Pedro Sánchez persiste en sus esfuerzos. Tenía claras sus intenciones: su principal meta es lograr que Salvador Illa asuma la presidencia de la Generalitat, tras su decisiva victoria en las elecciones autonómicas del 12 de mayo, con apoyo de los votos de ERC.
Ya se sabe y ha sido acordado el precio: un concierto económico exclusivo para Cataluña, comparable al régimen foral de Euskadi y Navarra. Esto representa un cambio radical respecto a la postura que ha mantenido en los últimos tiempos, tanto en público como en privado, en donde el gobierno, en particular la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, se había opuesto rotundamente.
Sin embargo, el presidente ha decidido derribar esa barrera para garantizar la investidura del líder del PSC, a pesar del descontento y la controversia generada entre algunos de sus aliados. Entre los más críticos están Emiliano García-Page y Javier Lambán, pero muchas federaciones tampoco consideran «aceptable», «justificable» o «defendible» un cambio tan drástico en el modelo de financiación autonómica solo para complacer a los socios independentistas de ERC.
La Generalitat ahora tendrá la responsabilidad de recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos en Cataluña y realizará contribuciones al estado y una «cuota de solidaridad» a las CCAA.
El lunes por la noche, los republicanos revelaron las directrices principales de su pretratado. El PSOE, el Gobierno y el PSC inicialmente solo respondieron con un mutismo total. Sin embargo, el martes, los dos signatarios del acuerdo compartieron el texto íntegro, de 25 páginas [aquí en PDF]. Esta documentación no se aparta de la narrativa de ERC, ya que incluye la expectativa de una Agencia Tributaria fortalecida que asumirá todas las tareas de recaudación, administración, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, incluyendo los de naturaleza estatal como el IRPF, IVA y Sociedades. Se plantea un sistema similar al cupo, en el cual el Govern por un lado, realizará una «contribución» al Estado por los servicios que presta a Cataluña, esta será establecida «mediante una participación en los impuestos». Por otro lado, habrá una «cuota de solidaridad» con las restantes comunidades autónomas para garantizar una provisión de servicios públicos similar, pero será «limitada» por el principio de solidaridad. También se incrementará la potestad normativa de la Generalitat.
El texto no menciona un «concierto económico solidario» ni que Cataluña «saldrá del régimen común», como afirmaba ERC, sino que presenta un diseño único, una «financiación singular» de la Generalitat, que es diferente del resto de las CCAA del régimen común y más similar al concierto vasco y el convenio navarro.
El PSOE se obliga a hacer cumplir el acuerdo en los aspectos que requieren su colaboración. No obstante, la modificación de la LOFCA necesita una mayoría absoluta difícil de conseguir.
El gobierno en conjunto con el PSOE expresó su aprobación hacia el preacuerdo alcanzado con el partido ERC, una celebración compartida por la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, la alta dirección del partido que se reunió en una convocatoria urgente, y finalmente, por Sánchez después de su reunión con el Rey en Palma. Todos coincidían en su valoración positiva del pacto que beneficia a Cataluña y España, garantizando equidad y solidaridad territorial. El liderazgo socialista también respaldó una resolución de apoyo total al acuerdo con el partido republicano, comprometiéndose a implementarlo en todos los aspectos necesarios. Como ejemplo, legislará remodelaciones en el Congreso, incluyendo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que requiere mayoría absoluta para cualquier modificación, para facilitar una financiación especial para Cataluña.
La resolución fue aplaudida por los asistentes a la reunión de la dirección federal, realizada tanto virtual como presencialmente, con la única excepción de un líder, el vocal Álvaro Martínez Chana, también presidente de la Diputación de Cuenca y persona cercana al presidente Emiliano García-Page. Según informaron fuentes internas, Sánchez y Montero no detallaron el preacuerdo con ERC, sino que instaron a los miembros del partido a tener paciencia y esperar hasta el sábado. La cautela con la que el Gobierno, el PSOE y el PSC han manejado la situación puede atribuirse a los intentos de evitar indisponer a la militancia republicana, ya de por sí escéptica con los socialistas y descontenta con su propia cúpula.
