El acuerdo preliminar de investidura alcanzado por el PSC y ERC, que posiciona a Salvador Illa como candidato, dicta que la Generalitat de Cataluña asumirá la «administración, cobro, liquidación e inspección» de «todos los impuestos generados en Cataluña». Además, espera incrementar significativamente las potestades normativas del gobierno autonómico, en sincronía con el Estado y la Unión Europea.
Este párrafo es la base del consentimiento de Esquerra al acuerdo con el PSC, pero no es la única concesión de los socialistas. El pacto también prevé proteger el uso del catalán en las escuelas, la participación de la Generalitat en la administración del aeropuerto de El Prat y la promoción de los equipos deportivos catalanes.
En términos económicos, el acuerdo [en PDF aquí] establece que será la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) quien tome el control de la gestión de los impuestos en esta región. Esto implicará el «traspaso de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos» del Ministerio de Hacienda. La aplicación de estos acuerdos se concluirá en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, ya que uno de los aspectos fundamentales del pacto es el carácter bilateral de la relación entre el Gobierno y la Generalitat para implementar esta nueva estructura fiscal.
En el acuerdo preliminar de 25 páginas, se indica que la transición de los impuestos a la Generalitat se realizará gradualmente, y el primer paso será la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) de 2025, durante 2026. Sin embargo, ya establece los fundamentos para la cesión de otros impuestos. Por ejemplo, en el caso del IVA, propone asignar a la Generalitat el IVA de las pequeñas y medianas empresas «basado en su domicilio, en lugar de las estadísticas de consumo». Además, sugiere la posibilidad de extender este mecanismo a otros impuestos.
El acuerdo aborda también el tema del IVA aplicado a los alquileres turísticos, en espera de la directiva europea correspondiente. De acuerdo con el pacto, la Ley del IVA contendrá un sistema opcional para que Cataluña pueda decidir sobre la imposición a los alquileres turísticos dentro de su territorio.
Mientras se encuentre en la etapa transitoria hasta asumir el control fiscal, el preacuerdo dicta que es necesario incrementar las transferencias financieras a la Generalitat para amortiguar el costo de las competencias que no poseen otras comunidades autónomas, tales como los Mossos o las prisiones. Del mismo modo, reclama la constitución de un consorcio compartido por el Gobierno y la Generalitat para «afrontar el déficit de inversiones», garantizando la ejecución del presupuesto general del Estado. ERC y Junts han criticado recientemente que las cifras de ejecución de 2023 demuestran un cumplimiento del 45% en Cataluña.
Protección del catalán y establecimiento de embajadas
La protección del catalán fue otra demanda esencial para los republicanos, aunque en este campo, ERC y PSC han acordado dos reformas legales en los últimos tres años para evitar la aplicación del 25% de español en las clases catalanas. En esta situación, el preacuerdo indica que se preservará la predominancia del catalán como idioma de instrucción y señala que si esta prevalencia se ve amenazada se promoverán «las reformas y acciones requeridas para defenderlo».
Adicionalmente, los socialistas prometen «ampliar la enseñanza del catalán en actividades extra curriculares y deportes de base» a través de los Planes Educativos de Entorno, adoptando «la metodología de inmersión lingüística».
Además de garantizar la continuidad del Departamento de Acción Exterior de la Generalitat y su red de embajadas, surgidas en el contexto del movimiento independentista y previamente cuestionadas por el PSC, el preacuerdo también se compromete a completar la creación de un «Cuerpo de Acción Exterior». En esta área, ERC retoma un antiguo eje del independentismo catalán: el impulso a los equipos deportivos catalanes. El preacuerdo establece la formación de una Oficina del Govern dedicada a la promoción de equipos deportivos catalanes.
Infraestructura
Otra reivindicación antigua del movimiento soberanista, la inclusión de la Generalitat en la gestión del aeropuerto de El Prat, tal como ya ocurre con los puertos de Barcelona y Tarragona, queda reflejada en el preacuerdo PSC-ERC. Ambos partidos se comprometen a promover las modificaciones legales necesarias para la formación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, permitiendo un papel significativo de la Generalitat en la definición, articulación y administración del nuevo sistema de aeropuertos catalán.
Además, el acuerdo contempla la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Cataluña encargada de vehiculizar los intereses catalanes, asumiendo y respaldando el nuevo rol de la Generalitat en el modelo de gobernabilidad del sistema aeroportuario catalán, incluyendo El Prat y otros aeropuertos como Girona, Reus, Sabadell y Lleida, ya gestionados por la Generalitat. También se solicita mantener la comisión técnica formada en la última legislatura para delinear la expansión del aeropuerto de Barcelona, un proyecto que ha causado fricciones entre el Gobierno y la Generalitat, y que probablemente será impulsado por un Govern dirigido por Salvador Illa.
El preacuerdo recientemente establecido retoma el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez en términos de infraestructuras, instando al plan de inversiones para Rodalies y la transferencia de la R1. Este trato se consolidó la semana pasada entre el Gobierno y la Generalitat, con una proyección de transferencia de 1.500 millones de euros en los siguientes tres años.
El preacuerdo también establece las directrices fiscales para el próximo gobierno catalán, impone la preservación del Departamento de Igualdad y Feminismos y requiere la formación de un Departamento de Catalán, prometido por Pere Aragonès en su campaña electoral. Un componente adicional es la implementación de una «renta básica universal», un proyecto previamente cuestionado por el PSC, junto con un programa legislativo que sostiene las prioridades de Esquerra.
Al mismo tiempo, han surgido inquietudes en el PSOE en torno al acuerdo con el ERC. Además, otros aspectos de interés incluyen un «plan b» presentado por Rovira para la implementación de un concierto económico en Cataluña. Asimismo, se registraron dudas en el grupo Sumar después del acuerdo de Sánchez con ERC y el silencio de Yolanda Díaz. Pedro Sánchez ha solicitado a los socios que dejen de lado la «campaña permanente».
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– 8 En la última década, la Agencia Tributaria de Cataluña ha triplicado casi su número de empleados, obteniendo más competencias.
– 9 Madrid, epicentro de altas temperaturas: 54,8°C en Puerta del Sol y 65°C en Callao
2 comentarios
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Una serie de humillaciones de Kulorroto.
El esposo descarado de Bego lleva años sin encuentros con la mayoría de los presidentes autonómicos. Hay cuatro CCAA cuyas divisiones de policía están a medio personal debido a la negativa de Marlaska a pagar los salarios de los oficiales, PERO A LOS INDEPENDENTISTAS, todo sin obstáculos.
No sorprende el GOLPE que recibieron en las elecciones europeas.
Hace 2 días
¿Y con estos acuerdos planean que las empresas regresen y que las existentes se mantengan? ¿Esperan que exista equidad e igualdad en España? ¿Piensan que los demás países europeos no competirán?.
Un error grave con resultados impredecibles, pero confío en que vivimos en un país democrático y que esto no pueda implementarse y continuemos en este semi-equilibrio.
La reciente transacción de SDLE marca un nuevo rumbo en el sector de defensa en España.
Un examen de la inestabilidad política y sus implicaciones para el futuro del país