La historia se repetió en el caso de la amnistía. No cambió nada. El Gobierno y el PSOE, doce meses antes de las elecciones generales, la desestimaban tajantemente, alegaban que no tenía cabida en la Constitución, aseguraban su inviabilidad. Aun así, Pedro Sánchez cedió, traspasó una frontera crítica y consensuó el indulto con los independentistas tras una negociación extremadamente rígida, lo cual fue crucial para su reelección como presidente del Gobierno.
En la actualidad, reconociendo la necesidad de asentar su plan y priorizando su propia estabilidad, Sánchez cede a ERC el manejo financiero de Cataluña para garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esta fue una condición no negociable establecida por el mando republicano para ceder su apoyo electoral.
Así, el Govern ahora dispone de «la llave de la caja». Cataluña «se separará del sistema común» y se beneficiará de un trato fiscal equivalente al brindado a Euskadi y Navarra. Esta es una postura que el Gobierno de Sánchez había asegurado que no toleraría y que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó constantemente que no sería factible de respaldar, debido a su cuestionable legalidad y a su inviabilidad económica.
El pacto con ERC sería la acción que ha tomado finalmente el presidente, según lo narrado por Raquel Sans, portavoz del partido, en la noche del lunes, después de una reunión ejecutiva de más de 10 horas. Ningún portavoz del PSC, PSOE, la Moncloa o Hacienda ha desafiado las declaraciones de la líder republicana. De confirmarse, este pacto podría abrir un abismo no solo con el PP, sino también entre los miembros socialistas, ya que Sánchez habría llevado a cabo acciones muy por encima de lo que cualquier persona podría haber pensado previamente en el partido. Se pensaría que Sánchez habría acordado hacer un triple salto mortal, un acto sin precedentes en democracia. Esto implicaría el fin de Hacienda única. Sin embargo, la aprobación de las Cortes es necesaria, requiriendo el ‘sí’ de Junts.
El alcance del acuerdo preliminar cerrado con ERC fue suficientemente grave como para obligar a una reunión no programada de la dirección federal del PSOE, la cual se anunció a última hora de la noche para llevarse a cabo a la 1 de la tarde este martes. Ferraz optó por moverse rápidamente para gestionar cualquier discordia interna, ya que la reacción posiblemente podría ser más grande que aquella con la ley de amnistía. Ahora se discuten aspectos cruciales, como los recursos del sistema autónomo y el modelo de financiación. Si lo que argumenta ERC es verídico, esto representaría un cambio monumental sin precedentes en democracia: que Cataluña se separe del régimen general y se alinee con Euskadi y Navarra, cuyo régimen foral tiene protección constitucional. Entonces Cataluña tendría un concierto económico propio y cobraría el 100% de todos los impuestos, poniendo fin a una única Hacienda. Eso suponiendo que las necesarias reformas legislativas para implementar este drástico cambio al sistema sean respaldadas por las Cortes, ya que se necesita una mayoría absoluta en el Congreso. ERC asume que contará con el apoyo de Junts. Cataluña, al igual que Madrid y Baleares, es una de las tres comunidades que contribuyen netamente al sistema.
Se mantiene un secretismo alto acerca de lo que se ha convenido. La única información disponible es la que aportan los republicanos. La existencia del documento no es algo confirmado todavía. Sans indicó que el primer paso será presentarlo a los miembros del partido para que evalúen y opinen sobre los aspectos del preacuerdo, a través de una consulta telemática y física este viernes, 2 de agosto. Después de esto, el contenido será divulgado. Solo son claros los datos que ella compartió en la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede principal del partido, en la calle Calàbria, Barcelona. Estos datos causaron preocupación en algunos líderes territoriales del PSOE. «Las federaciones están en completo shock» «es una atrocidad, nos arrastra a todos», comentaban algunos líderes regionales inquietos. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lo calificó como un «grave atentado a la igualdad». Otros esperan las «explicaciones» que el equipo de Sánchez dará este martes.
Campaña en favor del acuerdo
El PSC también guardó un silencio cuidadoso, más concentrados en la reacción de los 8.700 miembros de ERC, quienes deben avalar el preacuerdo el viernes, que en el impacto que el anuncio de Sans pueda causar en el PSOE. La dirección del PSC se reunió el lunes, igual que ERC, y su equipo negociador se mantuvo en la sede del partido con Illa a la cabeza hasta el anuncio del preacuerdo por Esquerra. Sin embargo, evitaron cualquier comentario, a excepción de la satisfacción por el hecho de que la ejecutiva republicana apoyara el acuerdo.
La portavoz insiste en que el PSOE se comprometa a alterar la LOFCA para que Cataluña «salga del régimen común» y le entregue al Estado una «cuota de solidaridad» interterritorial.