La abstención ejecutiva fue dirigida por Álvaro Martínez Chana, líder de Castilla-La Mancha y aliado cercano al presidente García-Page. Los socialistas catalanes anunciaron el martes en un corto comunicado que revelarán «todos los detalles de los acuerdos alcanzados» para el sábado, cuando Illa convocará una sesión extraordinaria de su ejecutiva. Hasta el 3 de agosto, por lo tanto, PSOE y PSC evitarán los detalles y las sutilezas y permitirán que ERC continúe estableciendo el marco y narración. Sin embargo, el documento de consenso es bastante claro y presenta un modelo de financiamiento para Cataluña distinto al de las demás regiones.
Desde Palma, Sánchez elogió a los republicanos por su apoyo durante estos seis años «extremadamente difíciles». Manifestó su «máximo respeto» y «reconocimiento» por su trabajo en la «normalización» y el apoyo a las «políticas sociales a nivel nacional y catalán». Agradeció su aporte a la estabilización política en Cataluña. Ha encontrado en ellos un «compañero» con el que ha coincidido en la necesidad de superar la «judicialización» del proceso independentista de Cataluña. Así que los socialistas serán «sumamente precisos» y «respetuosos» con la consulta del viernes, esperando que las bases de ERC ratifiquen el acuerdo y Illa sea nombrado la próxima semana.
El acuerdo garantiza, según Sánchez, «la solidaridad entre territorios, la calidad y la cohesión de los servicios públicos y, en consecuencia, la igualdad entre los españoles sin importar dónde residan».
El mandatario destacó el significado trascendental del preacuerdo conseguido, inició la explicación sobre su relevancia, calmando a los ciudadanos y también a los miembros de su agrupación política que mantenían inconformidades con este. Subrayó su perspectiva, la cual está plasmada en el acuerdo, en cuanto a la promesa sobre solidaridad entre diferentes territorios, la devoción a la calidad y unificación de servicios públicos y, en consecuencia, la equidad entre los residentes de España, independientemente de donde residan.
En ningún momento Sánchez mencionó el «acuerdo financiero» o la «separación de la caja única» – temas que fueron consultados – y parecía quitarle peso al patrón de financiación en sí, aunque había sido su nueva administración la que anteriormente rechazaba un trato bilateral para Cataluña. Recordó que con el sistema de financiamiento actual instaurado en 2009, y que expiró en 2014, los ciudadanos de toda España sintieron «los recortes más profundos al Estado de bienestar con el PP» así como los «mayores incrementos en transferencias económicas» a las Comunidades Autónomas para revertir dichos ajustes impulsados por el gobierno progresista. Enfatizó que lo «relevante» es «tener gobiernos en todo nivel, ya sea nacional o autonómico, sin importar el modelo de financiación, que estén dispuestos a trabajar para fortificar los servicios públicos».
Enfatizó el mandatario que el punto esencial es que Illa sea ‘presidente’, independientemente del modelo económico. Y advirtió: no admite «ninguna lección» proveniente del PP en equidad y en reforzar el estado de bienestar.
En pocas palabras, que Illa sea el presidente es el punto crucial, sin importar el modelo financiero que se implemente. Insistió en no tolerar cualquier lección de igualdad o compromiso con el estado de bienestar de PP ya que son ellos los que recortan servicios públicos y promueven la privatización de la educación y la salud donde quiera que gobiernan. Sánchez señaló que, desde su llegada a Moncloa, las comunidades han recibido 300.000 millones de euros adicionales en comparación con la gestión de Mariano Rajoy, fondos adicionales que han fortalecido el estado de bienestar.
Sin embargo, es incierto si la reforma del modelo financiero será aprobada. PSOE y ERC necesitan mayoría absoluta en el Congreso, lo que significa que todos los socios deben votar a favor, incluso Junts, que rechazó la propuesta que otorga la «soberanía fiscal» a Cataluña. Además, Compromís y Chunta, miembros de Sumar, insistieron en votar en contra si el gobierno no atiende las necesidades financieras de Comunitat Valenciana y Aragón.
