La situación no mejora en lo más mínimo. El jefe del Gobierno no logra contener el incendio desatado en el PSOE a causa del acuerdo con ERC, que incluye un «convenio económico solidario» para Cataluña. Los indicios de descontento se intensifican.
De este jueves surgieron dos evidencias notables. La primera es la desaprobación explícita por parte de Asturias, otra comunidad gobernada por los socialistas, al igual que Castilla-La Mancha. La segunda, solicitar a Pedro Sánchez reunir a los barones del partido y dar lugar a un debate interno dentro del consejo político federal.
Este primero de agosto el vanguardista fue el secretario general de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, aunque líderes de otras federaciones (al menos aquellos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid y Aragón) coinciden con él y creen que un tema tan crítico como el modelo de financiación, que repercute en el núcleo de la España autonómica, no puede resolver sin debate interno. Sin embargo, esto solo ocurrirá si Ferraz así lo desea. Y lo que declara la directiva de Sánchez es que sí, habrá debate, pero no en este momento: «Todos tendrán su oportunidad de expresar sus puntas de vista».
Desde la noche del lunes, cuando la representante de ERC apareció en las instalaciones de su partido para informar sobre la pre-agreement con el PSC, se observó que las federaciones socialistas estaban visiblemente incómodas. Inclusive, más allá de las figuras críticas habituales de Ferraz, Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), la incomodidad era palpable y abarcaba un espectro más amplio. A pesar del respaldo unánime con una sola abstención a la coalición con ERC por parte de la ejecutiva federal y del Gobierno, la intranquilidad e incertidumbre crecieron. Esto se debe a que Sánchez y su administración no han explicado detalladamente el acuerdo con los republicanos, ni han revisado en profundidad el documento de 25 páginas redactado por ambas partes, en un intento de no alarmar a los militantes de ERC que deben votar este viernes para decidir si aprueban o no a Salvador Illa.
Durante estos días de turbulencia en el PSOE, el presidente y sus colaboradores han tratado de enfatizar la importancia de que Salvador Illa sea quien asuma la Generalitat, pues eso representa la máxima prioridad. No obstante, este argumento no convence a varias de las federaciones del partido, específicamente a las de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y Asturias. En cambio, sí ha obtenido el apoyo de otras como Valencia, Baleares, Canarias, Navarra, Murcia, Galicia o La Rioja, alineándose con la postura de Ferraz. Por su parte, Andalucía, el territorio de mayor peso, muestra ciertas reservas.
El debate del concierto catalán ha causado más conflictos internos que la ley de amnistía. Esto se debe a que implica una transformación profunda: la Generalitat sería responsable de recaudar el total de los impuestos de la región y luego proporcionaría al gobierno central una cantidad determinada por los servicios proporcionados y una contribución solidaria a otras autonomías para asegurar la prestación de servicios públicos, siempre bajo el principio de ordinalidad. A pesar de las críticas, Sánchez ha rechazado la idea de reducir el papel de Page y sostiene que el texto recibió el apoyo completo de su ejecutiva federal el martes y fue aprobado por todos los miembros, con una sola abstención. Sin embargo, los líderes regionales no tienen representación en la dirección, con la excepción del andaluz Juan Espadas.
Desde Asturias, hay preocupación de que el concierto catalán «llevaría a la ruptura del régimen común», un sistema que «afectaría de forma negativa a las comunidades autónomas de menor ingreso». Adrián Barbón, el presidente de Asturias y secretario general del FSA-PSOE, retoma su trabajo oficial este viernes después de tomar unos días libres. Pero ya desde el martes, su grupo ha estado enviando señales de que no está de acuerdo con un «financiamiento especial» para Cataluña. Guillermo Peláez, ministro de hacienda y vocero del ejecutivo, fue claro esta semana. Aunque desea que Illa sea el próximo presidente para «poner fin al procés de una vez por todas», se oponía al concierto catalán porque «rompería el régimen común de financiamiento y nos llevaría a un senario donde solo se cuenta la capacidad fiscal de las regiones, rompiendo totalmente el principio de solidaridad y avanzando hacia un sistema donde los territorios, y no las personas, son quienes pagan impuestos, afectando significativamente a las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal».
Esto supondrá una «disminución de los recursos del Estado».
