Las abogacías que representan a los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) al ser embestidos por un barco de narcotráfico disponen de un nuevo marco legal con el que buscar la encarcelación de los responsables, una vez sean aprehendidos. En un reciente caso dictaminado por la Audiencia de Cádiz, un hombre ha sido sentenciado a 28 años de cárcel por delitos de narcotráfico, de los cuales 24 corresponden al intento de homicidio de dos oficiales de la Policía Nacional, después de atropellarles con un vehículo todoterreno.
Estos hechos ocurrieron en 2020, cuando los policías intentaron abandonar su vehículo oficial al anticipar que iban a ser embestidos. Los oficiales intentaron interceptar un vehículo de gran tamaño durante un operativo antinarcóticos en Algeciras. Notando el intento, el conductor emprendió la fuga y derivó en el atropello.
En el incidente resultó herido un inspector de la Policía Nacional, quien sufrió lesiones graves y aún está en tratamiento. Se le ha asignado una discapacidad del 60%. El oficial requirió de 1.182 días para recuperarse, con numerosas cirugías tras ser llevado al hospital Puerta del Mar, en la capital de Cádiz. Entre las secuelas, ha sufrido una pérdida del 70% de la visión en el ojo izquierdo, según consta en la sentencia. También resultó lesionado un agente en formación que sufrió daños variados.
Por estas circunstancias, el principal inculpado, conocido como IMS, ha sido sentenciado a 24 años de cárcel por atentado con uso de un instrumento peligroso, adicionalmente a dos cargos de intento de asesinato. También se le añaden tres años y seis meses por delito contra la salud pública y otros ocho meses por receptación.
El sindicato Jupol, que funge como acusador popular en el caso, ha emitido un comunicado en el que expresa su deseo de que el fallo sirva para erradicar la impunidad con la que operan los narcotraficantes en Gibraltar y el resto de Cádiz. En relación al incidente de Barbate, aunque los contextos son notoriamente diferentes, este veredicto puede ofrecer un apoyo para las defensas de los guardias asesinados en su enfoque hacia las acusaciones. Por supuesto, solo si la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es capaz de encontrar al responsable que se cree que fue a Marruecos tras los sucesos de febrero de este año.
En la más reciente actualización del caso de los agentes de Cádiz, la corte de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictaminado este martes la liberación de seis miembros de una embarcación de narcos que han estado en prisión desde febrero, cuando su barco fue confundido con el que golpeó y mató a dos agentes de la Guardia Civil en el puerto de Barbate (Cádiz). De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta resolución se debió a la ausencia de oposición por parte de la Fiscalía.
La detención provisional de los seis se mantuvo incluso después de que la investigación determinara que su embarcación no era la que había causado la muerte de los dos agentes. Sin embargo, siguen siendo investigados por delitos relacionados con el contrabando, la participación en una organización criminal, resistencia y desobediencia.
Como medidas preventivas, los seis sospechosos deben presentarse ante la corte todos los lunes, se les ha retirado el pasaporte, tienen prohibido salir del país y solicitar un nuevo pasaporte.
Una joven en un río de Lleida fue rescatada de ahogarse por tres agentes de la policía nacional.
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En Barcelona, se logró incautar cuatro toneladas de cocaína, escondidas en bolsas de arroz por la Guardia Civil.
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Vigilancia de puertos y aeropuertos ha sido cedida a la Ertzaintza, lo que la Guardia Civil y la Policía Nacional interpretan como «una nueva traición».
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Una considerable operación realizada por la Guardia Civil contra el fraude bancario resultó en más de 100 arrestos en un total de 39 provincias.
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