La cautela de Asturias
El presidente fue consultado acerca de las críticas internas, pero evitó la pregunta aludiendo al respaldo unánime que había recibido en la reunión de la ejecutiva unas horas antes en Ferraz (dijo que sólo hubo una abstención por parte de Martínez Chana). Esta fue una táctica de defensa. Sin embargo, no se puede ignorar que la dirección federal es una extensión de su círculo de confianza. Esta incluye a ministros, altos funcionarios del gobierno y también responsables de territorios, pero no barones, con la excepción del andaluz Juan Espadas.
La inquietud era particularmente evidente en organizaciones como Extremadura, Castilla y León o Madrid, además de Castilla-La Mancha y Aragón. También en la jornada matutina, Alegría intentó minimizar el malestar interno que sentían Page y Lambán. Sin embargo, esta vez la realidad era diferente. El enfado o, al menos, el desconcierto provenía de otras organizaciones, que normalmente estaban en línea con Ferraz. El líder asturiano, Adrián Barbón, ya había expresado su desacuerdo con una «financiación especial» para Cataluña hace algunas semanas. Este martes, él se encontraba de vacaciones hasta el viernes, pero su vicepresidenta, Gimena Llamedo, habló en su nombre. Recordó que el gobierno regional tiene un acuerdo sobre financiación «con todos los partidos políticos excepto Vox» y también con otras comunidades, como lo indica la Declaración de Santiago, que fue firmada por Barbón junto con líderes regionales de PSOE y PP, incluido Alberto Núñez Feijóo, antes de dejar Galicia para Génova. Llamedo enfatizó que tanto el líder de Asturias como el portavoz regional, Guillermo Peláez, habían sido «claros» en este asunto. Peláez, por su parte, lo resumió así en X: «Defender los principios de solidaridad e igualdad, pensando en los intereses de Asturias».
El silencio de Barbón y su grupo era ya revelador. Sin embargo, la realidad es que ninguna figura pública de alto rango defendió el pacto entre el PSC y ERC. Se sentía un evidente descontento en federaciones como Extremadura, Castilla y León, Madrid e incluso Galicia, así como en Castilla-La Mancha y Aragón, las regiones de Lambán y Page. Por otro lado, los líderes socialistas de Baleares, Comunidad Valenciana o Canarias aplaudían el acuerdo, considerándolo una «oportunidad» para abrir el debate sobre el modelo financiero. En Andalucía, su Secretario General, Juan Espadas, también portavoz del partido en el Senado, aseguraba previo a la junta de la ejecutiva que no toleraría ni «agravios» ni «privilegios» que dañasen a su comunidad, totalmente consciente de que la disparidad es un discurso que tiene gran repercusión en su región.
Posterior a la reunión de la dirección, fuentes allegadas a Espadas señalaban que aún permanecían «alerta», pero que «lo más crucial» era que el pacto será «dirigido por Illa y no por un presidente independentista», un punto de vista en consonancia con el planteado por Sánchez. Que la Generalitat sea liderada por el primer secretario del PSC es, para el PSOE-A, una «garantía» de que cualquier cambio de modelo se manejará de manera asumible, cambio que el sector más influyente del partido «sólo podrá respaldar» si garantiza la «solidaridad entre territorios y la igualdad en la provision de servicios públicos para los ciudadanos, sin importar donde residan».
El PSOE andaluz alerta que no consentirá «agravios». Aunque se mantendrá «vigilante», considera que lo vital es que el pacto será «manejado por Illa y no por un ‘presidente’ secesionista».
El escenario ha cambiado, y se nos presenta la oportunidad de implementar un modelo de financiamiento justo para Andalucía. Se debería exigir lo que se concede a Cataluña en su Estatuto también para Andalucía. Mucha educación es necesaria ya que la derecha ha impuesto fuertemente la narrativa de la ofensa territorial. Es necesario que Illa explique el acuerdo y se deben respetar «los tiempos y la votación de las bases de ERC».