Peláez enfatizó que la postura del Principado ya era conocida, puesto que se basaba en el consenso alcanzado en 2020 con todos los grupos parlamentarios asturianos, excepto Vox, y se encuentra respaldada por la Declaración de Santiago, resultado de la cumbre en 2021 entre Barbón y los líderes de otras siete regiones en la capital de Galicia. Recordó que, hace unas semanas, tanto él como el presidente expresaron su oposición a un acuerdo fiscal para Cataluña cuando esta propuesta fue presentada a raíz de la demanda de ERC. Un acuerdo fiscal, argumentó, también implica una disminución de los recursos del Estado, garante de una adecuada distribución de los ingresos y la riqueza del país, así como de un estado social sólido, unido y equitativo. Un acuerdo fiscal limitaría la solidaridad, aclaró el consejero. Agregó que había hablado con el Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, para comunicarle la postura del Principado, que rechaza que cualquier región se separe del régimen común. La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siempre se había opuesto al modelo de concierto, y la última vez fue durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio. Barbón, a diferencia de Page o Lambán, está alineado con Ferraz y es una figura de peso dentro del socialismo. Por lo tanto, su oposición es de gran importancia.
Fuentes cercanas a Barbón explican que no pueden divergir de la posición que establecieron con los grupos en 2020, una postura que también está respaldada por las resoluciones del 33º Congreso de la Federación Socialista Asturiana celebrado en marzo de 2022 y el acuerdo de gobernabilidad votado en 2023 con IU. Su posición es favorable a la reforma del sistema de financiación de régimen común, ya que sienten que todas las Comunidades Autónomas están siendo subfinanciadas. Sin embargo, se oponen firmemente a que cualquier comunidad abandone dicho régimen, ya sea Cataluña, Madrid o Baleares.
El rechazo enfático de Asturias tiene un peso significativo. No debe ser subestimado ya que PSOE gobierna únicamente tres Comunidades Autónomas desde el pasado año: Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra. De ellas, solo Castilla-La Mancha tiene mayoría absoluta. La Comunidad Foral disfruta de una disposición financiera constitucionalmente protegida, similar al acuerdo vasco, y su presidenta, María Chivite, apoya el acuerdo con ERC porque se basa en la solidaridad. Pero Barbón, al contrario que Page, es un líder socialista alineado con Ferraz desde el inicio, lo que hace que su oposición al pacto sea especialmente significativa.
Por otro lado, otro movimiento importante ha surgido desde Extremadura de la mano de Miguel Ángel Gallardo, el nuevo secretario regional y sucesor de Guillermo Fernández Vara al frente del partido. En una conferencia de prensa en Mérida, pidió a Sánchez que convocara al consejo político federal del PSOE, el comité que une al líder del partido con todos sus líderes regionales.
Gallardo destaca que si cada comunidad tiene acceso a la tesorería, tendríamos la tentación de utilizarla no en función de las necesidades, sino en función de las oportunidades.
Gallardo sostuvo que, tal como se hizo en 2013 con la Declaración de Granada, que promovió la aspiración a una España federal bajo la dirección del antiguo líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y posteriormente en 2017 con la Declaración de Barcelona, que reforzó ese compromiso con la federalización del estado, ahora los grupos socialistas deberían tener la «oportunidad de dialogar» y «definir su posición sobre un tema tan crucial como la financiación autonómica». «Lo propongo porque estoy convencido de que es lo mejor para nuestro partido y para España. Creo que es el escenario adecuado para discutir de manera honesta y leal, para que cada uno de nosotros exponga lo que, a nuestro parecer, puede contribuir para crear un sistema de financiamiento no solo para el presente, sino también para el futuro», afirmó.
El líder socialista de Extremadura sostiene que es riesgoso para el sistema en su totalidad que Cataluña tenga el control sobre todos los impuestos y, como insiste ERC, «la llave de la caja». «En el PSOE de Extremadura siempre hemos opinado, y así lo reafirmamos, que la llave de la caja siempre debe estar en manos del Estado -arguyó-. Si cada comunidad autónoma tiene una copia de la llave, finalmente cada uno de nosotros tomará dinero de la caja según nuestras oportunidades, no según nuestras necesidades. Por eso, abogamos porque la llave de la caja esté en manos del Estado, que es quien realmente distribuye o redistribuye en función de las necesidades».
En Ferraz, se prevé el inicio del año político como el momento para realizar el debate interno. Illa ha estado en contacto con los líderes socialistas para tranquilizarlos.
