El tribunal de instrucción número 19 de Madrid ha iniciado un proceso de indagación en contra de Nacho Cano y tres mujeres, acusados de presuntos delitos hacia los derechos de extranjeros y los derechos laborales del elenco del musical Malinche.
La jueza Inmaculada Iglesias ha dispuesto una serie de procedimientos y ha anunciado que una vez estos estén realizados, convocará a las personas bajo investigación por la potencial comisión de estos delitos.
Una de las medidas incluye citar a la persona que puso la denuncia como testigo, proporcionar acciones a otros posibles afectados, y solicitar al Departamento de Trabajo una copia del acta de inspección del 27 de junio, y un reporte acerca de si los 16 bailarines encontrados en situación irregular estaban formando parte del espectáculo Malinche.
Esta investigación es el resultado del reclamo presentado por Lesly Guadalupe O.F., una bailarina mexicana que fue seleccionada junto con otros 19 participantes en un casting en México para ser parte de la compañía ‘La Malinche’.
De acuerdo con el auto, los investigadores creen tener suficiente evidencia para indicar que los investigados, de forma intencionada, podrían haber permitido la entrada de extranjeros no europeos sin un contrato de trabajo, sino como turistas. Esta condición les permitiría permanecer en territorio español por 90 días, pasando a un estado de irregularidad si permanecen más tiempo.
La denunciante alega que les daba información a «los migrantes» respecto al viaje a través de un grupo de WhatsApp, indicándoles que tenían que ingresar a España «sin portar ningún tipo de información corporativa de la compañía Malinche ni ninguna otra que diera a entender que su intención era quedarse en España». Agregó que viajarían de manera escalonada «y que debían actuar como si no se conocieran entre sí, indicando que viajaban por turismo».
La intención de engañar o confundir a las autoridades españolas durante el proceso de traslado de los bailarines se hace evidente con el retraso en la tramitación de las peticiones respectivas de permisos de estancia por estudios, según señala la juez. Aquellos que habían sido elegidos para el musical llegaron a España entre el 2 y el 10 de diciembre de 2023, pero no fue hasta el 27 de enero de este año cuando los responsables solicitaron permisos de residencia para estos bailarines. Se ha demostrado que fueron los acusados quienes gestionaron este proceso.
En cuanto a la operación policial, El Independiente informó que a finales de junio, doce agentes de la Policía Nacional se personaron en una parroquia cerca del estadio Santiago Bernabéu, donde los jóvenes estaban ensayando. Llegaron acompañados de una inspectora de trabajo. A su llegada, les informaron a los jóvenes que podían continuar ensayando.
El transporte a la comisaría del centro de Madrid se hizo en tres viajes, en autos encubiertos y sin el uso de sirenas. Una vez allí, los jóvenes fueron conducidos a una sala destinada a casos de violencia de género, un lugar mejor acondicionado que las áreas normalmente usadas. Los jóvenes pidieron hacer un pedido de comida a través de una empresa de entregas populares, permiso que se les otorgó.
Cuando se tomaron sus declaraciones, se les informó de su condición de víctimas, lo que les otorga el derecho a ser considerados como residentes temporales. Según los informes, esta noticia fue recibida con alegría por los bailarines. Las cámaras de la comisaría habrían registrado sus reacciones.
En diciembre del año pasado, 17 jóvenes mexicanos arribaron a España en diferentes vuelos. Un mes después, cuando una de las jóvenes, referida por Nacho Cano como «problemática», presentó una queja, las autoridades iniciaron una investigación. La denunciante afirmó que todos recibieron instrucciones sobre lo que tenían que comunicar a su llegada al aeropuerto de Barajas: fingir que eran turistas con un billete de regreso. Los oficiales pudieron verificar estas afirmaciones después de que los jóvenes compartiran con ellos los mensajes intercambiados con Cano en sus móviles. Durante su estancia en España, los jóvenes se hospedaron en un hotel, compartiendo habitaciones con cuatro camas, y recibieron una mensualidad de 300 euros.
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Me registré hace un día y, finalmente, parece que el amigo enaltecido por Ayuso, envuelto en el orgullo de la bandera de España como muchos otros, está siendo un intermediario de migración juvenil entre México y España. Para hacer juego con su estatus como empresario, Ayuso convive con un evasor fiscal que es financiado por uno de los principales contratistas del sistema de salud en la Comunidad de Madrid. Verdaderamente son perlas del empresariado madrileño.
Hace dos días observamos una «mejora» en Ayuso: Engaños familiares, un hermano beneficiándose de la venta de mascarillas durante la pandemia, su pareja cometiendo fraude fiscal y remodelando ilegalmente un piso comprado con fondos ilícitos. También se descubrió que su gobierno había fragmentado los contratos de construcción de diversas escuelas, con el fin de facilitar un procedimiento de aprobación fraudulento y ahora tiene vínculos con un supuesto traficante de migrantes ilegales, Nacho Cano.
Parece que todo eso es insignificante frente a la exterminación de 7,291 ancianos en residencias dirigidas por su gobierno, hecho que Ayuso no negó. Curiosamente, el juez Peinado, acérrimo en enjuiciar a la esposa del Presidente del gobierno, no ha investigado estas reiteradas acusaciones.
Esperemos que Ayuso no cometa errores tan graves y no sea tan reaccionaria como Peinado.
