A partir de octubre de 2021, se produjo un giro notorio en la realidad de las prisiones vascas luego de que el Gobierno cedió su competencia sobre estas a Euskadi. El gobierno encabezado por Urkullu decidió implementar un nuevo sistema penitenciario, centrado en facilitar el proceso de reinserción social de los reclusos y en ampliar el régimen de semilibertad durante las etapas finales de sus condenas.
En particular, esta nueva medida implicó una transformación radical para los prisioneros de la ETA. En un lapso de poco más de dos años, las autoridades penitenciarias vascas han concedido 80 permisos de tercer grado, en comparación con los 28 permisos otorgados por la Instituciones Penitenciarias, una entidad dependiente del Ministerio del Interior, en los tres años y medio previos a transferencia de la competencia.
Este cambio de enfoque ha llevado a conceder regímenes de semilibertad a reclusos de la banda terrorista, aunque en muchos casos esta decisión ha sido revocada por la Audiencia Nacional. De hecho, la justicia ha apelado esta medida en 15 oportunidades, aunque no siempre ha sido revocada.
Desde febrero de 2022, un total de 65 prisioneros de la ETA han recibido beneficios de tercer grado. A este número se suman los 15 casos que han sido apelados por la fiscalía de la Audiencia Nacional. De estos últimos, en nueve ocasiones se ha anulado la concesión y en seis casos la apelación fue rechazada.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha documentado un aumento significativo en el número de grados progresivos otorgados a los presos de ETA desde que el Gobierno del País Vasco tomó el control de las tres cárceles de la región. Este incremento sucedió casi simultáneamente con la finalización del proceso de relocalización de los prisioneros de ETA iniciado por el Gobierno de Sánchez. Los terroristas que cumplían sus condenas lejos de Euskadi han sido gradualmente trasladados a cárceles vascas. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 204 traslados de estos prisioneros, a veces repetidamente, hasta completar su reubicación en prisiones vascas y navarras.
Actualmente, 138 de los 157 presos de ETA, que aún cumplen condena, están en prisiones de Euskadi, mientras que 7 están en la cárcel de Pamplona y los 14 restantes están bajo arresto domiciliario o libertad condicional.
La prisión de Zaballa en Álava es actualmente la que alberga a la mayor cantidad de miembros de ETA, con 80 reclusos allí. Otros 21 están en la prisión de Basauri en Vizcaya, y 35 en la prisión de Martutene en Guipúzcoa. Además, en los últimos cinco años, 39 presos de ETA han logrado la libertad condicional y 25 más han sido liberados tras cumplir sus condenas. El último prisionero liberado fue Xabier Atristain, cuyo tercer grado fue revocado dos veces antes de ser liberado bajo libertad condicional el pasado 17 de julio.
La administración de las cárceles en el reciente gobierno vasco conformado por PNV y PSE, está a cargo de los líderes socialistas, una perspectiva distinta a la anterior. La flamante responsable de Justicia, María Jesús San José, ya ha propuesto una reforma de las políticas penitenciarias, divergente de las implementadas por el PNV durante los primeros dos años de supervisión de las prisiones. Anunció que se endurecerán las condiciones para los prisioneros de ETA para alcanzar grados de progresión, exigiendo un reconocimiento honesto y convincente de la condena que infligieron.
Admitir el daño infligido
Durante los Cursos de Verano de la UPV, San José afirmó que facilitará la reinserción de estos presos a una sociedad vasca que intentaron dominar con un proyecto político, pero que es diversa. Por lo tanto, considera vital que los prisioneros de ETA acepten la injusta aflicción que desataron durante años. Aunque la tragedia del terrorismo sea penosa de recordar, San José insiste en que a pesar de que se logró erradicarla en Euskadi, aún persisten las dolorosas repercusiones en las víctimas y las penas impuestas por los tribunales que los perpetradores trajeron sobre sí mismos.
Simultáneamente, las agrupaciones de soporte a los reos de la banda han lanzado una nueva fase de sus demandas para el colectivo etarra. Concluida la fase de acercamiento, el nuevo ciclo se centra en exigir «el retorno a casa». Grupos como Etxerat o Sare declaran que todavía se aplica una política de prisiones de «excepción», que no coincide con la que se aplica al resto de los reclusos.
Este domingo, Sare y Etxerat tienen planeado realizar protestas en varias playas del País Vasco, incluyendo Bakio, Laida, Lekeitio, Mutriku, Orio y San Sebastián, con el fin de mostrar su apoyo a los prisioneros de ETA. Hacen un llamado a la gente a asistir con tablas de surf, flotadores, piraguas, traineras y banderas para llenar de reclamaciones estas 6 playas de Hego Euskal Herria.
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2 comentarios
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Se puede salir de la prisión, pero del cementerio, NO. Gracias políticos por vuestros constantes repliegues sin ningún respeto ni decencia y además tenéis la audacia de insistir que todo lo hacéis para el beneficio de los ciudadanos. Sois repugnantes.
hace 2 días
Los gobiernos no otorgan beneficios carcelarios. Las juntas de régimen y tratamiento de los centros de detención hacen propuestas basadas en los expedientes individuales. En los últimos cinco años, los reclusos por crímenes de terrorismo han cumplido ¡cinco años! de su sentencia. Y en cinco años más, no importa quién esté en el gobierno, casi todos los etarras habrán sido liberados. ¿Qué proponemos, los ejecutamos?