Como lo establece el artículo 37 de sus estatutos, el Secretario General del PSOE convoca al Consejo Político Federal, anteriormente conocido como el Consejo Territorial. Este poder de convocatoria recae sobre Sánchez, indicando que es Ferraz quien toma las decisiones. Hasta ahora, no hay ninguna convocatoria inmediata prevista para el órgano. Según fuentes de la dirección federal, los barones tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones y hasta el momento apuntan a una reunión para el inicio del curso político en septiembre. Ferraz, La Moncloa, y el PSC están interesados en superar la consulta de las bases de ERC y luego la investidura de Illa para aliviar la presión. El primer Secretario de los socialistas catalanes y el equipo de Sánchez están en contacto con los barones del PSOE para tranquilizarlos y solicitarles que sean pacientes hasta que se realice el referéndum a la militancia republicana. Sin embargo, hay territorios que desconfían y se muestran recelosos del acuerdo con ERC, considerando un modelo de concierto «indefendible» e «inasumible». Esta preocupación no es exclusiva de Gallardo, pues hay otros territorios, tales como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Cantabria y Madrid, que consideran necesario el inicio de un debate interno. En última instancia, argumentan en Castilla y León, un acuerdo de tal magnitud no puede evitar la intervención de un órgano del partido.
«Añoramos los diálogos internos, ciertamente. Un encuentro previo hubiera sido provechoso, pero nunca es perjudicial. Respaldamos las peticiones de Gallardo y a Gallardo mismo», indican fuentes cercanas al presidente García-Page. «El partido en su conjunto se opone al trato con ERC. No obstante, varios secretarios generales evitan expresarlo de manera explícita», comentan desde Aragón. «El consejo político federal propuesto para un encuentro es relevante y obligatorio porque aborda una cuestión de gran envergadura que incumbe a la financiación de todas las autonomías», declaró después el ex presidente Lambán a través de un boletín a los medios.
En Cantabria, federación liderada por Pablo Zuloaga, un líder muy cerca de Ferraz, también creen que «debe existir un diálogo, por supuesto», aunque están «seguros» de que aparecerá «ese espacio» para el debate interno. «Es entendible que se llame al consejo político federal. Un acuerdo de tal magnitud no debe tener lugar sin la aprobación de ningún organismo del partido, y este es el adecuado», expresan desde Castilla y León, bajo el liderazgo de Luis Tudanca, quien a menudo ha disentido con la dirección de Sánchez. Él ha mostrado claramente su resistencia en esta cuestión. En Madrid también consideran que «es coherente» convocar al consejo político, aunque señalan que el barón regional, Juan Lobato, debería evaluar esa petición con su propio equipo ejecutivo. Lobato, quien ha mostrado en ocasiones su desacuerdo con Ferraz, es cuestionado en su federación y por el equipo de Sánchez. Lobato mencionó el martes en la SER que el sistema de cupo catalán «no es ideal».
«No se puede desmantelar España para encajar Cataluña. Esto es inaceptable en mi territorio. Preferiría ser repudiado en Ferraz antes que por mis propios conciudadanos», alerta un barón.
La negociación con ERC está probando ser un reto mucho mayor para el PSOE que el tema de la amnistía. Un reconocido líder autonómico argumenta que la amnistía es más un asunto sentimental y ha servido para aliviar la tensión, pero cuestiones como el concierto fiscal afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, que con sus contribuciones buscan mantener un nivel de servicio uniforme en todo el país. Este líder regional agrega: «No podemos cambiar el tejido de España solo para ajustar a Cataluña. En mi región, esto es insostenible. Prefiero caer en Ferraz antes de sufrir el rechazo de los ciudadanos. Es inadmisible. Y, para mí, es indefensible. No podemos permanecer en silencio, ya que el silencio implica consentimiento». Un segundo miembro de la misma federación considera esto como «un error colosal de repercusiones históricas, que modifica las normas establecidas en 1978».
Fuentes cercanas a Espadas, de Andalucía, y desde La Rioja han hecho un llamado a la «tranquilidad», asegurando que las reuniones de los órganos de gobierno se llevarán a cabo una vez que Illa asuma la presidencia. Enfatizan que «el pacto con ERC no causará daño a ninguna región». Afirman que no apoyan la idea de convocar alguna reunión ahora, pero que se considerará en septiembre. Asimismo, el líder socialista gallego, José Ramón Gómez Besteiro, apoya en La Sexta una «financiación única» para Cataluña, al igual que para su propia comunidad, que toma en cuenta factores como la dispersión y el envejecimiento de la población. Asegura que la «garantía» de que el modelo no será insolidario la otorgan el presidente del gobierno y la Constitución.
El acuerdo con ERC ha sido respaldado por la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha argüido que este acuerdo permitirá un progreso en la resolución del «conflicto territorial», una resolución más favorable tanto para España como para Cataluña. García-Page criticó la postura, pero Redondo respondió pidiendo más seriedad y responsabilidad en la política, según informes de Europa Press. El malestar interno es más generalizado y no se limita a Castilla-La Mancha.
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