deudas anuales de Euskadi, que ascienden al 6,24% del costo total de las competencias del estado ejercidas en la region y no transferidas, han generado tensión entre ambas administraciones y a menudo usado como herramienta de negociación. Un ejemplo destacado tuvo lugar en 2017 con el gobierno anterior, cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro acordó una nueva ley quinquenal de Cupo y resolvió los conflictos acumulados durante la década previa, a cambio del respaldo del PNV a los presupuestos.
Noviembre de 2022 vio al Gobierno socialista alcanzar un nuevo acuerdo para renovar la Ley Quinquenal del Cupo para el periodo 2022-2026. Este acuerdo estableció una contribución anual de alrededor de 1.472 millones de euros, manteniendo el índice de imputación en el 6,24%, y estableciendo dos nuevos impuestos.
Los líderes vascos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista siempre han enfrentado dificultades al defender el Cupo vasco en sus respectivas agrupaciones. Ambos partidos siempre han sostenido la legalidad y el reconocimiento de esta peculiaridad que se encuentra plasmada en el Estatuto de Gernika, argumentando que de ninguna forma se trata de un privilegio.
Aún así, cada vez que el Partido Popular llega a acuerdos con Ciudadanos, que ha sido abiertamente crítico con el Cupo vasco, la tensión se intensifica. No fue hasta las elecciones autónomas de 2020 cuando estos dos partidos se aliaron y consiguieron llegar a un acuerdo respecto al Concierto vasco, algo que había frustrado tentativas previas de formar una alianza en el País Vasco. El 5 de julio de ese año, el entonces líder del Partido Popular, Pablo Casado, junto a la cabeza de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sellaron su acuerdo junto al árbol de Gernika, en el cual destacaron la legalidad del Concierto Económico vasco.
Se ha hecho notar desde siempre que, contrariamente a lo que suele afirmarse, el Concierto Económico no fue una «victoria» de los vascos, sino una «imposición» por parte del Gobierno español y la monarquía de ese tiempo, debido a la abolición de los fueros tras la tercera guerra carlista. El inicio del presente Concierto Económico vasco se remonta al 28 de febrero de 1878, fecha en la cual el rey Alfonso XII sancionó el Real Decreto propuesto por el presidente de entonces, Antonio Cánovas del Castillo, con el objetivo de suprimir la «condición diferencial» que los fueros vascos establecían en términos de la tributación de las provincias vascas.
El mencionado decreto implementaría un sistema acordado, dentro de una «entidad constitucional», que desde entonces dictaría las relaciones fiscales y financieras entre Vizcaya, Guipúzcoa y Álava y el Estado. Sin embargo, este primer Concierto Económico se encontró con un obstáculo; el Estado de ese tiempo carecía de un mecanismo administrativo eficiente en las provincias vascas para gestionar los impuestos, además de un grave desconocimiento de la realidad industrial y comercial del País Vasco. Por esta razón, las tres diputaciones forales asumirían el control.
El pacto con las provincias vascas nació con la intención de ser temporal hasta que el Estado se actualizara. Se acordó un plazo de 7 años de duración. Sin embargo, una vez transcurrido el plazo, en 1885 las circunstancias apenas habían cambiado y la presencia efectiva del Estado en las tres provincias seguía siendo insuficiente. Por lo tanto, se decidió extender este sistema excepcional por un año más, hasta que en 1887, la Reina Regente María Cristina decidió que la gestión de las finanzas vascas fuera permanente y renovable cada cinco años.
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Alberto Núñez Feijóo, en 2016, expresó: «Es complicado justificar por qué Cataluña no tiene un pacto fiscal cuando los vascos y navarros sí lo tienen. Yo estoy de acuerdo con eso. (…) Es verdad que se llegó a un consenso durante las conversaciones constituyentes para que Cataluña no tuviese un pacto fiscal. Ahora, estas cuestiones se pueden modificar, plantear y debatir. El problema radica en llegar a un acuerdo sobre los términos del pacto fiscal».
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Hace 21 horas
Lo que realmente impulsa a los políticos más allá de las afiliaciones partidistas es el dinero para gastarlo. Están sembrando la pobreza futura mediante un gasto insostenible financiado con una deuda en constante crecimiento. Llegará el día de la fatídica rendición de cuentas, y será el llanto y el crujir de dientes de la gran mayoría.
Los venezolanos se arrepienten ahora de haber apoyado en su momento a Hugo Chávez. La gente a menudo no logra visualizar el impacto a mediano y largo plazo de sus decisiones, aunque las consecuencias sean claramente previsibles. La búsqueda de satisfacción inmediata es un vicio que aqueja a casi todos, y cuando se trata del líder de una nación, quien está dispuesto a pagar cualquier costo con tal de prolongar un poco más su tiempo en el poder, todos son los perjudicados, incluyendo aquellos que en la actualidad se benefician.
Es solo una perspectiva, pero si, como alegan, no se trata de un privilegio, resulta difícil entender por qué se resisten tan ferozmente a renunciar a ello, asemejándose a un gato que se revuelve con la panza arriba.
Además, ¿quién cubre el costo de sus pensiones?
¿Cuándo se revisará este sistema autonómico que divide a los ciudadanos en primer y segundo nivel y que en ocasiones incluso parece tener matices de superioridad?
Saludos.