Los secesionistas presentaron la propuesta de un «acuerdo económico solidario». La portavoz, que apareció rodeada por los miembros principales de ERC para transmitir un frente unificado después de una jornada de intensas discusiones, no quiso revelar la formulación exacta de esta propuesta, pero sí subrayó dos puntos importantes: Primero, la Generalitat cobrará «el 100% de los impuestos» a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, que hasta ahora jugaba un papel secundario. Segundo, el PSOE está dispuesto a hacer los cambios necesarios en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que Cataluña «se separe del régimen común» y pague a España una «cuota de solidaridad» interregional por los servicios que se le proporcionan en la comunidad. Esto implicaría, por tanto, un cupo, tal y como sucede en Euskadi y Navarra. Lo que no pasaría a Cataluña sería la capacidad normativa, que continuaría en manos del Estado.
¿Y quién se encargaría de cobrar los impuestos en Cataluña? La Agencia Tributaria de Cataluña, como explicó Sans durante su conferencia de prensa. Esta agencia se encargaría de «administrar, cobrar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos» que se pagan en Cataluña, con la excepción obvia de los impuestos locales. En otras palabras, gestionará el 100% del IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, pero este nuevo sistema se implementará gradualmente. El primer paso, según explicó Sans, será la declaración de ingresos de 2025, que se presentará en 2026 y cuyos fondos se recaudarán en Cataluña. Además, se formaría un «consorcio» para supervisar las inversiones del Estado en Cataluña.
La portavoz del partido republicano detalló que el acuerdo preliminar cuenta con la aprobación del PSOE. Este «concierto económico solidario» cumple con una demanda histórica de los independentistas para aumentar su soberanía fiscal. Por tanto, argumenta que, Junts no puede objeto cuando la reforma se presente en el Congreso. La verdad es que tanto el Gobierno como el PSOE siempre se han opuesto a que Cataluña tenga un sistema similar a los regímenes forales en el País Vasco y Navarra. Montero rechazó este acuerdo bilateral durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) hace solo dos semanas, diciendo «Yo no estoy de acuerdo con el concierto económico para Cataluña». Illa, por otro lado, apoyaba el consorcio tributario establecido en el Estatut, una entidad paritaria entre el Estado y la Generalitat para la «administración, recaudación, liquidación e inspección» de los impuestos del Estado en Cataluña. Si las afirmaciones de ERC son ciertas, Sánchez habría cruzado otra línea roja clara. Por ello, varios líderes territoriales consultados por este periódico no podían creer que lo anunciado por Sans fuera el contenido acordado y redactado en un documento. «Veremos qué nos dicen en la ejecutiva federal. No opinaremos hasta que sepamos si lo que dice ERC es cierto o no», respondió cautelosamente un líder de una federación importante.
Las federaciones socialistas comenzaban a preocuparse y esperaban las «explicaciones» que Ferraz dará el martes. No podían creerlo, lo veían como una «locura», un «atentado contra la igualdad».
Un barón regional señaló el escepticismo de que se pudiera alcanzar un acuerdo fuera de lo establecido y una recaudación total. «ERC narra este escenario, pero tengo la sensación de que se aleja de la realidad. Si el PSOE refuta a los líderes de ERC, se compromete la consulta a la militancia. No puedo dar crédito hasta verlo. El compromiso del PSC no puede exceder el Estatut, que es un pilar de la constitucionalidad», mencionó un veterano socialista muy vinculado a la Moncloa. «Tenemos que mantener silencio durante 72 horas para evitar influir en el resultado de la consulta», añadió. «Si no nos explican detalladamente este proceso, puede haber confusiones internas. Vamos a aguardar el acuerdo, pero si es lo que parece, es completamente absurdo. Todos estamos en shock», admitió una líder de un organismo autónomo.
Page, sin embargo, expresó abiertamente su desconcierto en las redes sociales por la falta de respuesta a lo que él considera un grave ataque a la igualdad, anunciado por ERC. Indicó que podría interpretarse como una aprobación o como una sorpresa, al igual que la mayoría de los españoles. El barón más distante de Ferraz criticó la respuesta del PSOE: un silencio total que, en su opinión, equivale a una aprobación. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, declaró que la «redistribución y solidaridad entre territorios» debería ser un «principio inalienable». Solo el martes por la mañana, fuentes del Ministerio de Hacienda mencionaron que el acuerdo «no elimina la solidaridad interterritorial», pero no especificaron si lo que ERC había presentado correspondía exactamente al acuerdo.
Los republicanos están forzando a sus bases a creer que este acuerdo es la mejor forma de continuar trabajando en pro de la independencia.
Simultáneamente con la conclusión del preacuerdo, se ha estado desplegando un plan de respaldo, liderado anoche por figuras como Camil Ros, el secretario general de UGT Cataluña. Ros proclamó espléndida la noticia del preacuerdo de investidura, considerándolo la base para una financiación justa y altruista, para forjar un sólido estado del bienestar en Cataluña. Ahora, ERC tiene un plazo de tres días para persuadir a su militancia dividida y agotada, debido a las pérdidas electorales y controversias como los carteles del Alzheimer, de que apostar por Illa es su mejor opción.
Es seguro contar con el respaldo de los sectores económicos que, desde las elecciones autonómicas del 12 de mayo, han abogado por un pacto que prevenga otra elección, al tiempo que solicitan un nuevo sistema de financiación autonómico. Fomento del Trabajo, la Cambra y el Círculo de Economía han expresado este punto de vista y es muy probable que también se conviertan en defensores firmes de lo acordado por PSC y ERC.