El acuerdo con los republicanos causó mucha ira antes de que se conociera el texto. Las federaciones socialistas criticaron la falta de transparencia, pero ya estaban preocupadas por el contenido. La decisión de Sánchez de aceptar el modelo de concierto, que Montero rechazó hace solo 15 días, ha generado malestar. Varios líderes admitían que estaban muy enfadados y que el acuerdo no era «justificable» ni «defendible». Un alto funcionario regional lo describió como «una barbaridad».
Illa ya está en contacto con los líderes socialistas para calmarlos. El miércoles habrá declaraciones de Tudanca y Page.
El próximo miércoles se reunirán Luis Tudanca, líder socialista en Castilla y León, y Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien recientemente aprobó el avance hacia una objeción constitucional contra la ley de amnistía. Además, Sánchez dará una conferencia de prensa extensa desde Moncloa, como suele hacer para hacer un balance final antes de las vacaciones. Podrá continuar con su labor pedagógica, contemplando tanto perspectivas internas como externas del partido. Según fuentes cercanas, Illa ya se encuentra en conversaciones con los jefes socialistas, asegurándoles que el feedback ha sido favorable.
A pesar de las circunstancias, mantener la tranquilidad entre los socialistas seguirá siendo un reto. «Apoyo a Pedro de forma incondicional, pero la presidencia de una región no puede poner en jaque a todos y desafiar cada pacto de financiamiento que se ha establecido. Con este acierto, Pedro perdió las elecciones generales de ayer. No hay defensa para este pacto. Es un mal mayor que la amnistía. Resulta inexplicable y no intentarán explicármelo. No voy a dar un paso», declaraba con tristeza una líder regional de gran importancia dentro del partido. Una reflexión reciente sugiere que dar a ERC un concierto económico -aunque diffiere del modelo Vasco, sigue siendo una alternativa al régimen común- podría ser más perjudicial que la ley de amnistía, ya que afecta a todos los territorios y bolsillos de los ciudadanos, facilitando la narrativa al PP.
Líderes asociados con Ferraz admiten que la situación es «peor que la amnistía», subrayando que el descontento no se limita únicamente a Page y Lambán, y aunque desean ver a Illa en la lideranza del Govern, se cuestionan si «¿los fines justifican los medios?» Desde Ferraz piden paciencia, argumentando que «la desesperación no es una buena aliada». Admiten que el enfado es más general, pero aseguran que la situación está bajo control. Sostienen que hay «tres o cuatro barones descontentos y dos más en contra, Emiliano y Lambán, lo cual no es insólito, ya que se oponen a cualquier cosa». Ellos añaden que hay territorios completamente a favor, y eso es un hecho. Aquellos con una responsabilidad claramente alineada con Ferraz reconocen que la insatisfacción no es solamente de Page y Lambán: «Todos estamos descontentos. Ellos tienen el micrófono. Los demás compartimos la misma opinión, pero sin micrófono». Hay quienes no descartan que si la tensión interna no disminuye, se gestione una consulta dentro del PSOE en los siguientes días. Sin embargo, frente a las preguntas, algunos respondieron con un silencio significativo. Cada día, la situación se vuelve más desafiante, como lo señala un veterano.
«La vemos como una oportunidad, no como un problema», expresan en el PSPV. «Celebramos y respaldamos de lleno el acuerdo que puede iniciar un nuevo período en Cataluña y que posibilite a Illa ser presidente. Es positivo tanto para Cataluña como para el país», afirman en Canarias. «Depende de cómo se negocie la solidaridad. Los estados federales ya lo tienen. Y en Euskadi y Navarra, sus haciendas forales realizan la recaudación», sugieren en Baleares. Estas tres federaciones están lideradas, además, por figuras presentes en el Gobierno (Diana Morant y Ángel Víctor Torres) o en el Congreso (Francina Armengol). «Es el tiempo de enfrentar la financiación del resto de las comunidades autónomas para garantizar la solidaridad de todas con todas, como ya sucede en el País Vasco y Navarra, a pesar de sus características únicas», argumentan en La Rioja.
Federaciones como Valencia, Baleares y Canarias ven el pacto como una «oportunidad» para introducir el debate sobre el modelo de financiación, «no como un problema».
