El CEO de Globalia, Javier Hidalgo, ha sido convocado como testigo por Ismael Moreno, juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en el caso conocido como caso Koldo. La comparecencia está programada para el 12 de septiembre.
Además, el juez Moreno también ha implicado a dos altos funcionarios del Ministerio de Transportes en el caso. Este caso está relacionado con la controversia de la asignación de varios contratos de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, lo que involucra a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.
En un fallo emitido recientemente, el juez ha convocado al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, para el 9 de septiembre, y al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, para el 11 de septiembre. De igual manera, el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien fue destituido luego del inicio del caso, deberá comparecer como investigado el día 10 de septiembre.
El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha sido asignado recientemente para investigar las supuestas irregularidades en la asignación de contratos de mascarillas en diferentes entidades públicas durante la pandemia, más conocido como caso Koldo. La cuestión de jurisdicción fue resuelta de manera positiva por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, concluyendo que la Fiscalía Europea no tiene jurisdicción para investigar el caso ya que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. La Asociación Liberum, como querellante, solicitó que la investigación continuase en la Audiencia Nacional, tal como finalmente ocurrió.
Según un auto emitido el viernes pasado, se ha resuelto que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 es quien tiene competencia para examinar los acontecimientos, incluyendo los contratos asignados por los servicios de salud de Baleares y Canarias que están bajo el proceso de la Fiscalía Europea. Sin embargo, dicha Fiscalía retiene su autoridad en relación a la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.
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