Este lunes, la Audiencia Nacional ha decidido implementar la Ley de amnistía en favor de Josep Lluís Alay, responsable de la Oficina del ex presidente Carles Puigdemont, en relación a un caso planteado contra él. Alay pagó un viaje a Nueva Caledonia con dinero público del gobierno regional de la Generalitat, supuestamente para monitorear el referéndum de independencia de este antiguo territorio francés.
El tribunal ha determinado el sobreseimiento libre del caso en virtud de la ley de amnistía y también ha declarado que cesan las responsabilidades civiles derivadas del mismo. El juicio por este asunto fue postergado hasta septiembre.
La Fiscalía solicitaba una pena de tres años de cárcel y 17 años de inhabilitación para Alay, por usar el dinero de los contribuyentes para financiar un viaje a Nueva Caledonia en noviembre de 2018, participando como observador en el referéndum de autodeterminación perdido por los independentistas.
Este viaje tuvo un costo de 4.732 euros.
Además de este caso, Alay continúa bajo investigación de la Audiencia Nacional en el caso Tsunami y en el ‘Caso Voloh’, donde se exploran los vínculos del movimiento independentista catalán con agentes rusos para obtener respaldo del gobierno de Vladimir Putin.
En este último caso, Alay ha solicitado también la aplicación de la amnistía, una petición que el juez del Juzgado 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, no ha considerado por el momento. Cabe mencionar que la Audiencia de Barcelona revocó la ampliación de la investigación del ‘Caso Voloh’ hace un año. Aún así, el juez Aguirre inició un nuevo proceso del caso Catmon/Igman, que investiga el supuesto uso de fondos públicos para promover el independentismo a nivel internacional a través de estas entidades asociadas con el movimiento independentista.
Las acciones dirigidas por Víctor Terradellas, exjefe de las relaciones internacionales de la CDC, y el diputado Francesc Dalmases, en los años anteriores al 1-O, sumado al «respaldo financiero de los gobiernos de Rusia y China» para una Cataluña independiente son puntos clave. En lo que respecta al caso Tsunami, Alay no se ha beneficiado de la resolución que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomó hace menos de un mes, anulando la investigación judicial del referido caso Tsunami Democràtic desde el 29 de julio de 2021, situación que ha llevado a detener la investigación sobre Carles Puigdemont y Marta Rovira.
Cuando se trata de Alay, la Sala negó su solicitud de archivamiento de la causa debido a la caducidad del período de instrucción. Los jueces sostienen que esta persona, quien era el jefe de personal del expresidente, figuraba en la causa como investigada antes del 29 de julio de 2021, fecha en que finalizó la etapa de instrucción.
Consequently, se ha decidido que será el Juzgado Central de Instrucción 6 quien, «libremente y siguiendo las actuaciones realizadas durante el período de instrucción que finalizó el 29 de julio de 2021», tomará la decisión que vea conveniente.
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Estoy emocionado con la idea de visitar Nueva Zelanda. Lo menciono por si hay algún partido político que esté interesado en financiar mi viaje.