La amnistía, a pesar del claro cambio de narrativa implementado por Sánchez, fue aceptada con naturalidad. También porque los resultados de las elecciones generales del 23-J permitieron mantener la Moncloa. Pero la conmoción por el preacuerdo con ERC ha sido mucho más grande. Y solo en los próximos días se podrá medir las heridas internas que va provocando y si están cicatrizando. O si, por el contrario, no sanan con facilidad.
Podría interesarte
Lo más popular
– 1 El pacto de pensiones suprime el requerimiento de una carrera completa de cotización para la jubilación activa
– 2 Clasificación general de los Juegos Olímpicos de París 2024, hoy 1 de agosto, por países
– 3 Los empresarios argelinos perciben el fin del estancamiento con España
– 4 Aquí está el cronograma del atletismo en los Juegos Olímpicos París 2024
– 5 La capital española, Madrid, experimentando extremas temperaturas: 54,8°C en Puerta del Sol y hasta 65°C en Callao
– 6 Un innovador reemplazo para los aires acondicionados está triunfando en Amazon: es silencioso, eficiente y muy económico
– 7 El misterioso asesinato de los marqueses de Urquijo permanece lleno de interrogantes
– 8 La tensión en el PSOE aumenta frente al pacto con ERC: Asturias se muestra contrario y diversos líderes exigen a Sánchez un debate interno
– 9 Angela Carini, forzada a retirarse frente a Khelif, la boxeadora transgénero
3 Comentarios
Normas › Para poder comentar necesitas registrar en El Independiente. La inscripción es gratis y te permitirá interactuar en los artículos de El Independiente y recibir el resumen diario vía correo electrónico con las noticias más sobresalientes.
Regístrate para comentar Ya me registréhace 2 días
Resolución número 2 de la 85ª Asamblea General del Estado de Indiana, aprobada por los diputados y senadores de dicho estado en enero de 1947:
«Nosotros, los ciudadanos de Indiana […] fuimos estafados […] con la ilusión de que un dólar que sacásemos de nuestros bolsillos y enviamos a Washington, crecería en su regreso a nosotros. Hemos inspeccionado ese dólar de cerca. Descubrimos que perdió valor en su travesía hacia y desde Washington. Se descontó la mediación política de los burócratas. Hemos concluido que no existe la ayuda ‘federal’. […]
Por lo tanto, planeamos a partir de ahora, imponer nuestros propios impuestos y cuidar de nosotros mismos. […] »
Los habitantes de Indiana—igual que los de los otros estados hermanos—hemos sido engañados durante un buen tiempo con el truco de mago de que un dólar que nos cobren en impuestos y se envíe a Washington regresará a nosotros con mayores beneficios. Pero luego de un examen detenido, descubrimos que ese dólar se desvaloriza en su viaje a Washington y su regreso, y que parte del mismo se lo llevan los burócratas. Hemos llegado a la conclusión de que la ayuda federal no existe. Entendemos que toda la riqueza tributable ya está dentro del territorio de los 48 estados.
Por lo tanto, hemos decidido empezar a cobrarnos impuestos a nosotros mismos y a cuidarnos por nuestra cuenta. Estamos hartos de las subvenciones, las donaciones y el paternalismo. No somos una carga para nadie. Hemos madurado. Avisamos que resistiremos ser acogidos por Washington, D.C.
Hace un par de días, por otro lado, cuestionamos la cantidad que Cataluña, Navarra y el País Vasco venden en España, y cuánto al extranjero. La gran mayoría de sus ventas son en España.
Si se llegaran a aplicar aranceles para los productos de estas comunidades que se venden en el resto de España, no habría ningún problema en que tuvieran su propia fiscalidad. No obstante, esto es inviable debido a la unidad de mercado, y las ganancias generadas por la venta de estos productos (beneficios, IVA) también deben incorporarse a esta unidad para su redistribución.
Llegó el momento de eliminar los “derechos” (privilegios) históricos de nuestra Constitución, o bien de deshacer la unidad de mercado para las mencionadas comunidades y cobrarles aranceles.
Hace dos días, resultó asombroso ver tanta conducta individualista, buscando únicamente beneficios personales y sin tener en cuenta al pueblo español.