Más allá de las ganancias económicas, los republicanos subrayan a sus seguidores que este pacto es el camino ideal para continuar promoviendo la independencia. «Este preacuerdo nos sitúa en una mejor posición para nuestro meta final, que es la independencia. Controlar las finanzas, recoger el 100% de los impuestos, era el objetivo primordial y debíamos asegurarlo en caso de un cambio de gobierno», destacó Sans a los medios de comunicación.
Aún está en el aire qué rol asumirá Junts, que también celebrará una reunión de su ejecutiva este martes para «discutir» el contenido del preacuerdo preliminar anunciado el lunes. El partido liderado por Carles Puigdemont defiende la repetición de las elecciones, sin embargo, ha sido un sólido defensor del acuerdo económico para Cataluña que ERC habría obtenido a cambio de la investidura de Illa. Aun así, el preacuerdo podría enfrentar obstáculos con otros socios gubernamentales, como Compromís —integrado en Sumar— y los números son muy reñidos en el bloque mayoritario.
Protección del idioma catalán
El preacuerdo respaldado este lunes por la ejecutiva republicana atiende a las demandas de ERC en cuanto a financiación, pero también a las tres áreas de negociación propuestas por los republicanos: «Conflicto nacional, defensa del catalán y políticas republicanas». En el primer punto, el PSC se compromete a establecer una «convención nacional para la resolución del conflicto político». Un compromiso que ERC interpreta como un dragged de los socialistas catalanes al reconocimiento de un «conflicto político con España» en lugar de un «conflicto entre catalanes», tal y como el PSC ha mantenido hasta el momento. La convención estaría vinculada al Parlament y sería dirigida por un miembro de ERC. Esto permitiría que los partidos políticos catalanes presenten propuestas para resolver el «conflicto político».
El PSC también se compromete a establecer una «convención nacional para la resolución del conflicto político», vinculada al Parlament y presidida por un representante de ERC.
Indudablemente, una de las principales preocupaciones para Esquerra era asegurar la protección del idioma catalán, un aspecto fundamental especialmente ahora que entre los jóvenes su uso está disminuyendo alarmantemente, algo problemático para los nacionalistas. Además, viene cuando el Tribunal Constitucional está por decidir sobre el uso del español en las escuelas, respaldando o no las medidas legales para prevenir que se enseñe en un 25% de las clases. En este escenario, los socialistas catalanes han accedido a la creación de un organismo encargado de la promoción de la lengua catalana, una propuesta realizada por Pere Aragonès durante su última campaña, con el objetivo de «garantizar la utilización» del idioma en las aulas «ante el embate judicial», según Sans.
Cabe señalar que ERC presentó el acuerdo de su manera y ni el PSOE ni el PSC dejaron aclaraciones ni contrastaron la información con su propia versión. No hubo siquiera un intento de cuestionar esta narrativa. Es más importante que las bases republicanas lo aprueben y que se pueda realizar la investidura de Illa. Posteriormente, ha asegurado tanto Ferraz como el Gobierno, se abrirá una nueva fase. Y aquí está el quid de la cuestión: comenzar de nuevo la legislatura una vez estabilizada la Generalitat. Surge entonces la pregunta del acuerdo previsto por el ERC sobre los costos que tuvo que pagar Sánchez para impulsar a su candidato al gobierno. Pues la financiación autonómica es incluso más delicada que la amnistía.
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6 comentarios
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A JR R, desconocer el respeto por las normas de convivencia decididas mediante un Referéndum evidencia una falta de democracia considerable. ¿Por qué no se lleva a cabo otro Referéndum para alterarlas y se involucra al público como es adecuado en un sistema democrático?
hace 2 días
¿Y los otros partidos democráticos no pueden denunciar un ataque a la Constitución y pedir apoyo popular frente a un acto dictatorial?
hace 2 días
¿Acaso no se puede poner una queja contra Sánchez y consignarlo en un psiquiátrico?
hace 2 días
¿Por qué necesitan la confirmación de sus partidarios si tienen a ese inútil de presidente? ¿Cuando van a actuar los diputados socialistas para finalizar la legislatura ellos mismos y expulsar a este sujeto no solo del gobierno sino también del partido?
hace 2 días
A José
¡Hombre, tildar de dictatorial una medida que será ratificada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados demuestra una falta de entendimiento entre lo que es una dictadura y una democracia!
Para explicarlo al estilo de Barrio Sésamo:
Leyes de Franco (pre-Constitución) = Dictadura
Leyes aprobadas por Las Cortes según la Constitución = Democracia y Estado de Derecho.
Si consiguen comprenderlo, posiblemente, los simpatizantes de Ayusers y otros desinformados de PPVOX dejen de decir tantas banalidades. Pasaron dos días desde entonces. ¿Puede un delegado público modificar las normas de la convivencia sin llegar a un acuerdo con los ciudadanos, no constituye esto una acción autoritaria y dictatorial?
