La reciente concertación de un «pacto solidario económico» entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, precisará un cambio en la Ley de financiamiento orgánica de las Comunidades Autónomas (Lofca) para garantizar el traspaso completo a la Generalitat de la administración de todos los impuestos abonados en Cataluña.
Esto es reconocido por fuentes de ERC, quienes indican que tal ajuste evitaría las críticas del Tribunal Constitucional a ciertos aspectos del Estatut de 2006 que se incorporan de nuevo en el preacuerdo actual.
El esquema acordado entre los socialistas y republicanos supone transferir el cobro y manejo de todos los impuestos a la Generalitat, que negociaría con el Gobierno la transferencia de una porción de esos ingresos fiscales en concepto de servicios brindados por el Estado en Cataluña, y una cuota extra de solidaridad interterritorial.
Dichas fuentes republicanas sugieren que el fallo del Tribunal Constitucional respecto al Estatut indica que el marco de referencia es la Lofca, que prevalece sobre cualquier estatuto autonómico. Por lo tanto, estos informantes entienden que la enmienda de la Lofca, al incluir una disposición adicional similar a la que excluye a las diputaciones de Vasco y Navarra del régimen común, permitiría este modelo que, en su opinión, «encaja en la Constitución y el Estatut».
El preacuerdo también establece que estos cambios, y los de la Ley de financiación autonómica de 2009, serán acordados en una comisión bilateral Gobierno-Generalitat para ser presentados al Congreso durante el 2025. No se especifica, sin embargo, con qué mayoría se planea aprobar estas reformas, las cuales ya han sido desechadas no solo por la oposición de PP y Vox, sino también por aliados del Gobierno del PSOE.
Romper Sumar.
La publicidad del preacuerdo realizada este martes por los republicanos está causando una posible fractura en el grupo de Sumar. Se presume que siete de sus 27 legisladores, los de los Comunes, respaldarán el acuerdo de investidura para Illa en la votación del miércoles. No obstante, sus aliados de Compromís han manifestado claramente su negativa a una reforma que beneficiaría a Cataluña, pero que agravaría, según ellos, el problema de subfinanciación de la Comunidad Valenciana.
«Si se abre la puerta a la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en el Congreso, dicha reforma tendrá que tratar los problemas específicos que enfrentamos las regiones subfinanciadas, en particular Valencia», declaró la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó.
Chunta Aragonesista se ha unido a esta postura, y podría ser seguida por otros miembros del grupo de Yolanda Díaz. Todavía no se ha aclarado la postura del Gobierno, ni la de otros socios clave como Más Madrid. No obstante, Nestor Rego, el único diputado del BNG en el Congreso, así lo ha hecho, recordando al PSOE que el apoyo a la investidura tenía como condición que «Galicia recibiría el mismo trato que Euskadi y Cataluña en cualquier avance que haya».
Junts, sin embargo, es uno de los partidos que más se opone a este preacuerdo, clave para mantener la mayoría que apoya al PSOE. Junts, liderado por Carles Puigdemont, lanzó un comunicado este martes criticando tanto el objetivo del acuerdo, investir a Illa, como los compromisos adquiridos. Además, cuestionan las garantías de cumplimiento del acuerdo y critican que en el documento publicitado por ERC «no aparece» el concierto económico anunciado por los republicanos.
Desde Junts sostienen que permitir que la Agencia Tributaria recolecte y liquide todos los impuestos, sin darle al Govern control sobre los fondos recaudados, no significa soberanía. Además, argumentan que tampoco evita las violaciones de las obligaciones del Estado en términos de inversiones y, si fuera aplicable, en términos de ordinalidad. Además, la agrupación de Puigdemont pone en duda la «solidaridad territorial», pues, en su opinión, la distribución de los fondos recaudados permanece en las manos del Gobierno.
Junts también advierte que su decisión de nombrar a Illa es irreversible considerando la aritmética parlamentaria. Sin ninguna posibilidad de moción de censura, la disposición del PSC para cumplir será esencial, ya que tendrán cuatro años para implementar su agenda de «pasar la página» y des-nacionalizar Cataluña.
Además, algunas noticias de interés podrían incluir el aumento de las tensiones en el PSOE debido al acuerdo con ERC, con Asturias oponiéndose y varios barones exigiendo un debate interno a Sánchez. Rovira ha anunciado un «plan b» para implementar el concierto económico en Cataluña si el Congreso no lo respalda, y Sánchez está pidiendo a sus socios que pongan en pausa la «campaña permanente» y le proporcionen alivio y presupuestos. Sumar está lleno de dudas después del pacto de Sánchez con ERC y el silencio de Yolanda Díaz.
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No confío en absoluto en todas estas conjeturas. Hacer lo que tengan que hacer, infringiendo o adquiriendo lo que deban adquirir. Así de corrupto esta nuestro sistema. Se tomarán las medidas necesarias, pase lo que pase. Hasta que todo colapse.
