El pacto formado entre el PSC y ERC para instaurar a Salvador Illa como el líder de la Generalitat, implica modificaciones en el régimen fiscal. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) es designada en el documento acordado por ambos partidos para llevar a cabo «la administración, la recaudación, el cierre y la supervisión de todos los impuestos recaudados en Cataluña».
Hasta la fecha, estas tareas habían sido compartidas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), aunque bajo las condiciones de este acuerdo, estarán completamente a cargo de la ATC.
Para llevar esto a cabo, según lo establecido en el acuerdo, será indispensable “la transferencia de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos”.
Actualmente, estos recursos son propiedad de la AEAT, y a pesar de que la plantilla de la ATC ha estado en constante crecimiento, se necesitará más personal para asumir las nuevas responsabilidades. Los recursos humanos han experimentado casi un triple aumento entre 2013 y 2023 en Cataluña, de más de 300 hace diez años a 852 a finales de 2023, de acuerdo con el informe anual de la ATC.
La ATC, que fue fundada en 2007 y ha estado operativa desde 2008, cuenta con más de 16 años de experiencia para respaldar su aptitud para asumir nuevas responsabilidades fiscales», se menciona en el texto. Sin embargo, la IHE ha manifestado sus dudas sobre la transferencia de personal de la AEAT a la ATC.
Uno de los factores que habría provocado amenazas de llevar la «independencia fiscal» de Cataluña a los juzgados es la desaparición de la Agencia Tributaria en dicha región, desmantelando así la institución más eficaz de la Administración Pública. Así lo señalan. La asociación, por tanto, está preparada para utilizar todas las vías legales necesarias para evitar que esto siga su curso, protegiendo especialmente a los miembros asignados allí, quienes no son, ni ever serán, empleados de una hipotética Agencia Tributaria Catalana Nacional, la cual no tiene lugar en nuestro sistema legal.
Limitaciones en las acciones
A pesar de la cesión de recursos propuesta por el acuerdo, los inspectores advierten que la colaboración entre la ATC y la AEAT sería esencial, ya que la primera no podría llevar a cabo verificaciones fuera de la región. «La ATC necesitaría la colaboración de la Agencia Estatal para realizar casi cualquier inspección, dado que no puede comprobar operaciones efectuadas fuera de Cataluña, ni elementos materiales ubicados fuera de la Comunidad Autónoma (por ejemplo, verificar si existe un almacén o no), ni solicitar información de contribuyentes que no estén establecidos en Cataluña… En consecuencia, la capacidad de investigación se vería fuertemente restringida en comparación con los actuales órganos de inspección de la AEAT en Cataluña», indicaban en un informe publicado en marzo.
Los inspectores han criticado la posible demora en las investigaciones a empresas multinacionales debido a que la ATC tendría que confiar este trabajo a la Agencia Estatal. Esta situación, advierten, podría causar retrasos, ya que los organismos de inspección de la Agencia Estatal tienen sus propios horarios y prioridades, lo que implicaría que las investigaciones para otras organizaciones no estarían en la parte superior de su lista. Los plazos para estas investigaciones, en consecuencia, se extenderían, lo que perjudicaría los derechos de los contribuyentes, indican los inspectores.
En resumen, dividen la administración fiscal y la transfieren a la ATC en el caso de Cataluña obstaculizaría la lucha contra el fraude fiscal. Afirman que la implementación de esta medida tendría graves repercusiones para todos los españoles, especialmente para aquellos que viven en Cataluña. El sistema tributario se desmantelaría, lo que resultaría en un aumento del fraude fiscal. Además, el costo para todos los ciudadanos también aumentaría, de manera innecesaria e ineficiente.
Los inspectores fiscales amenazan con llevar a juicio la «independencia fiscal» de Cataluña. Sin embargo, los partidos PSC y ERC tienen un acuerdo para mantener el impuesto sobre la sucesión y el patrimonio, lo que significaría un cambio en la lucha contra el fraude fiscal.
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